El Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha convocado a empresarios y sindicatos este lunes a las 16:00 horas para empezar a negociar la reforma del subsidio de desempleo o asistencial que cobran las personas que llevan tiempo fuera del mercado de trabajo y han agotado sus prestaciones asistenciales. Actualmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desembolsa unos 7.500 millones de euros anuales en este tipo de prestación ligada a la búsqueda activa de empleo.
La ministra de Trabajo, según acordó con Bruselas, pretende aumentar el gasto medio que reciben los beneficiarios e incluir a unas 400.000 personas que hoy están fuera del derecho a la prestación. Actualmente, se cobra 480 euros al mes por un máximo de 30 meses, lo que supone, que de agotarla, reciben 14.400 euros a lo largo de dos años y medio. Díaz pretende aumentar los actuales 480 euros a 660 los primeros seis meses, los otros seis a 540 euros y los 18 restantes, mantener los actuales 480 euros. Lo que daría, de agotar el plazo máximo, un total de 15.840 euros, con una media mensual de 528 euros. Fuentes del Ministerio de Trabajo aclaran que el 80% de los beneficiarios de la prestación no consumen los 30 meses, pues suelen encontrar un empleo, aunque es muy frecuente, en el 56% de los casos, que sean empleos temporales, por lo que reinician la prestación.
No obstante, está por ver qué va a proponer Díaz este lunes a los agentes sociales, pues existe una guerra abierta entre el Ministerio de Trabajo, que pretende aumentar la prestación, y el Ministerio de Economía, que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, partidaria de reducir la prestación, tanto en su plazo -bajar de 30 a 12 meses- como los ingresos mensuales, de 480 a 442 euros de media, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo. Ambos ministerios manejan dos borradores de ley distintos.
Nuevos colectivos
La otra pretensión de Díaz es sumar dos nuevos colectivos: por un lado, los menores de 45 años que hayan agotado el derecho a una prestación contributiva, aunque no tengan cargas familiares, que suman unos 150.000, y ampliar a toda España la prestación SEASS, Subsidio de empleados eventuales agrícolas, restringido hoy a los trabajadores de Extremadura y Andalucía. Trabajo calcula que se podrían acoger unas 250.000 personas, lo que sumaría 400.000 beneficiarios más; es decir, se ampliaría en un 40%.
En 2023, de media mensual, la cobran cerca de 900.000, aunque en 2021 y 2020 superaron el millón y en 2019 y 2018, estaban en 970.000. En 2022, de media, lo cobraron al mes 911.858 y en este año la media es algo menor, de 896.600 (aunque se ha calculado con datos hasta octubre). En lo que va de 2023, se han acogido a la modalidad de subsidio de desempleo, la gran mayoría, unas 716.500 personas, a la modalidad de eventuales agrarios de estos dos territorios, otros 87.600, y los acogidos a la Renta Activa de Inserción (RAI), alrededor de 100.000 al mes. Quedan fuera los de la Renta Agraria.
A día de hoy, tienen derecho al subsidio varios colectivos, el principal es el de mayores de 52 años que han agotado la prestación contributiva, con más del 60% del total. Igualmente, reciben los 480 euros al mes, las personas desempleadas mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva, aunque no tengan cargas familiares; personas desempleadas que hayan cotizado entre 180 y 359 días, lo que no les da derecho a la prestación contributiva; desempleados que hayan sido declaradas plenamente capaces o inválidas parciales como consecuencia de la revisión de su pensión de invalidez; las personas liberadas de prisión, con son algo más de 7.000, y los trabajadores emigrantes retornados.
Coste variable
Otra de las medidas pactadas con Bruselas y en la mente del Ministerio de Trabajo es simplificar la gestión y agrupa los colectivos, actualmente cuatro. Pero ha habido al menos dos más. Entre 2018 y 2020 se estableció la prestación de garantía juvenil, que supuso un desembolso de 13.231 millones de euros en esos tres años, e igualmente estuvo vigente una prestación para la activación del empleo, que se eliminó en 2019 y que entre ese año y 2016 supuso un coste de 2.350 millones de euros y llegó a contar con unos 34.000 beneficiarios al mes. Una de las posibilidades sería que el subsidio absorbiese a los preceptores de la Renta activa de inserción, que ha ido perdiendo peso, con unos 100.000 actuales, cuando en 2016 eran 200.000.
Respecto a lo gastado por el SEPE, este año se han presupuestado 7.896 millones de euros, pero el año pasado, con un presupuesto de 9.041 millones, solo se ejecutó el 78%, 7.026 millones. Sin embargo, al mes de octubre, ya se ha gastado el 79% del presupuesto, lo que hace pensar que el gasto será muy superior al del año pasado y podría ajustarse más a lo presupuestado: unos 7.500 millones.
No obstante, el coste máximo para el SEPE se dio en los años que estuvo activa la prestación de Garantía juvenil, coincidiendo con la activación de empleo. Así, en 2019, el SEPE tuvo que desembolsar 18.706 millones, una cifra fuera de la media, si se tiene en cuenta que en 2020 fueron 9.766 millones. En los años anteriores, el gasto no superó los 7.000 millones, pero en 2019, con la llegada al Gobierno del PSOE, se aumentó la aportación a la Seguridad Social, pues a los 480 euros, el SEPE tiene un coste adicional por las cuotas a la Seguridad Social. Así, en 2018, era inferior al 20% de la prestación, y en 2023 es del 33,1%. Lo que ha elevado la partida, desde 700 millones a 1.650 millones. El año pasado, se subió la mensualidad un 3,6%, pues la prestación está ligada al Iprem que se actualiza cada año por parte del Ministerio de Trabajo.