El traspaso del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno español a la Generalitat, anunciado este jueves por el presidente Pedro Sánchez, después de su reunión con Pere Aragonés, se aprobará el próximo martes en el consejo de ministros y las administraciones ya han concretado algunos detalles. El primero, que se realizará una transferencia de 2,8 millones de euros para la gestión de este pago destinado a familias vulnerables. Y el segundo, que, como sucede con la Renda Garantida de Ciutadania, la ayuda la gestionará el departamento de Drets Socials, pero lo hará desde la oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya, según informan fuentes del Govern a ON ECONOMIA.
Estos 2,8 millones servirán, en parte, para pagar a los profesionales que se dediquen a esta ayuda en el SOC, dependiente del Departament de Treball i Empresa, que será la ventanilla única para estos casos. Así, con un refuerzo de personal, los actuales funcionarios no deberán soportar mayores cargas de trabajo. El traspaso de competencias de esta ayuda social para las familias vulnerables que, con la subida de 2024, cobrarán entre 604 y 1.184 euros (de menor a mayor unidad familiar) venía negociándose desde hace unos meses. Busca una "mejor gestión" de los recursos, tal y como ha reconocido el propio Pedro Sánchez en una rueda de prensa posterior a la reunión en la que no ha dado muchos detalles.
Según cifras actualizadas en noviembre, en Catalunya hay actualmente 78.453 prestaciones activas del Ingreso Mínimo Vital, sobre un total de 717.842 en todo el Estado, cada vez más cerca de los 800.000 hogares que se había marcado como objetivo desde el ministerio en su día. O sea, que el 10,93% del total de ayudas de todo el Estado pasarán a ser gestionadas por el Govern. Estas ayudas llegan a un total de 229.679 beneficiarios en Catalunya contando todos los miembros de las familias, de nuevo un 10,9% sobre los 2.102.922 millones en toda España.
Trabas y denegaciones
Las trabas burocráticas, las revisiones de percepciones de rentas que hicieron que mucha gente dejara de cobrar o cobrara menos sin ser avisados y múltiples errores han generado centenares de quejas en el Ingreso Mínimo Vital, gestionado hasta ahora por el ministerio de Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá, ministro hasta el reciente nombramiento de Elma Saiz tras la investidura de Sánchez, defendió en varias ocasiones que era difícil llegar a las familias más vulnerables y también que algunas familias solicitaban la ayuda sin necesitarla. Llegó, de hecho, a liderar una campaña en autobús para dar a conocer la ayuda sobre el terreno.
Pero en los barrios, la realidad percibida después de decenas de entrevistas realizadas por ON ECONOMIA es que numerosas familias se ven atrapadas por una telaraña burocrática muy difícil de superar. Criterios poco claros, requisitos excesivos y funcionarios con posturas contradictorias derivan en situaciones de todo tipo, según han explicado en diversas ocasiones responsables de Servicios Sociales y plataformas ciudadanas de diversos municipios.
"La burocracia hace muy difícil conseguir esta ayuda. A veces nos llegan ciudadanos con informes negativos de la Seguridad Social, en los que ni siquiera nosotros entendemos el motivo de la denegación, por lo cual no podemos trabajar en solucionarlo", explicó Álvaro Revilla, director general del Área Social de Fuenlabrada y miembro de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que hace tiempo que viene denunciando las carencias en el sistema.
La abogada Rocío Blanco Vidal, de Palencia, relató un caso en el que a una familia le restaron del Ingreso Mínimo Vital una ayuda que percibían por un hijo que tenía una incapacidad del 95%, "cuando eso no es un ingreso familiar y el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón". Pero elevarlo a la justicia es un coste de tiempo y dinero, muchas veces inaccesible para este tipo de familias.
De hecho, según una información a la que tuvo acceso ON ECONOMIA por fuentes de la Seguridad Social, la denegación o inadmisión del Ingreso Mínimo Vital es muy superior a las peticiones aprobadas. A mes de agosto, se habían tan solo aprobado 693.595 solicitudes de las 2.679.354 recibidas. Entre las más de 200.000 canceladas, las 2.730 suspendidas, las 900.000 denegaciones, las 570.756 inadmisiones y las 293.552 por entonces pendientes, sumaban casi 2 millones de solicitudes sin aprobar (un 76% del total) y 1,5 millones han sido tumbadas entre inadmisiones y denegaciones.
Falta de profesionales
Paralelamente, los sindicatos de la Seguridad Social llegaron a convocar una huelga por la incapacidad, después de la pérdida de personal de los últimos años, de hacer frente al gran aumento de carga de trabajo por las nuevas ayudas y prestaciones, sobre todo el Ingreso Mínimo Vital. La huelga se saldó después de la promesa de creación de la Agencia de la Seguridad Social y de 2.500 contrataciones que arrancaron en el segundo semestre del año, pero que deberá completar la ministra Saiz, que tiene previsto reunirse con los sindicatos en los próximos días.
En este contexto de dificultades, la Taula del Tercer Sector de Catalunya, que trabaja con las oenegés y fundaciones sociales, ha celebrado el traspaso a Catalunya, si bien han apuntado a que "llega tarde".
En la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès se concretaron otros aspectos importantes para la economía catalana como el traspaso de Rodalies o la creación de una planta de chips de la empresa Innofab en Barcelona, que estará operativa en 2026 con una inversión de 300 millones de euros en Cerdanyola del Vallès.