El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está todavía diseñando la estrategia que va a seguir en la reforma de la jubilación parcial y del contrato de relevo que lleva parejo y que debe estar aprobada antes del 30 de junio. Sin embargo, la premisa que mantiene la Seguridad Social es que el nuevo modelo no suponga un incremento del gasto, muy limitado tras la reforma de pensiones que ha aprobado el Gobierno, según fuentes conocedoras del proceso, lo que obligará a sindicatos y patronales a rebajar sus expectativas. Porque este tipo de jubilación -que aporta una transición desde la actividad a la jubilación y facilita la formación de nuevos trabajadores- supone un serio quebranto económico para la Seguridad Social, pues ha de abonar la pensión del trabajador que se jubila anticipadamente, sin que suponga una merma en la pensión futura una vez cumpla la edad legal y pase de jubilación parcial anticipada a jubilación ordinaria.

La jubilación parcial anticipada y el contrato de relevo prácticamente se limita, en la actualidad, al sector del automóvil, pues una reforma en diciembre de 2018 de esta modalidad contractual a propuesta del Ministerio de Industria permitía que los trabajadores de más edad pudiesen acceder a una jubilación parcial anticipada sin que se les aplicase el coeficiente reductor. Para hacerse una idea del coste, la memoria que aprobó dicha reforma hacía un cálculo de que la medida podría implicar 1.780 millones de euros para la Seguridad Social entre 2019 y 2026, unos 222 millones anuales. Un dinero destinado solo a las fábricas de automóviles y algún que otro sector metalúrgico. De hecho, este  sector se ha mostrado muy combativo en defensa del contrato de relevo y la jubilación parcial anticipada, pues este “privilegio” tiene carácter temporal y debería haber terminado en 2022, aunque el Gobierno decidió prorrogarlo el mismo diciembre por un año más y ha fijado el fin para el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, aunque no tiene dinero -o a priori no quiere gastarlo-, el ministro José Luis Escrivá tiene que sentarse a negociar la reforma de la jubilación parcial anticipada y el contrato de relevo con los agentes sociales como se comprometió en la última fase de la reforma de pensiones aprobada en marzo. Y con fecha tope: 30 de junio. Las fuentes consultadas confirman que de momento no tienen ningún borrador en marcha, por lo que lleva cierto retraso. Lo que preocupa a sindicatos y patronales según expresa el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que, CCOO y UGT de un lado, y Cepyme y CEOE de otro, firmarán este miércoles. En este acuerdo, se “insta al Gobierno a abrir la Mesa de diálogo social para dar cumplimiento  a lo previsto en el RDL 2/2023, dada la importancia de la jubilación parcial y el contrato de relevo como elementos esenciales para el traslado de conocimiento, rejuvenecimiento de las plantillas, mejora de la productividad de las empresas y creación de empleo en condiciones de estabilidad”.

Sobre esa mesa, cuando finalmente se abra, se debatirán dos temas principales: primero, si se generaliza el modelo actual del automóvil a todos los sectores o solo a algunos que por su penosidad convenga favorecer la jubilación anticipada y, segundo, de dónde saldrá el dinero para costear el futuro modelo de jubilación parcial con contrato de relevo, especialmente si la Seguridad Social no está dispuesta a poner más dinero del que ha destinado a la reforma de pensiones.

Respecto a lo primero, sindicatos y patronal han dejado caer de forma sutil en el AENC que están de acuerdo en ampliar la medida a todos los sectores: “los convenios colectivos podrán reconocer el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo de acuerdo con la normativa que sea de aplicación e impulsarán, en su caso, los mecanismos para su puesta en marcha en cada uno de los sectores y empresas”.

Perdida de ingresos por cotizaciones

En lo segundo, en el cómo sufragar el coste de la medida, es en lo que no va a haber tanto acuerdo entre CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. Los segundos consideran que las empresas deben pagar más por los nuevos trabajadores incorporados a las plantillas con contratos de relevo y la posibilidad de que los trabajadores más mayores reduzcan su jornada a cambio de una jubilación parcial. Así, propondrán encima de la mesa volver a la jubilación parcial de 2011 (aprobado por el PSOE) que fue recortada por la reforma de 2012 del PP.

Uno de los principales costes del modelo es la perdida de ingresos de la Seguridad Social por las cotizaciones. Con el cambio, el trabajador relevado cotiza exclusivamente por el tiempo parcial que trabaje, que puede llegar incluso a reducirse al 25% de su jornada, y el relevista por el suyo, que podría incluso llegar a ser a tiempo completo. Pero el salario del más veterano es mucho mayor y, por tanto, la pérdida de su cotización no será, en ningún caso, compensada con la del relevista, con un menor salario.

Los sindicatos, para paliar este merma en la recaudación de la Seguridad Social y convencer al Gobierno, proponen volver al modelo de 2011 y que la empresa cotice por el relevado como si trabajase a tiempo completo, por lo que mantendría el 100% de su cotización anterior, y, además, el relevado deberá ser contratado a jornada completo, por lo que su cotización sería siempre del 100%. Una medida que, sin duda, no va a ser del agrado de la patronal.

Además, como argumento, los sindicatos defienden que la empresa esté obligada a mantener al trabajador relevista una vez que el relevado alcance edad legal de jubilación y pase a cobrar la pensión ordinaria, en vez de la parcial. Actualmente, la empresa solo se compromete a mantener al trabajador relevista mientras que relevado siga trabajando a tiempo parcial en la empresa. Un compromiso que quizá tampoco guste a los empresarios. También se podría jugar con la edad del relevado. En la actualidad, puede jubilarse parcialmente con 63 años si ha cotizado al menos 36 años y 6 meses o 65 si solo ha cotizado 33 años. La jubilación parcial anticipada se creó en España en 1984 y ha sufrido seis reformas.