El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha solicitado este miércoles al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se cree una Comisión de seguimiento de la ejecución de los fondos Next Generation (NG) en la que participen los agentes sociales y que permita la fiscalización de cómo se está usando el dinero procedente del fondo comunitario nacido a raíz del covid. El secretario de UGT, Pepe Álvarez, mantendrá igualmente un encuentro con el sucesor de Nadia Calviño, en el que tendrá la oportunidad de reiterar la petición.
Los fondos NG son una gran palanca de la que depende la modernización y la reforma del tejido productivo hacia sectores más competitivos y de mayor valor añadido. Por este motivo, las centrales sindicales defienden que los agentes sociales deben participar en comisiones tripartitas (Gobierno, sindicatos y empresarios) para conocer cómo están evolucionando los fondos y los programas, “incluso con un papel de fiscalización del uso de los fondos”, señaló este miércoles Sordo. Y no solo piden una comisión a nivel estatal, los sindicatos pretenden que dichas comisiones se repliquen en cada comunidad autónoma para conocer qué programas han aprobado, a quién se han concedido y su nivel de ejecución, con el fin de “saber qué se está haciendo, y sobre todo qué se está dejando de hacer”, ha señalado Sordo.
Preocupa a los sindicatos que haya programas que no se estén ejecutando por decisiones arbitrarias de algunos responsables administrativos, por lo que entienden que estas comisiones deben tener esta función de fiscalización y participar en la recolocación de estos fondos para que no se queden sin gastar.
Reuniones políticas
La exvicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunía una vez al trimestre con los secretarios generales de los dos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y con los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerda, para informarles sobre la evolución del plan Next Generation, aunque de una forma muy genérica. Ahora pretenden que se sistematicen las reuniones en un formato más técnico, con comisiones de trabajo en las que poder analizar con detalle la evolución de la ejecución de cada uno de los fondos.
La CEOE ha sido muy activa en el seguimiento de la ejecución de los fondos, hasta el punto de elaborar informes semestrales, acusando a las administraciones de falta de transparencia, ante la dificultad de realizar un seguimiento de cada programa. Desde la Administración General del Estado se habla de un alto porcentaje de ejecución de los fondos, aunque una buena parte no son finalistas, sino transferencias a comunidades autónomas y entes locales que, a su vez, tienen que realizar sus propios programas, convocatorias, adjudicaciones y ejecución del gasto.
La patronal se queja de la dificultad de conocer cuánto dinero ha llegado realmente al tejido empresarial, dado lo farragoso de la información que aporta el Gobierno. El Ministerio de Hacienda y Presupuestos es el responsable de informar del destino de los fondos y su nivel de ejecución y, a tal fin, elabora informes de carácter semestral. Este diciembre publicó el IV Informe de Ejecución del Plan que señala que a 30 de noviembre se han autorizado gastos por valor de 25.453 millones de euros y comprometidos otros 19.624, en total 45.077 millones. Sin embargo, el mayor montante de las resoluciones de la AGE son acuerdos de transferencias de fondos a las comunidades autónomas, en concreto 26.199 millones de euros a 30 de noviembre, con Andalucía en cabeza, que recibe 4.077 millones de euros, Catalunya, 3.963 millones y la Comunidad de Madrid, 2.875 millones.
Ejecución del fondo
El último informe de ejecución señala que, de los más de 45.000 millones autorizados y comprometidos, se han resuelto convocatorias y licitaciones por valor de 33.600 millones de euros, de los que 28.000 proceden de la Administración General del Estado (AGE) —23.600 millones en proyectos ejecutados directamente por el Gobierno español y 4.400 millones a través de otros instrumentos. Respecto a los territorios, solo han ejecutado 5.600 millones, a pesar de que el Estado les ha transferido dinero por valor de 26.200 millones. Es decir, el 17% del total de las convocatorias y licitaciones resueltas.
Por receptores, Hacienda dice que las empresas y autónomos (400.000 en total) son el colectivo más beneficiado hasta el momento por las convocatorias y licitaciones ya resueltas, algo más de la mitad del total, 17.000 millones de euros procedentes de programas gestionados directamente por la AGE o por las comunidades autónomas. Los ayuntamientos (5.960), que también han recibido fondos de la administración central y territorial, se quedan con 7.200 millones de euros y a las comunidades autónomas han llegado 3.000 millones en convocatorias y licitaciones del propio Estado. A las entidades de investigación han ido a parar 2.100 millones y otros 1.500 millones se han repartido entre 150.000 personas físicas.