Este miércoles se conocerá si finalmente los partidos de coalición -PSOE y Sumar- dan un paso adelante para hacer permanentes los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas, que tras una vigencia de dos años, debían decaer el 1 de enero del próximo año. No obstante, fuentes parlamentarias señalan a ON ECONOMIA que ambos partidos siguen adelante con su intención de perpetuarlos, convirtiéndoles en impuestos y a tal fin están ultimando las enmiendas que presentarán mañana, apurando el plazo que termina a las seis de la tarde de este miércoles.
Aunque oficialmente guardan silencio, fuentes oficiales del PSOE han declarado que el “el plazo es mañana y hasta entonces no tendremos las enmiendas” y desde Moncloa confirman que “se está negociando para intentar presentarla, esa y las enmiendas relativas a las figuras fiscales previstas en eso que llamamos la reforma fiscal”.
Estas dos semanas se han convertido en una batalla larvada entre los partidos del Gobierno, especialmente Sumar, que ha mostrado su férrea voluntad de establecer unos impuestos permanentes- y las empresas y las asociaciones energéticas y financieras. Repsol ha sido la más beligerante después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciase la voluntad del gobierno español de dar este paso. La petrolera fue la primera en poner de manifiesto que con el nuevo impuesto se pondrían en peligro futuras inversiones para la transición hacia unos combustibles más ecológicos, señalando los 1.100 millones de euros que iba a destinar a proyectos en Tarragona. Y adelantó que ya había desviado una inversión de 15 millones a Portugal. Sumar reaccionó pidiendo que el Estado tomase una “participación de control” en Repsol.
La fuerte presencia de Repsol en Catalunya, donde el anuncio del riesgo de la inversión en Tarragona ha causado una fuerte preocupación y, también, en el País Vasco, provocó que desde Junts se anunciase su voluntad de oponerse al cambio fiscal en el Congreso y de PNV. El lehendakari, Imanol Pradales, ha solicitado al Gobierno español la semana pasada que de llevarse a cabo, se traspase a las Haciendas vascas los dos impuestos y desde la propia formación, su presidente, Andoni Ortuzar, también amenazó, aunque más suavemente que Junts, con retirar el apoyo de sus diputados.
Resto de partidos
Este martes, el mutismo ha sido la tónica imperante y ningún partido ha desvelado si presentarán enmiendas y, mucho menos, en qué dirección. La vía utilizada para modificar ambos gravámenes es el trámite parlamentario de la ley del Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, cuyo plazo de enmiendas al articulado finaliza mañana miércoles. A lo largo de la mañana se ha llegado a especular con que se ampliase al 6 de noviembre el plazo, algo que no ha sucedido.
Desde Junts han declinado cualquier declaración y en el PNV se han limitado a señalar que “en caso de presentar enmiendas lo haremos en el día”, como suelen hacer. HB Bildu también está tomando parte activa en este proceso. Fuentes de la formación vasca señalan que, desde el inicio, han defendido que “ambos impuestos deben convertirse en permanentes para seguir gravando los beneficios de las grandes energéticas y banca” y que también trabajan para que sean concertados con las Haciendas Vascas.
Respecto a la oposición desde las empresas, tanto energéticas como financieras, estas fuentes inciden en que “las presiones de Repsol e Iberdrola a nosotros no nos influyen en nada, no nos afectan. EH Bildu no responde ante ellas, sino ante la mayoría social vasca. Los datos de los beneficios récord de bancos y energéticas hacen aún más evidente la necesidad de convertir en permanentes ambos impuestos”, y matizan: “Esperamos que el trabajo que estamos realizando de sus frutos”.
ERC igualmente se muestra cauto, aunque fuentes de la formación señalan que “lo estamos trabajando”, en relación con la presentación de una posible enmienda para convertir en permanente los dos impuestos o su posición, en caso de que la enmienda venga del Gobierno o alguna otra formación.
Oposición empresarial
Pero Repsol no ha sido la única empresa o asociación que ha mostrado estos últimos días su oposición a la intención del gobierno español de convertir en permanente esta imposición fiscal. La patronal de los operadores de petróleo, AOP, se sumó a Repsol y anunció que el impuesto ponía en peligro hasta 16.000 millones en proyectos ligados a los combustibles sólidos y, al día siguiente, Cepsa confirmó que se paralizaban inversiones por valor de 3.000 millones en Andalucía, con el consiguiente malestar de la Junta de Andalucía y este miércoles, aunque sin citarlos, se ha sumado Francisco Reynés, presidente de Naturgy.
De lado de la banca, aunque no se ha hablado de inversiones, también se ha mostrado una posición beligerante contra la voluntad del gobierno de coalición. Este mismo martes, durante la presentación de los resultados trimestrales, el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, ha señalado que “hará lo que tenga que hacer” para parar el impuesto.