Ni los sindicatos, ni el ministerio de Trabajo ni tampoco la patronal ven con buenos ojos la propuesta de que hizo al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de aumentar progresivamente el periodo de cálculo de los 25 años actuales hasta los 30. Escrivá había propuesto que, de los últimos 30 años, el contribuyente pueda descartar los dos peores con el fin de ajustar la pensión. Pero ni siquiera eso ha convencido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al partido socio de gobierno, Podemos, ni a los líderes sindicales.

El ministro hizo pública su propuesta de reforma lunes por la tarde y Unidas Podemos, socio de la coalición, no tardó en desmarcarse. Fuentes del partido reconocieron a varios medios, como Europa Press o Eldiario.es, que esta propuesta no los representaba, y horas después los líderes del partido en el Congreso, Jaume Asens y Pablo Echenique, la criticaron, en un nuevo episodio de desacuerdos entre los miembros del gobierno.

Desde México, donde se encuentra para participar en la Feria Internacional del Libro, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz aseguró que esta propuesta supone "un recorte de derechos" y un "endurecimiento" de las condiciones. "El periodo de cálculo en España estaba inicialmente en ocho años, después se extendió a 15 y con la nueva ley, que entrará en vigor el año 2027, se amplió a 25 años y todavía no ha entrado en vigor", recordó la ministra. "Estamos trabajando en la recuperación de derechos y eso es un endurecimiento. No compartamos esta visión", ha añadido.

En una línea similar, pero menos dura, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el ministro se equivoca abordando el incremento de los años de cálculo. Con todo, ha sido menos duro que Díaz y ha asegurado que se trata de una medida más bien neutra. En el mismo sentido se ha manifestado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que cree que se trata de una medida que "no genera consenso" y que, por lo tanto, "no es necesaria". Ha recordado que, de las medidas sobre la mesa de diálogo entre agentes sociales y gobierno, es la única "que no es una recomendación del Pacto de Toledo".

Las críticas de la patronal, que tampoco está satisfecha con las propuestas de Escrivá, van sobre todo en el sentido del retraso de Moncloa en la negociación para reformar el sistema de pensiones. La nueva propuesta tiene que estar terminada a finales de año y el recientemente reelegido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dicho que ve "complicado" que se produzca este nuevo pacto.

El año 1995 los agentes sociales y el gobierno empezaron a debatir sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y como mantenerlo ante el envejecimiento de la población y las jubilaciones masivas que se prevén en los próximos años de los baby-boomers (generación nacida entre los años 1957 y 1967). A las propuestas surgidas entonces se las conoce como Pacto de Toledo, que es el nombre que recibió la comisión del congreso de diputados al respecto.

Los ejes esenciales surgidos de aquel pacto, que también prevé un análisis y revisión de la evolución del sistema de pensiones, sirven todavía hoy para reivindicar las necesidades de consenso a la hora de abordar nuevas modificaciones. Es por eso que Álvarez, de UGT, ha mencionado el pacto de Toledo a la hora de comentar las propuestas.

El año 2011, la reforma de las pensiones amplió el periodo de cálculo de las pensiones sobre la base de cotización de los 15 años en los 20 en un primer tramo y en los 25 en el segundo. Desde enero de este 2022, las pensiones se calculan de acuerdo con los últimos 25 años trabajados y las ampliaciones de años de cálculo suponen habitualmente una reducción de lo que se cobra en las pensiones, ya que los salarios acostumbran a aumentar a medida que avanza una carrera laboral.

Las otras propuestas de Escribano tuvieron un mejor recibimiento. Entre ellas, hay la de incluir una mejora en las lagunas de cotización de las mujeres, así como para los hombres que hayan visto reducida su cotización después de tener un hijo. El ministro de Seguridad Social también ha propuesto sacar el tope de las bases de cotización de las pensiones y también la pensión máxima, propuesta que no ha gustado a la patronal pero sí a los sindicatos.

Por otra parte, quiere vincular por ley la base máxima de cotización a la revalorización de las pensiones —es decir, en la media de IPC del último año— y fijar un incremento adicional anual de 1,154 puntos por encima de la inflación entre 2025 y 2050. Eso supondrá un aumento total del 30% en términos reales.