La opción de extender la tercera pista del Aeropuerto de El Prat en menos de 500 metros gana enteros, a juzgar por la "solución de compromiso" reclamada por el comité asesor de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y los "matices" que Aena dice ahora que aceptaría a su propuesta original. El pasado 2 de septiembre, menos de un mes después de asumir el cargo, el presidente catalán, Salvador Illa, anunció que para finales de 2024 el Govern presentaría su propuesta para ampliar la capacidad de El Prat. 

Con una extensión inferior a los 500 metros -que es lo que ha planteado hasta la fecha Aena-, El Prat difícilmente alcanzaría las 90 operaciones por hora previstas en el Plan Director en vigor, pero sí incrementaría significativamente las actuales 78.

Cuando la comisión técnica conformada por la Generalitat y el gobierno central acumula ya casi cuatro meses de retraso en su cometido, el dictamen del comité que asesora al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y una reciente conferencia del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, dan una idea de hacia dónde pueden ir los tiros. El citado comité cree -en un dictamen elaborado hace ya meses y hecho público el miércoles, día 12- que una ampliación de capacidad es "urgente y necesaria" y pide una "solución de compromiso" que se ejecute "preferentemente sin tocar los espacios protegidos de la Ricarda y el Remolar".

Ello apunta hacia una extensión de la tercera pista (la paralela al mar) de unos 300 metros, ya que, según expertos consultados por EFE, con esta opción se invadiría parte de la Red Natura 2000 del Delta del Llobregat, bajo protección europea, pero no se vería afectado el perímetro del estanque de la Ricarda (símbolo de la fallida ampliación de 2021).

Lucena ha remarcado este jueves que una ampliación física de la citada pista es la "única" opción que ha puesto sobre la mesa Aena, si bien ha añadido que el gestor aeroportuario admitirá "matices" a su propuesta.

Bruselas

Los esfuerzos de la comisión técnica se centran ahora en determinar las compensaciones medioambientales que se tendrían que acometer para obtener el aval europeo, una tarea que lidera el secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Las mismas fuentes explican que el ejecutivo comunitario ha pedido que se le trasladen diversas opciones, cada una de ellas con las compensaciones que habría que acometer, lo que alargará el proceso unas semanas más de lo previsto.

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre Govern y Ministerio apuntan que a día de hoy "no hay una posición fijada" y desde el ejecutivo catalán se limitan a asegurar que la propuesta o propuestas finales cumplirán escrupulosamente con todos los requisitos de respeto al medio ambiente. Fuentes del gestor aeroportuario han explicado que Aena se encarga de aportar conocimiento técnico a esta comisión, que es la que tiene el encargo de tomar la decisión política.

La de El Prat es una cuestión espinosa para Illa, puesto que sabe que la ampliación no es vista con buenos ojos por sus socios de investidura -ERC y en especial Comuns, que la rechaza de plano- y que esto puede afectar a otras negociaciones en marcha. Si los planes de ampliación salen adelante, el president deberá hacer frente también a la oposición de localidades aledañas al aeródromo: es el caso de El Prat de Llobregat, cuya alcaldesa es Alba Bou, del espacio de Comuns; y de Castelldefels, cuyo gobierno encabeza Manu Reyes, del PP.

En 2021, el Govern -entonces de coalición entre ERC y Junts- y el Ministerio de Transportes ya alcanzaron un principio de acuerdo, que luego embarrancó: Aena, el gestor aeroportuario participado en un 51% por el Estado, planteaba entonces alargar la pista en 500 metros y el principio de acuerdo contemplaba que la solución definitiva se concretara más adelante, en un futuro Plan Director.

Con esa fórmula se quería asegurar que las inversiones previstas para la ampliación se incluyeran en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que se aprobó a finales de 2021, lo que finalmente no ocurrió. El siguiente horizonte temporal se sitúa ahora a finales de 2026, cuando el Consejo de Ministros deberá aprobar un nuevo DORA para el periodo 2027-2031.