El sector del taxi espera la decisión del Ministerio de Transportes (Mitma) sobre la modificación, tras la sentencia europea, de la normativa vigente que regula las licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) estatales, antes de la manifestación que llevará a cabo el próximo jueves, si no ve asegurada su estabilidad. Los taxistas han vuelto a ver amenazados sus intereses, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazara el 8 de junio la limitación del número de licencias de VTC (utilizadas por plataformas como Uber, Cabify o Bolt) a una por cada 30 de taxi en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y han pedido al Gobierno "regulación urgente para garantizar una movilidad urbana equilibrada", informa Efe.

De acuerdo con la sentencia europea, esa limitación no está justificada por ninguna razón imperiosa de interés general, ya que lo que busca es garantizar la viabilidad de los servicios de taxi, algo que supone un motivo de carácter puramente económico. El fallo del TJUE resuelve una petición prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tenía dudas sobre la validez de una normativa estatal del AMB que, además de la ratio 1/30, exigía la obtención de una autorización municipal adicional a la nacional para prestar servicios de VTC en Barcelona.

En este último punto, la sentencia admite que una licencia extra "puede resultar necesaria" para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente. Por lo tanto, aunque la ilegalidad de la ratio 1/30 abra la puerta a la solicitud de miles de autorizaciones, la cifra real de VTC que podrán operar en las ciudades dependerá de esa segunda autorización que establezcan los ayuntamientos.

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) advirtió inmediatamente de que las posibles interpretaciones de la sentencia del TJUE pueden suponer un aluvión de autorizaciones VTC (que cifran en más de 130.000) que estarían habilitadas para realizar servicios urbanos y amenazó con movilizaciones, si el Mitma no tomaba medidas al respecto. Tras reunirse con el ministerio y lograr su compromiso de legislar sobre esas miles de VTC solicitadas, Antaxi decidió aplazar la manifestación convocada inicialmente para el pasado 22 de junio hasta el próximo jueves.

Sin más reuniones previstas, según Antaxi, "todo está ahora en manos del ministerio", que, por su parte, ha señalado que, entre otros puntos, "se avanza para incluir medidas que refuercen la lucha contra el fraude y facilitar la convivencia entre el taxi y las VTC". No obstante, el ministerio ha subrayado en varias ocasiones que el marco de actuación de la Administración General del Estado "solo puede comprender el transporte interurbano y, por lo tanto, en el ámbito urbano son las comunidades autónomas y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC".

Con el real decreto-ley de 2018, conocido como "Ley Ábalos", además de que se elevaba la ratio 1/30 a rango de ley, se facultaba a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de VTC, creando sus propias reglas para otorgar o denegar nuevas licencias, con un régimen transitorio de cuatro años (que finalizó en septiembre pasado), para que adaptasen la legislación. Tras ese período, para compensar los perjuicios que pudiera ocasionar a los titulares de las VTC otorgadas con arreglo a la normativa anterior y que pudieran ser anuladas para respetar la ratio 1/30, las autorizaciones de ámbito estatal quedarían habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos.

Al considerarse excluidas de las negociaciones entre el Mitma y el taxi, las patronales de VTC, Feneval y Unauto, han pedido a la Comisión Europea que interceda ante el Gobierno español, que intenta, a su juicio, aprobar "una regulación urgente para eludir al Tribunal", justo antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio. El Gobierno "trabaja en un real decreto-ley que, conforme a la Constitución Española, no podría ser impugnado ante los tribunales directamente por particulares, empresas o autoridades de Competencia, dejando así al sector VTC en una clara situación de indefensión", detallan en una carta enviada a principios de la semana pasada a la comisaria europea de Transportes, Adina Vălean.

"Tal ley tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan", añaden en su misiva. Finalmente, el pasado viernes, el ministerio mantuvo un encuentro con ambas asociaciones, durante el cual, se ha puesto de manifiesto "una visión compartida sobre la vigencia del marco de convivencia entre el taxi y VTC existente en España, sin perjuicio de posibles evoluciones con base en lo determinado por el TJUE y el refuerzo del marco para su control efectivo", de acuerdo con Mitma.