La Seguridad Social se gastó el pasado año 14.095 millones de euros en pagar las nóminas de los trabajadores que estaban de baja por incapacidad temporal, más del doble que en 2007, cuando el coste fue de 7.253 millones de euros. Sin embargo, si se mide en términos porcentuales, es decir, el dinero dedicado a las bajas laborales en relación con el gasto total de la Seguridad Social, se ha producido un descenso, pues en 2007, se dedicó el 8,1% del presupuesto de la Seguridad Social y el año pasado, el 7,8%, según un informe interno que CC. OO. ha elaborado de cara a la negociación de una posible reforma de la incapacidad temporal (IT). El informe incide en que, si bien es cierto que se ha disparado el número de trabajadores de baja, la duración se ha acortado y las diferencias territoriales se mantienen inalteradas a lo largo de los años.
No obstante, fuentes de la Seguridad Social insisten en que la reforma de la incapacidad laboral no se aborda por motivos económicos, sino pensando en la salud de los trabajadores. En este sentido, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, negó en la reunión mantenida con empresarios y sindicatos este lunes que se busque una baja flexible y voluntaria, sino una incorporación paulatina de los trabajadores a sus puestos de trabajo dependiendo de la enfermedad padecida. Como, por ejemplo, en procesos oncológicos, trastornos mentales o traumatismos severos.
Por otro lado, fuentes cercanas a la negociación consultadas por ON ECONOMIA señalan que la Seguridad Social ya ha mantenido contactos con “casi todas las comunidades autónomas” para la firma de convenios entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las distintas consejerías de salud autonómicas para que las mutuas laborales contribuyan en los procesos de rehabilitación de los trabajadores por traumatismos realizados fuera del horario laboral. Se trata de acortar las listas de espera para estos tratamientos que alargan innecesariamente la cura de los trabajadores y sus bajas laborales. Los contactos se están llevando directamente por el secretario de Estado de la Seguridad Social.
Incapacidad temporal y permanente
El pago de las bajas por enfermedad es la cuarta partida más voluminosa de la Seguridad Social, después de la nómina de las pensiones de jubilación (66% del presupuesto total de la SS), las prestaciones por viudedad (14,3%) y las pensiones por incapacidad permanente, que, con 14.711 millones de euros el pasado año, es equivalente a lo pagado por la incapacidad temporal. En términos porcentuales, las partidas han mantenido sus pesos con pocas variaciones en relación con 2007. Cabe recordar que la Seguridad Social no se hace cargo de la totalidad de la baja.
Los tres primeros días corren a cargo del trabajador, y esos días se descuentan de la nómina. Entre el cuarto y el decimoquinto día, se hace cargo la empresa, que abona el 60% del salario, aunque según convenio se puede ampliar hasta la totalidad. A partir del decimosexto día de baja se hace cargo ya la Seguridad Social, que paga a través de las mutuas. Los cinco primeros días, paga al trabajador el 60% de su base reguladora y a partir de entonces, el 75%. Si la baja no es producto de una contingencia común, sino laboral, las condiciones salariales son más favorables para el accidentado.
El año pasado se abonaron 7,3 millones de bajas por incapacidad temporal, 6,9 millones a asalariados y el resto a trabajadores por cuenta propia. Aunque la incidencia de la incapacidad temporal se mide en casos por cada 1.000 trabajadores, una tasa que no deja de ascender. En el primer semestre de este año, según el informe de CC. OO., hubo 38,74 casos por cada 1.000 trabajadores al mes, 10 más que en 2007 (unos 813.000 trabajadores de baja cada mes). En 2013 se produjo el mínimo, con 18,19 casos por millar. Pero la evolución se ha disparado en los tres últimos años, pues mientras que en 2021 la media fue de 25 casos por mil, en 2022 ascendió a 32,6, y de allí a los 38,74 por cada 1.000 trabajadores en este año. El estudio del sindicato remarca, no obstante, que hay que fijarse en el número de nuevos procesos por cada millar de trabajadores. En 2019 eran 7,7 nuevos casos y en el primer semestre de este año, sobrepasan la decena, algo inédito en la estadística, con 10,91 casos.
De ahí la alarma, especialmente entre los empresarios. Pero el informe del sindicato insiste en que la evolución del gasto debe abordarse “de forma estrictamente vinculada a los condicionantes de la salud” y añade que, también, deben tenerse en cuenta otros factores económicos que están influyendo en el incremento del volumen de las bajas.
En primer lugar, resaltan que se está produciendo un proceso inversamente proporcional, pues aumenta el número de bajas, pero su duración media se está acortando. Dejando al margen los años duros de la COVID, en 2017, la duración de la baja era de 39,51 días, casi tres días más que los 36,84 del primer semestre de este año, aunque cabe recordar que los inviernos son peores, lo que explicaría el pequeño repunte respecto a los 35,8 días de la totalidad del pasado año. Por debajo de los 37,6 días de baja en 2007.
Navarra y Catalunya
Una proporción que se mantiene en la comparativa territorial. Navarra es la comunidad con un mayor número de procesos de IT por cada 1.000 trabajadores: 63 en 2024 y 45 en 2019, pero en duración fue la media más baja de España, con 25 días ambos años. Catalunya ocupa la segunda posición, con 55 trabajadores de baja por cada 1.000 en 2024 y 41 en 2019, y la duración media ha sido este año de 27,8 días. Barcelona es la provincia catalana con una mayor tasa de incidencia, 62 por cada millar de empleados, con una duración de 27 días.
Un segundo elemento tiene que ver con los condicionantes de la edad: a más años, mayor riesgo de enfermedad. En 2024, la edad media de los trabajadores es de 43,65 años, dos años por encima que en 2012, y los mayores de 50 años suman ya un 30% de la fuerza laboral en España, mientras que los menores de 35 años han descendido desde el 29,5% de 2012 al 25,5% este año.