El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que España tiene un problema demográfico que deriva en falta de mano de obra cualificada y, sin embargo, solo uno de cada dos inmigrantes con un título universitario consigue homologar sus estudios, lo que les impide ejercer sus profesiones. Así, el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028 -remitido la semana pasada a Bruselas- señala: “El reto demográfico y la inversión de la pirámide poblacional en España es uno de los retos de largo plazo que puede verse en parte compensado por el fenómeno migratorio existente”. Reconoce ante la Comisión Europea que cerca del 16% de la población española ha nacido en el extranjero y los flujos migratorios actuales pueden continuar elevando esa cifra, “considerando adicionalmente el decrecimiento de la población nacida en España”.

Pero el Ministerio de Economía, responsable del informe remitido a Bruselas, señala que “uno de los objetivos prioritarios en los próximos años es tratar de atraer flujos de inmigrantes con mayores niveles de cualificación” en aquellos sectores de mayor interés nacional. Sin embargo, también reconoce que actualmente se están desperdiciando los niveles de formación de muchos de los extranjeros que acuden a España en busca de un empleo. Y achaca al rígido sistema de homologación de las titulaciones, especialmente universitarias, de muchos países de origen de la inmigración.

El plan apunta que hace dos años se modificó la norma, pero con poco éxito, pues declara que se “han detectado algunas limitaciones” que siguen mermando de forma notable la agilidad y eficiencia del sistema, “limitando de esta forma la productividad de la población inmigrante”. Y aporta datos que así lo atestiguan. A pesar de haber pasado de 10.100 expedientes de homologación de estudios resueltos en 2020 a 27.200 en 2023, es claramente insuficiente si se tiene en cuenta que cada mes se presentan 5.000 solicitudes de homologación, unas 60.000 al año -el 84% de latinoamericanos-. Lo que pone de manifiesto que se resuelve menos del 50% de las peticiones anuales.

Futura reforma

Para acabar con esta rémora, el Gobierno de coalición abordará en los próximos meses varias reformas que permitirán elevar la productividad de los trabajadores nacidos fuera de España. El objetivo es “aumentar la cualificación de la fuerza laboral y, con ello, la productividad del sistema” laboral español. Entre los cambios regulatorios se eliminarán las limitaciones que dificultan las homologaciones de los títulos -especialmente universitarios- para poder alcanzar de forma “efectiva, justa, inclusiva y sistemática una incorporación más ágil y eficiente al tejido productivo”.

Este objetivo, además del componente tecnológico -digitalización de los procesos-, requiere de modificaciones normativas “complejas”, según el Gobierno de España, que afectan a diferentes actores como las universidades, los centros de educación superior, las oficinas administrativas de tramitación, certificación y validación y distintas organizaciones sociales, todos ellos en los ámbitos nacionales, comunitarios y extracomunitarios.

Para ello, pretende configurar unos procedimientos ágiles y eficientes, apoyados en la digitalización, con el fin de homologar de los títulos obtenidos en los sistemas de educación superior extranjeros a los títulos españoles y la declaración de equivalencia, a nivel académico oficial, de un título obtenido en la Universidad de los países de procedencia de los inmigrantes.

Vacantes sin cubrir

Pero, no es solo un problema de la calidad formativa, sino también del número de inmigrantes. España padece actualmente, según los empresarios, falta de mano de obra, especialmente cualificada. Un déficit que se deriva, según apuntan los analistas del mercado de trabajo, de una reducción del número de parados y, especialmente, en que más de la mitad son desempleados mayores de 50 años con deficiencia formativa y problemas de empleabilidad. Una falta de mano de obra que se ha compensado con trabajadores inmigrantes. Desde la pandemia se han creado 2,7 millones de empleos que un 30% los han ocupado extranjeros, porcentaje que se eleva al 40% en lo que va de 2024.

Por tanto, no solo hay que conseguir reconocer los niveles formativos de los inmigrantes ya instalados en España, además se precisa atraer más mano de obra. Y de aquí, el segundo paquete de reformas se centra en la reforma del Real Decreto que regula el Reglamento de la Ley de Extranjería en un doble sentido:

Mejorar las vías que permitan una mayor regularización de los inmigrantes que ya residen en España, pero de forma ilegal, lo que permitiría “aflorar la economía sumergida” de los inmigrantes que no cumplen con los criterios de arraigo y evitando que el tránsito hacia el mercado laboral se produzca a través de vías colaterales no pensadas para dicho objetivo, como la figura de la solicitud de protección internacional.

Revisar las diferentes figuras que permiten la contratación en origen y poder maximizar el potencial económico de los inmigrantes.

Formación profesional

Medidas que se complementarán con algunas ya adoptadas para modernizar la formación profesional, adaptándola a las demandas del mercado laboral actual. En este sentido, el gobierno español se compromete a invertir más recursos en la digitalización de los programas y la actualización de los centros de formación, especialmente en sectores estratégicos como la economía verde y la industria digital. Además, se fomentará la colaboración entre empresas y centros educativos para impulsar programas de FP dual.