La obligación de cotizar desde el 1 de enero por aquellos estudiantes que están haciendo prácticas no laborales (es decir, sin contrato ni relación laboral y sin obligación retributiva) ha permitido contabilizar a este colectivo y determinar el perfil de los que ofertan dichas prácticas. Pues bien, de los 628.000 estudiantes que se han dado de alta desde el 1 de enero, solo el 22% está desarrollando sus prácticas en empresas. El resto las realiza en instituciones públicas, especialmente las propias universidades (que prometen las prácticas a sus estudiantes) y por centros dependientes de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, según fuentes de la Seguridad Social.
No obstante, el porcentaje se ha doblado desde principios de abril cuando el 10,5% de los becarios fueron aceptados por empresas para realizar sus prácticas, curriculares (cuentan en su expediente académico) o extracurriculares (no cuentan en su expediente y no son obligatorias para obtener el título). Desde la Seguridad Social matizan que, aunque las altas han sido de casi 630.000, los estudiantes a finales de esta semana en prácticas eran 590.000, casi cien mil más que a principios de abril, cuando la Seguridad Social tenía registrados 503.000 estudiantes que habían cotizado al menos un día. Igualmente, matizan, de forma reiterada, que este medio millón largo de estudiantes que cotizan en la Seguridad Social no se contabilizan en las estadísticas de afiliados, pues no tienen una relación laboral, sino educativa. Se pretende evitar otro falso debate sobre cifras infladas de empleo, matizan desde el departamento de Elma Saiz.
Pendientes de la norma
Fuentes de la CEOE consultadas por ON ECONOMIA señalan que numerosas empresas están realizando consultas sobre los becarios, confusas por la regulación pendiente de aprobar por el Ministerio de Trabajo, lo que explica el bajo uso de las prácticas de estudiantes en las empresas. Durante más de un año, el departamento de Yolanda Díaz negoció con empresarios y sindicatos un Estatuto de las Personas en Formación Práctica en el ámbito de la Empresa. En junio de 2023, Trabajo y los sindicatos llegaron a un acuerdo que no contaba con el apoyo de los Ministerios de Economía, comandando entonces por Nadia Calviño, ni el de Educación, y con la oposición de los empresarios. Las elecciones generales y la formación del nuevo Ejecutivo demoraron su puesta en marcha que todavía sigue a la espera.
El Ministerio de Trabajo insiste en que el Partido Socialista ha aceptado aprobar el texto pactado con los sindicatos en 2023, como se recoge en el documento de compromisos de firmado por los socialistas y Sumar con la escueta frase: “aprobaremos el estatuto del becario”. Fuentes del equipo negociador de Sumar explican la importancia del artículo “el” y la negociación que hubo detrás, pues desde el PSOE pretendían cambiar “el” por “un”, en referencia a un nuevo texto. Pero la redacción definitiva, con “el”, supondría el acuerdo tácito de los socialistas de apoyar el texto pactado con UGT y CC.OO., pese al voto contrario de los empresarios y el rechazo del Consejo de Rectores de las Universidades (CRUE).
Desde la CEOE critican este texto por la “inseguridad jurídica” y las incertidumbres que genera. Entre los puntos más relevantes, señalan las compensaciones económicas que las empresas deben dar a los becarios, pues aunque no están obligados a pagar un salario (eso implicaría la existencia de una relación laboral), sí tienen que compensarles por los gastos derivados de sus prácticas, como manutención, transporte e, incluso, residencia. Igualmente, tienen que darles servicios y cuentan con limitaciones como el número de becarios en proporción a la plantilla o de horas. Pero también un régimen sancionador, que ha colmado el vaso de la CEOE, que podría llegar a multas hasta de 225.000 euros ante la presunción de “laboralidad del becario”; es decir, que esté realizando funciones de trabajador, en vez de formación. Por todo ello, desde la patronal señalan que las empresas están esperando a ver cómo queda finalmente la norma, si sale, pues con la redacción actual tiene en contra dos de los grupos aliados del Gobierno de coalición: ERC y PNV alineados con las tesis de las universidades.
Cuotas subvencionadas
De momento, pues, señalan desde CEOE que la única certeza en estos momentos es la obligación de cotizar por los becarios -una medida que cuenta con el apoyo de los empresarios-, aprobada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que se ha quedado fuera de la negociación del Estatuto del becario que ha comandado Trabajo. No obstante, las fuentes de los empresarios matizan que siempre se han dado muchas becas desde las Administraciones públicas y por empresas de las Sepi. No obstante, en una carta que la CRUE remitió a los negociadores del Estatuto en mayor, se cuantifica en un 60% los becarios con prácticas en las administraciones públicas, frente al 80% de este 2024.
En esa carta, los rectores consideraban que la mayoría de los organismos públicos no podrían hacer frente a los costes derivados de manutención y de cotización, por lo que mostraron su preocupación por una pérdida masiva de la oferta de becas, lo que dejaría a sus estudiantes sin prácticas de formación. Para paliar esta carga, la Seguridad Social se hará cargo de las cuotas, con una subvención del 95% de la cotización de los becarios.