Roberto tiene 59 años, hace cinco que está en el paro después de haber trabajado como conserje y en la limpieza y ahora depende del Ingreso Mínimo Vital, de 480 euros, para pagar la habitación de alquiler donde vive en un piso compartido en el barrio de Carabanchel de Madrid, la comida y poco más. Pero a finales de noviembre, recibió una nómina de solo 180 euros. Veinte días después, todavía no sabe por qué, no ha recibido ninguna notificación de la Seguridad Social y espera que le resuelvan la duda en la oficina de ayuda a las prestaciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid, aunque solo le han podido dar hora para el próximo día 20. Su problema es una constante en los barrios más vulnerables de España, tal como ha podido comprobar ON ECONOMIA hablando con ciudadanos y plataformas vecinales de Badalona y Barcelona, Murcia, Valencia, Madrid y Vigo.
Preguntado por ON ECONOMIA, el ministerio de Inclusión y Seguridad Social reconoce que hubo errores en los pagos de noviembre porque calcularon mal lo que le correspondía recibir a algunos beneficiarios. Aseguran que lo recibirán a la próxima nómina, pero no concretan cuántos errores se han cometido ni si los han notificado a los afectados y, mientras tanto, algunos de ellos están sin dinero, sin notificación de la Seguridad Social y, en muchas ocasiones, poder contactar con ellos. Eso último lo corroboran los mismos representantes sindicales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que este jueves justamente se han manifestado en la puerta de la oficina de Barcelona para pedir ampliaciones de plantilla que les permitan abordar el grueso de trabajo generado por el IMV.
"Se contrataron 1.000 interinos sin ninguna perspectiva más allá de 2023, y así no podemos abordar este trabajo. Muchos se marchan porque buscan estabilidad", explica Martín Lanzas Gironés, coordinador estatal de servicios públicos del UGT. Los sindicatos se quejan también que, para afrontar el grueso de trabajo, se están ofreciendo desde la Seguridad Social horas extra que se pagan a 10,50 euros el expediente tramitado, y también que debido a las jubilaciones el equipo tiene un déficit de 7.000 trabajadores, ya que entre 25.000 personas atienden 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,4 millones de empresas y las jubilaciones, incapacidades, IMV, etc. Además, prevén que en los cinco próximos años se jubilará el 28,5%.
El ministerio y los sindicatos afirman que el pasado mes de noviembre se incorporaron los cambios de situación económica de los ciudadanos a las nóminas, y que por eso algunos han cobrado más que antes y otros han cobrado menos. Pero fuentes sindicales critican también que los cálculos se hacen cruzando datos de la Agencia Tributaria de la declaración de la renta de 2021 y por lo tanto relativas al año 2020, por lo cual no muestran la situación real y actual del ciudadano. Además, en algunos casos los cálculos se han hecho mal, pero el ciudadano en ningún caso si se le ha hecho el cálculo mal o si, efectivamente, por su situación del año 2020 ahora le toca percibir más o menos cantidad. Ahora bien, en caso que la situación de vulnerabilidad sea sobrevenida, el ministerio prevé una excepción que permite a los ciudadanos percibir las ayudas.
"Lo que más daño me hace es que me hayan hecho la revisión ahora, en las puertas de Navidad, me parece una falta de sensibilidad, y yo es el único ingreso que tengo para vivir, no entiendo olmo lo pueden haber hecho. Y ¿como de vital puede ser un ingreso de 178 euros?", se pregunta de nuevo Roberto, que en más lamenta que "si han hecho un cálculo de lo que tienes que percibir, te lo tendrían que comunicar para que tú puedas demostrar cuál es tu situación y no sacarte directamente el dinero del cual dependes para vivir". En su caso, con los 178 euros, por ahora va "tirando" para comer y pagar el transporte, mientras que el dinero del alquiler lo tiene como deuda con el propietario del piso dónde alquila la habitación.
Una de las trabajadoras que este jueves estaba manifestándose delante de las oficinas del INSS, Eugenia, explicaba lo que se encuentra en la atención al público. "El primero que te explican es el que les ha costado llegar hasta aquí, que encuentran dos meses de lista de espera a la web. Después, que no han cobrado, que han cobrado mal. Y posteriormente nosotros cuando llamamos en la sección encargada, que también tiene menos gente de la que tenía, nos dicen que hacemos pedagogía, que no pueden llegar", cuenta.
Entre los múltiples errores que se han cometido, hay familias que han recibido una petición de devolver 700 euros a la Seguridad Social cuando en verdad tenían que retornar 70, porque habían añadido a un 0 por error. "Imagina, gente con esta situación económica y se piensa que tiene que pagar 700 euros, vienen asustadísimos", añade. O uno de los casos que más le llamó la atención: "Llegó una familia que el hombre ha empezado a trabajar y están recibiendo más dinero de los que le corresponderían. No quiere cobrar de más y después tener que devolverlo porque tiene dos niños y piensa que lo tendrá que necesitar y, por otra parte, el hecho de cobrar más de lo que le corresponde le impide acceder a otras ayudas como las becas del comedor", añade. "Y si las citas previas están saturadas, imagina las reclamaciones", completa.
