El Ministerio de Sanidad plantea incorporar en nueve meses a la sanidad pública a los 1,5 millones de funcionarios -a cierre de 2023- con cobertura sanitaria a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) que, a 31 de octubre de 2024, reciben asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas por considerar que el “modelo Muface no es sostenible en la actualidad”. Esta opción tendría su base en el informe Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, elaborado por Sanidad.

La elaboración y conclusiones del estudio coinciden con la situación extrema que se ha generado en las últimas semanas al quedar desierto el concurso público para la cobertura sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ya que ninguna aseguradora presentó oferta para cubrir dichas prestaciones para los próximos dos años. Ni siquiera las tres aseguradoras que hasta ahora lo hacían, Asisa, DKV y Adeslas. El Ministerio informa de que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han escogido la sanidad de aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV), lo que supone el 67,3% de la población mutualista. Por franjas de edad, el 42,4% de los usuarios están entre los 35 y 64 años, mientras que el 32% tiene más de 65.

Entre los argumentos esgrimidos por Sanidad pesa también el hecho de que las aseguradoras privadas no aceptaron las condiciones del Gobierno y el envejecimiento de la población mutualista, que eleva los costes y dificulta ajustes futuros. El informe subraya “la negativa de las aseguradoras sanitarias privadas a concurrir al concierto planteado por el Gobierno” y recuerda que estas empresas demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación”. 

El Gobierno considera "insostenible" este incremento y "no equitativo" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa".

Los sindicatos en contra

Las reacciones a la propuesta no se han hecho esperar. El sindicato CSIF se ha opuesto. La organización que agrupa a los funcionarios ha declarado: "no vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión". El CSIF ha pedido una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como el Gobierno se comprometió a hacer en la última reunión del Consejo General de Muface. Si no obtienen "una respuesta adecuada", los funcionarios llevarán a cabo manifestaciones, paros o, incluso, una huelga en la función pública, según el CSIF.

En el informe, el ministerio que dirige Mónica García plantea transferir a las CCAA todo el dinero que el Gobierno paga a las aseguradoras para prestar la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface, casi 2.700 millones de euros para los dos próximos años. El último concurso que quedó desierto contemplaba el pago a las aseguradoras de una cuantía de 1.337 millones para 2025 y 1.344 millones para 2026, lo que suponía un incremento del 16% respecto al vigente hasta ahora.

Por ello, Sanidad plantea una prórroga de nueve meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público. En ese periodo se haría un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud, según informa Efe. Argumenta Sanidad en el informe que “el modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso”.

Incorporación progresiva

En el nuevo planteamiento de Sanidad, durante nueve meses se podría plantear una incorporación paulatina de los funcionarios al Sistema Nacional de Salud (SNS), teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisan continuidad y que deben ser los últimos traspasados al sistema sanitario público.

En este tipo de pacientes y en caso de existir alguna contraindicación a la transferencia sanitaria (situación de final de la vida o muy alta complejidad de procesos oncológicos) se podría valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.

Además, el informe abre la posibilidad en estos nueve meses a un plan de transición para garantizar la atención de pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia sin necesidad de pasar por el cauce común de una primera consulta.

También contempla un plan de transferencia para la información clínica que evite la duplicidad en las pruebas diagnósticas y terapéuticas y otro de comunicación para resolver cualquier duda.

El pasado 8 de octubre el Consejo de Ministros autorizó a Muface a celebrar conciertos para el aseguramiento a la prestación de la asistencia sanitaria a los beneficiarios que opten a recibirla a través de entidades de seguro.

Para ello se realizó una oferta de 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026, lo que supone un incremento del 16 % respecto al concierto anterior. Ninguna empresa decidió optar, quedando desierto.

En Muface, el 65 % de las personas mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria y un 17 % pertenece a los cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). Eso hace que las comunidades con mayor presencia de mutualistas sean aquellas con un ratio mayor de docentes o presencia de funcionarios de la AGE.