Numerosos autónomos están recibiendo estos días cartas de las mutuas de accidentes de trabajo, reclamándoles parte o la totalidad de las prestaciones que cobraron durante el tiempo que duró el confinamiento de 2020, según denuncian las asociaciones ATA y Upta. Fuentes de la Seguridad Social confirman que de los 1,48 millones de autónomos que cobraron las ayudas en esos días, reconocidas como “provisionales”, solo un 3%, unos 45.000, tendrán que devolver parte de las ayudas recibidas o incluso la totalidad, por no cumplir con los requisitos impuestos para tener derecho a la prestación. Según señalan en estas organizaciones, muchos han optado por devolver el dinero para evitarse la complicación que supone los trámites para demostrar que cumplían las condiciones para recibir la prestación. Igual que en el caso de las empresas.
El 17 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el primer Real Decreto con medidas extraordinarias para afrontar los efectos del covid. Para los autónomos se aprobó la prestación extraordinaria por cese de actividad de trabajadores autónomos (Pecata), que permitía cobrar una ayuda equivalente al 70% de la base reguladora por la que cotizaban en el Reta. Para tener derecho a la prestación, se daban dos condiciones: o que el negocio debía cerrar al quedar legalmente suspendida su actividad (por ejemplo, bares) o que, aunque no estuviese legalmente obligado a cerrar, su actividad descendiese en un “75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior”. Por ejemplo, los taxistas. Tras la pandemia, la reforma del Reta, también ha modificado el cese de actividad de los autónomos.
Fuentes de la asociación de autónomos ATA señalan que para cobrar la prestación, los profesionales debían presentar la solicitud antes de conocer el impacto real en sus negocios. Por este motivo, el gobierno español suavizó los controles y concedió, de manera provisional, prestaciones extraordinarias con una declaración responsable. Pero con el compromiso de demostrarlo a posteriori y el Tribunal de Cuentas ha exigido a la Seguridad Social que de forma exhaustiva se compruebe todo el dinero público invertido en esta prestación. A tal fin, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social -responsables de la gestión y el abono de la prestación por cese de actividad de los autónomos- revisaron todas las prestaciones concedidas con carácter provisional, para confirmar cuáles eran correctas y cuáles no.
El pasado septiembre, la asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) anunció que de cerca del millón y medio de pecatas concedidas de forma provisional entre el 14 de marzo y el 30 de junio (duración del confinamiento), casi 1,32 millones estaban correctas. Sin embargo, a 166.357 (11,2% del total) autónomos se les abrió un trámite de audiencia para que subsanasen errores o falta de documentación. A partir de septiembre empezó a remitirles cartas para que cumplimentasen los requerimientos y, de ellos, unos 120.000 aprobaron el examen. Los otros 45.000 han tenido que devolver parte o incluso la totalidad de la prestación abonada durante esos días, cuyo coste total, según Amat, se elevó a 3.758,7 millones de euros. Y en estos días están llegando las cartas reclamando las cantidades cobradas de más.
Aunque Amat reconoció que 20.000 recibirían, pues habían cobrado por debajo de lo que legalmente tenían derecho, pues cuando se fueron concediendo las prestaciones, las mutuas no contaban con información detallada de las cotizaciones de todos los que solicitaron la prestación.
Más plazo
Desde ATA y Upta han solicitado en una carta remitida este lunes al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que lidera Elma Saiz, que amplíe el plazo de 10 días a 30 días para que los autónomos puedan aportar la documentación justificativa del derecho a las prestaciones. El principal problema, según las asociaciones, es poder demostrar en estos 10 días con documentos que sus ingresos se redujeron al menos un 75%. Fuentes del Ministerio declaran que los 10 días se ajustan a la legalidad para contestar a los requerimientos.
Las asociaciones también piden en la misiva la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionar el pago hasta en 24 meses, una vez se haya determinado de forma definitiva las prestaciones recibidas y las cuotas (la Seguridad Social se hizo cargo de las cotizaciones sociales durante esos meses) indebidamente bonificadas. La Tesorería permite un aplazamiento máximo de 5 años en el pago de las deudas con la Seguridad Social. A lo largo del martes, no han recibido respuesta del ministerio, según fuentes de las asociaciones de autónomos.
Nuevas comprobaciones
De momento, las mutuas han abordado el control de los autónomos que se acogieron al primer decreto de ayudas, el de marzo de 2020. Sin embargo, según informan fuentes de Amat, se han producido 19 modalidades distintas de prestaciones extraordinarias de cese de actividad entre marzo, la proclamación del confinamiento hasta marzo de 2022. Cierto que el que más efecto tuvo fue el primero, aunque los distintos rebrotes de la pandemia obligaron a que muchas comunidades autónomas adoptasen medidas restrictivas a la movilidad, que se acompañaron de nuevas prestaciones.
En la Seguridad Social comentan que, de momento, se ha cubierto el control los beneficiados del real decreto 8/2022 -de los que unos 45.000 están recibiendo estos días reclamaciones económicas- y que las mutuas han iniciado ya las actuaciones de control sobre los acogidos a los reales decretos 24/2020, del 26 de junio, y 30/2020, del 29 de septiembre. Y, posteriormente, vendrán los aprobados posteriormente, aunque con un volumen muy inferior al millón y medio de los días del confinamiento.