Entre la satisfacción y la exigencia -y algunos recelos- se han enmarcado las valoraciones que ha hecho el tejido económico catalán sobre el nuevo Govern que presidirá el socialista Salvador Illa. En las últimas horas, las patronales, sindicatos y entidades económicas ven favorable a que se haya desencallado la situación política y se pueda formar Govern, aunque la patronal Foment advertía de uno posible "un horizonte político de corte intervencionista y que propugna la cultura del decrecimiento" y Pimec hablaba de "la necesidad de huir de las tensiones políticas a la hora de garantizar el buen funcionamiento de la economía del país, así como la serenidad social en general dentro de un clima estable". Al mismo tiempo se apresuraban a pedir al nuevo ejecutivo catalán -cuándo esté formado- que actúe con firmeza y prontitud y que tome decisiones para que Catalunya recupere su peso económico e industrial.
Por su parte, CCOO de Catalunya considera que abrir "una nueva etapa institucional a Catalunya liderada desde la izquierda es un camino acertado que puede significar la oportunidad para dar un impulso a un programa de reformas legislativas que fortalecen el contrato social y los servicios públicos del país".
En líneas generales, las reivindicaciones económicas, empresariales y sindicales se centran en aspectos como el nuevo modelo de financiación, la reforma fiscal, una política de inversiones -que, entre otros, priorice las infraestructuras pendientes-, el nuevo modelo industrial y la reindustrialización y, al fin y al cabo, en un marco de progreso social y económico generalizado. Son las demandas que los principales actores económicos ya trasladaron a los partidos políticos durante la campaña electoral y que ahora piden que se aceleren desplegando medidas sólidas y estratégicas.
Foment del Treball ha leído la cartilla en el Govern socialista, a pesar de admitir que está trabajando para un nuevo modelo de financiación. La patronal ve carencias en el acuerdo político entre el PSC, ERC y Comuns y reprocha que se quiera mantener el impuesto de patrimonio y sucesiones, no implementará la deflactación del IRPF, el aumento de ciertas figuras impositivas, no se actúe en infraestructuras básicas o se hable de crear un nuevo impuesto en materia de vivienda y de varias medidas intervencionistas como la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En la misma línea, la patronal Pimec considera fundamental poner en marcha muchas medidas que no aparecen a los acuerdos entre partidos, los cuales tienen un marcado acento social "que no tendría que ser lo único", advierte. Entre otras cuestiones, cree que hace falta poner fin al exceso de regulación y burocracia, con una simplificación administrativa, así como reducir la carga fiscal con una revisión de la normativa que afecta a la empresa familiar en los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones, el impuesto del patrimonio y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, porque considera que no podemos seguir manteniendo la presión fiscal más alta en aquellos ámbitos que está demostrado que acaban generando riqueza.
La patronal Cecot ha manifestado este viernes que recibe "en positivo" especialmente dos de los cuatro ejes anunciados por Salvador Illa en su discurso de investidura este jueves: la cohesión social y la prosperidad económica fundamentada en la sostenibilidad y la transformación digital. Eso no obsta para que inste a "impulsar políticas de apoyo a la empresa para aprovechar la coyuntura económica, que actualmente es favorable, y para asentar bases sólidas de cambio de modelos de apoyo a la competitividad", desde las infraestructuras, pasando por la sanidad, la enseñanza o la administración pública. Advierten que "vigilarán" que implementen una política que favorezca la industria catalana y la reindustrialización, con el objetivo de alcanzar un peso industrial del 25% del PIB, equiparando la industria al turismo y los servicios.
El Colegio de Economistas de Catalunya espera la formación de un Govern fuerte, estable y que dé seguridad y subraya la necesidad de aprobar urgentemente unos nuevos presupuestos, que permitan ejecutar proyectos imprescindibles para el desarrollo económico de Catalunya y que atraigan inversiones que generen empleo. La entidad recuerda las que considera las 16 prioridades económicas a que se tiene que hacer frente y que, además de coincidir con las mencionadas reivindicaciones de las patronales, incluyen también recuperar la Ley del Código de Finanzas, y que se añadan cuestiones referentes a las administraciones locales, y dotar de áreas y servicios de evaluación de políticas públicas a todas las entidades del sector público; también la sequía o la política energética y de la vivienda.
Los sindicatos destacan la vertiente más social
Los sindicatos CCOO y UGT, ya mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre PSC, ERC y Comuns, para considerar que era "un acuerdo progresista que avanza en el marco de autogobierno y que tiene que servir para fortalecer el contrato social". Este jueves, CCOO ha enfatizado que los acuerdos de los tres partidos significan "la expresión de la voluntad de dar respuestas a la salud, la educación, los servicios sociales, la vivienda, la transformación energética, el cambio climático entre las prioridades políticas para la legislatura." A la vez que firman un compromiso para reforzar el marco de autogobierno de la Generalitat impulsando un cambio en el modelo de financiación autonómica, que significa un paso importante con la creación de una Agencia Tributaria consorciada en Catalunya y un compromiso por impulsar con el resto del estado cambios en la LOFCA, para resolver los déficits de financiación para todas las comunidades autónomas de un modelo caducado desde el año 2013.
Desde UGT, su secretario general, Camil Ros, manifestó que el acuerdo pone "las bases para una financiación justa y solidaria, para construir un estado del bienestar catalán potente."