En ningún otro territorio se habla tanto de balanzas fiscales como en Catalunya. La clase política catalana se queja desde hace años sin éxito de la falta de transparencia por parte de la administración del Estado en este sentido; es decir, que publique los flujos fiscales e inversores entre ambas jurisdicciones (la catalana y la del Estado) para conocer el reparto territorial de los costes y los beneficios de la acción pública del Gobierno de España, en este caso sobre Catalunya. En paralelo, una parte cada vez más sustancial del tejido empresarial catalán denuncia ya sin complejos la cronificación del déficit fiscal catalán, que, asumiendo los últimos cálculos de la Generalitat -elaborados en septiembre de 2022 con datos de 2019 por la conselleria de Economía que lideraba Jaume Giró- lo cifran en entre 15.000 y 20.000 millones de euros (según el método que se utilice para calcularlo), lo que supone el 8% del producto interior bruto (PIB) aproximadamente.
La falta de transparencia es un hecho objetivo. El Gobierno hace años que no publica esta información, a pesar de los compromisos de Rajoy y del gabinete de Pedro Sánchez de arremangarse. Del mismo modo que tampoco ha actualizado, ni mucho menos reformado, el modelo de financiación, uno de los grandes incumplimientos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Media Catalunya tiene interiorizada la idea de que, como la comunidad tiene déficit fiscal, hay un problema de financiación. Y no es exactamente así, no hay una relación causa-efecto. Una cosa es la financiación y otra cosa las balanzas fiscales. Estas son un instrumento más de los flujos económicos entre territorios, pero no es el único, como reconocen la mayoría de expertos. A menudo se mezclan los conceptos, pero ¿tienen que ver las balanzas fiscales con la financiación autonómica? La mayoría de expertos -de Catalunya y de fuera- cree que no.
¿Qué es una balanza fiscal? Es la diferencia entre el gasto que el sector público central realiza en un territorio y el volumen de ingresos que este territorio aporta a las arcas de este sector público central. Lo que se espera es que las regiones ricas aporten más de lo que reciben (déficit fiscal), y que pase lo contrario con las zonas con menos renta (superávit fiscal). La pregunta es: ¿qué saldo se considera excesivo o desproporcionado y qué no? Los gobiernos catalanes -de todos colores, CiU, tripartito y el actual- siempre se han reflejado en los estados federales (länder) ricos de Alemania y lo consideran demasiado elevado. No hay acuerdo entre los expertos, Alemania es un modelo, pero hay otros (Estados Unidos, Australia, Canadá o Suiza).
El saldo fiscal -déficit, en el caso catalán- se puede reducir con más inversión por parte del Estado en Catalunya, pero no afecta para nada el modelo de financiación. Un ejemplo: si el Gobierno decide finalmente invertir más en el servicio de Cercanías, o construir el Corredor del Mediterráneo, o modernizar la red de carreteras, por poner tres ejemplos de inversión en infraestructuras que reclama la sociedad catalana, el déficit fiscal disminuye, pero el sistema de financiación sigue siendo el mismo. Es decir, Catalunya no tiene más dinero para sufragar las mayores necesidades de gasto que tiene (en hospitales, escuelas) a causa del aumento de la población.
Los ingresos de las comunidades autónomas (es decir, el sistema de financiación autonómico) no dependen de las inversiones del Estado, sino de la participación de estas en los impuestos estatales (IRPF, IVA, especiales), en los cedidos (patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones, actos jurídicos documentados, juego), de los mecanismos de nivelación y de determinados fondos de ajuste. El modelo, pactado en el 2009, ya tendría que haber sido revisado dos veces, en 2014 y en 2019.
Ahora bien, el déficit fiscal puede reducirse si se modifica el sistema de financiación. ¿Cómo? Dejando más pastel para las autonomías, sea reduciendo la nivelación, sea recaudando más porcentaje de los impuestos, o incluso todos, como pasa en los sistemas forales del País Vasco y de Navarra, que es la escandalosa anomalía de inequidad que ningún partido en España se atreve a encarar y que incluso en Catalunya muchos abrazan. Vivir allí quiere decir disponer de un 80% más de recursos por habitante que el resto de ciudadanos. Mientras tanto, el déficit fiscal atenaza la competitividad y la cohesión social de Catalunya.