Un millón de llamadas sin atender
Según datos en las cuales ha tenido acceso ON ECONOMIA, las reclamaciones en la Seguridad Social se han triplicado los años 2021 y 2022, desde que está el Ingreso Mínimo Vital, con respecto al 2020. Durante el segundo trimestre del año 2021, se registraron 2090 reclamaciones y en el mismo periodo de este año, han sido 2966. Es casi el triple que el año 2020, cuando fueron 934. "Desde el ministerio dicen que son pocas con relación al total de ayudas que dan, pero la mayoría de gente no confía en las reclamaciones"; apunta a Gironés, de UGT. Gironés acusa en la Seguridad Social de "maquillar los datos y ocultar la realidad", porque "informa de las gestiones realizadas y no de todo lo que se ha quedado para hacer". "Tenemos, además, más de un millón de llamadas no atendidas solo el mes de noviembre. La administración se ha devuelto hostil al ciudadano", añade.
"Eso genera un contraste de realidades: el de los gestores que dicen que se están resolviendo miles de expedientes y el de los trabajadores que decimos que hay miles de personas que no pueden entrar, que se quedan sin la ayuda,", reclama Gironés, que además lamenta que "es muy difícil llenar el documento de acceso al Ingreso Mínimo Vital".
Eso hace que, según critica Nacho Gala, representando de Comisiones Obreras, se dé una "brecha digital" para que "aquel que vive bajo un puente, normalmente no tiene móvil y es para esta gente para quien tiene que estar pensada esta ayuda". "No solo hay miles de errores, sino que también es muy difícil relacionarte con la Seguridad Social", añade. "La gestión es un absoluto desastre y nosotros estamos totalmente de acuerdo con la medida. El mal funcionamiento está provocando miles de errores y la normativa cambia una vez y otra", dice Gala.
La problemática con el Ingreso Mínimo Vital salió a la luz cuando, el pasado 6 de diciembre, RAC1 dio a conocer que más de 1.000 catalanes habían cobrado menos o directamente no habían cobrado la Renta Garantizada, gestionada por la Generalitat de Catalunya y que funciona como complemento al IMV para los ciudadanos que reúnen los requisitos para ambas transferencias de renta. Maria, de Badalona, es una de las afectadas por aquella situación, y se quedó con la cuenta descubierta cuando le sacaron la ayuda después de pagarle. VInt días después, no ha recibido ninguna explicación por parte de la Seguridad Social, con quien tiene cita para el día 20 de este mes, según explica en ON ECONOMIA. Desde Renta Garantizada sí que le han escrito para decirle que han revisado el expediente para corregir el error de pagos. "Cuando se cruzan datos con otras administraciones es cuando aflora la situación", dice Gironés, de UGT, que aclara que "se cruzan datos de muchas administraciones y eso genera muchos errores y situaciones".
Desde la Plataforma Sant Roc Som Badalona, que ayuda vecinos y vecinas vulnerables en temas de vivienda y ayudas sociales, calculan que tienen unas 20 familias afectadas solo en el barrio. Desde Madrid, Roberto, del Asociación Apoyo, también de ayuda a los barrios, explica que en una red de veinte colectivos de barrios diferentes han tenido una media de 15 personas por barrio afectadas por problemas en el IMV. O sea, al menos unas 200 familias. DONDE ECONOMÍA ha contactado todavía con tres particulares más, una mujer de Murcia, que directamente no lo ha recibido, otra de la comunidad valenciana que ha pasado de cobrar 755 euros en 500 y no le han explicado por qué. En el Facebook, un grupo de Asturias cuenta también con decenas de quejas y preguntas por las complicaciones del IMV. Desde Vigo, Diego, de la Organización de Derechos Sociales Coia, calcula que tienen contacto con unas 30 personas con problemas para acceder a las ayudas del Ingreso Mínimo Vital por la dificultad burocrática.
Desde Moncloa, reconocen el error, pero nadie notifica a los afectados ni detallan cuántos han sido, mientras que el pasado 30 de noviembre informaban de que el ingreso llega a 535.732 hogares en los cuales viven 1.495.128 familias. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, defendía que valoraban "muy positivamente" el IMV y defendía que todavía es más importante la valoración "extraordinariamente positiva" que están haciendo otras instituciones como la Comisión Europea o la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal o(AIREF). Además, aseguró que sería "inconstitucional" transferir la gestión a la Generalitat, tal como pedían desde de ERC.
El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado por el Gobierno en consejo de ministros el 29 de mayo del 2020, en plena pandemia, y pretendía llegar a 830.000 hogares y 2,3 familias. Las ayudas van destinadas a todas las personas que reciben ingresos inferiores al mismo ingreso, que va desde los 491 euros para adultos solos hasta los 1,081 euros para familias con cinco o más personas, sean menores o no.
Ante las dificultades para que las ayudas llegaran a las personas a las cuales se pretendía, el ministerio empezó una campaña publicitaria con un autobús para dar a conocer la ayuda por toda España. Los sindicatos creen que no ha dado resultado y denuncian que solo se ha ejecutado el 56% del presupuesto destinado a esta ayuda y que llega al 57% de posibles personas beneficiarias. Los sindicatos critican la falta de medios para dar respuesta a los solicitantes mientras que Roberto, Maria y como mínimo varías decenas de familias de toda España todavía esperan que se les pague lo que esperan o que, al menos, se les explique porque han cambiado las cantidades.