Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, desvelará a primeros de julio lo que es un secreto a voces: el gobierno español tendrá que reformar el despido improcedente, en concreto la indemnización que actualmente es de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Lo que obligaría al Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a someter los cambios normativos al diálogo social. Ante la evidencia, las partes ya han ido tomando posiciones para el debate que se avecina. Este viernes, el grupo Sumar -que lidera Yolanda Díaz que, como ministra de Trabajo, será la responsable de la futura reforma- ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para impulsar una reforma de esta modalidad de despido.
Pero Sumar no es la única que ha dado un paso al frente. Los sindicatos aprovecharán para solicitar cambios legislativos de mayor calado, recuperando algunas de las medidas suprimidas por el Partido Popular en 2012. Pero Díaz tendrá en frente al PSOE y a la patronal que rechaza de plano modificar el despido. El presidente de la CEOE ha comentado que ese punto -que UGT puso encima de la mesa- se quedó fuera de la negociación de la reforma laboral, pues habría imposibilitado un acuerdo a tres bandas. Entonces, el gobierno español y los sindicatos se conformaron con asegurar medidas para reducir la temporalidad.
Bolaños tiene como fecha límite el 28 de julio para hacer pública la “decisión de fondo” (una especie de resolución) del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que determina que España viola el artículo 24 de la Carta Social Europea. Si para ese día no ha publicado la decisión del CEDS, se levantará el embargo y el propio Comité podría darlo a conocer, pero también las partes del proceso -UGT presentó una reclamación en 2022 ante el CEDS-, o incluso, el Ministerio de Trabajo. Es uno de los temas estrellas de Díaz para esta legislatura.
El PSOE y Sumar, en su programa de gobierno, se han comprometido a dar cumplimiento a la Carta Social Europea, aunque con una redacción cogida con pinzas: “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Pero tampoco es que la Carta Social Europea sea muy explícita. El artículo 24, al que recurre UGT, determina:
a) el derecho de todos los trabajadores a no ser despedidos sin que existan razones válidas para ello relacionadas con sus aptitudes o su conducta, o basadas en las necesidades de funcionamiento de la empresa, del establecimiento o del servicio;
b) el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.
Indemnización reparativa
Jesús Cruz, catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Sevilla, aclara que la terminología de la Carta Social Europea de “despido sin razón válida”, se refiere a los despidos ilegales con derecho a indemnización, que en España se limita al “despido improcedente”. La referencia a una “indemnización adecuada o a otra reparación apropiada” es lo que se ha venido denominando indemnización “reparativa”, que Díaz aclaró que debe reparar “adecuadamente los daños causados cuando alguien es despedido injustificadamente” y que el coste “sea suficientemente disuasorio”.
Pero el tiempo se va agotando y los agentes sociales están moviendo ficha. CC. OO. ha realizado recientemente una jornada denominada “La Reforma del Despido” en el Congreso de los Diputados. El artífice del encuentro, Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo y principal inspirador de las posiciones del sindicato en materia laboral, reconoció que la reforma laboral “no abordó el tema del despido”, dando prioridad a la temporalidad. Sin embargo, declara que “es el momento, ahora, con la recuperación económica y ante la necesidad de impulsar un escenario de pleno empleo, de revisar el marco institucional que regula el despido”. El jurista declara abiertamente la necesidad de abrir un debate sobre “las distintas formas de despido y sus efectos, sin limitarse a los elementos más llamativos de la regulación”, en referencia al despido improcedente, el único que está en entredicho por la Carta Social Europea.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT y artífice de la reclamación, insiste en que España viola la Carta Social Europea, por lo que “deberá corregir su legislación sobre el despido improcedente”. Sin embargo, señala a ON ECONOMIA que “otra cosa es aprovechemos esa obligación, para introducir otros temas que, aunque estén relacionados con el despido, no alcanzan a la decisión sobre el fondo que nos obliga”. Pero Luján insiste en que la prioridad es “discutir cómo adaptamos nuestra legislación a un tratado internacional de derechos humanos sociales que España viola”.
CEOE nunca se manifiesta de cosas que no están sobre la mesa y prefieren esperar a ver los pasos del gobierno español. No obstante, Garamendi siempre ha advertido de que se trata de una línea roja que no se puede cruzar y considera que ya se ha reformado el Estatuto de los Trabajadores en aquellos puntos en los que se podía concitar el acuerdo. En concreto, sobre la reducción de la temporalidad, pero en absoluto sobre el despido. Abordarlo ahora sería, para la patronal, reabrir la reforma, lo que iría contra el espíritu de consenso que permitió el acuerdo en 2021.
Pelea entre PSOE y Sumar
Pero la reforma que defiende el Ministerio de Trabajo no solo tendría en frente a los empresarios, lo que cierra la puerta a un posible pacto a tres bandas, sino también la oposición del PSOE. La reforma del despido ha supuesto ya varios encontronazos entre los dos socios de gobierno, pero el más grave se produjo a cuenta de la tramitación de la reclamación de UGT, por el despido improcedente, en el CEDS.
Saltó a la luz que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, recusó de una manera inédita a la representante española en el Comité de Europeo de Derechos Sociales, la experta en derecho laboral Carmen Salcedo Beltrán, por la posibilidad de que su voto fallase contra el gobierno español. La ministra Díaz, al igual que UGT, pidieron públicamente al ministro que no interfiriese en el proceso abierto contra España tras la reclamación del sindicato.
Otro de los debates abiertos es sí, la decisión de fondo del CEDS tiene carácter vinculante para los gobiernos que han firmado la Carta Social Europea (renovada), y España lo hizo en 2017. Desde la patronal consideran que no, y los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, consideran que sí. Incluso que con la decisión, los jueces españoles pueden acogerse directamente, aunque el gobierno español optase por no reforma el Estatuto de los Trabajadores. Luis Jimena Quesada, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y compañero de Salcedo Beltrán, defiende que, sin duda alguna, las “decisiones del CEDS son de obligado cumplimiento”. Habrá que esperar a ver la posición que defiende Félix Bolaño, cuando haga pública la “decisión de fondo” y la posición de su Ministerio.
Sumar toma la delantera
Ante una riña entre hermanos, Sumar ha preferido tomar la delantera, dejando claro que peleara, con o sin el PSOE, por modificar el despido. "Acabamos de registrar una iniciativa parlamentaria para conseguir que en España el despido injusto responda a una reparación real de los daños causados a las personas trabajadoras", ha anunciado la portavoz de Trabajo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, en su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter.
En concreto, Sumar insta al gobierno español -del que forma parte- a adoptar las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a la Carta Social Europea. Según la propuesta, la indemnización que corresponde al despido debería “reflejar el daño real y tangible causado a la persona como resultado de la pérdida de su empleo. No solo por la pérdida de ingresos, sino también por el aumento del estrés, que puede persistir incluso después de encontrar otro empleo”.