La diferencia entre lo que ingresa el Sistema Público de Empleo Estatal (Sepe) y lo que gasta será este año de 4.860 millones de euros, según el Ministerio de Trabajo. Eso supone, según explican a ON ECONOMIA fuentes de este departamento, un incremento del 14% sobre 2022, cuando el Sepe cerró con un superávit de 4.259 millones de euros. Es decir, 600 millones más. Según el presupuesto del Sepe para 2023, se prevén unos ingresos de 28.277 millones de euros y el mismo montante de gastos. No obstante, los gastos han sido ampliados en 524 millones, principalmente para políticas activas de empleo, y por la parte de los ingresos, un incremento de 470 millones procedentes de los fondos que el Ministerio de Trabajo ha recibido del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Por tanto, los gastos previstos para este año rondan los 28.800 millones y los ingresos 28.747.
Más allá del buen comportamiento del mercado de trabajo, que todavía sigue creando empleo a pesar del menor dinamismo de la economía en el segundo semestre del año, desde el Ministerio de Trabajo achacan parte del superávit a la reforma laboral. En su opinión, la generación de empleos de mayor calidad, de carácter indefinido, ha permitido reducir la rotación y, por tanto, el coste de las prestaciones por desempleo. Los datos apuntan en esta dirección, pues el número de altas de los años con la reforma en marcha son muy parecidos: 2,10 millones de altas entre enero y octubre de 2023 y 2,2 millones en el mismo periodo del año anterior y los beneficiarios mensuales medios, igual, con 1,76 millones en 2023 y 1,75 millones en 2022. Las diferencias aparecen si se compara con 2021, año anterior a la reforma, con 2,8 millones de altas (700.000 más) y 2,07 millones de beneficiarios mensuales (250.000 más). No obstante, ese año, durante el primer trimestre, todavía muy afectado por la pandemia, se destruyó empleo.
Ingresos
Por la parte de los ingresos, el Ministerio de Trabajo ha presupuestado para este año 28.277 millones de euros para el Sepe, de los que 27.211 millones proceden de las cotizaciones sociales, seguido de 770 millones de transferencias corrientes que aportará el Ministerio de Trabajo, que han sido ampliados hasta 1.240 millones con modificaciones presupuestarias. Los empresarios abonan mensualmente el 5,5% del salario bruto de sus trabajadores para desempleo en el caso de contratos indefinidos y el 6,7% para los temporales, y los asalariados destinan el 1,55% de su salario si tienen empleo indefinido y un 1,6% si son temporales. Por la parte de las transferencias, aunque las aporta el Ministerio que lidera Yolanda Díaz, se trata de fondos comunitarios. Así, en el presupuesto se contempla una primera partida de 477 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a los que se han añadido 469 millones más y otros 200 millones procedentes del Fondo Social Europeo (FSE) del presupuesto ordinario de la Comisión Europea.
Gastos
Por la parte de los gastos, de los 28.277 millones, 27.754 millones son transferencias corrientes que se destinarán al pago de prestaciones y a aportaciones a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo que han de desarrollar los servicios autonómicos de empleo. De las transferencias, el abono de las prestaciones se lleva 20.900 millones de euros, y las políticas activas de empleo los restantes 6.854 millones que en su gran mayoría gestionarán las comunidades autónomas. El personal tendrá un coste de 327 millones de euros este año. A los 28.277 millones presupuestarios iniciales, se han añadido otros 524 millones de ampliaciones presupuestarias, principalmente para políticas activas de empleo: 94 millones a oportunidades de empleo, 48 a oportunidades de empleo y formación, 75 millones a formación de desempleados y otros 200 a formación de ocupados. Más una ampliación de 82 millones para gastos corrientes.
Ejecución presupuestaria
Si la previsión para todo el año eran unos ingresos de 28.195 millones, el Sepe ha recaudado ya 24.737 millones, por lo que en los dos últimos meses faltarían 3.500 millones para cubrir el presupuesto. Sin embargo, entre enero y octubre, los ingresos han ido mejor de lo previsto. Así, las cotizaciones sociales llevan recaudados 23.856 millones de euros, el 87,7% del total presupuestado, lo que supone unos 1.200 millones por encima de lo que se debería haber recaudado en los diez primeros meses del año. Además, ya han recibido 230 millones más de lo presupuestado por reintegros de ejercicios anteriores y de las transferencias del Ministerio de Trabajo, al Sepe le quedan por ingresar cerca de 1.000 millones.
De lado de los gastos, de los 20.900 millones previstos para las prestaciones se han gastado ya 18.265 millones, unos 850 por encima de lo previsto. La mayor desviación se ha generado en el pago de las prestaciones contributivas, que a falta de 2 meses ya han costado 12.025 millones de los 13.000 previstos, con una ejecución del 92,5%. Para el subsidio de desempleo, más la Renta Activa de Inserción, el presupuesto son 7.194 millones y se han agotado ya 6.237 millones, el 86,7%. No obstante, a pesar de las ampliaciones presupuestarias, la ejecución de los gastos en políticas activas de empleo va más retrasada, aunque al ser gestionado por las comunidades, la ejecución puede acelerar a final de año.