Este lunes se abrirá una mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal. Gobierno, patronal y sindicatos iniciarán los trabajos para reformar la incapacidad temporal (IT), en virtud del acuerdo de pensiones firmado entre la administración y los agentes sociales, el pasado 18 de septiembre. Las negociaciones se prevén complejas, puesto que encima de la mesa de trabajo hay una propuesta del Gobierno que, desde su anuncio a principios de octubre, ha generado polémica: que los trabajadores con una baja médica puedan reincorporarse gradualmente al mercado laboral, voluntariamente y bajo supervisión médica.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, enmarcó esta propuesta dentro de la reforma de revisión y mejora de los supuestos de incapacidad temporal que, para el Gobierno, debería gozar de una mayor flexibilidad en determinados supuestos. Saiz aseguró que con su propuesta de baja laboral flexible no busca "de ninguna manera" ahorrar dinero a la Seguridad Social por el alto gasto en incapacidad temporal, sino que su intención es la de "ampliar derechos" y avanzar en "justicia social". Como ejemplos, la ministra mencionó los procesos de incapacidad temporal en personas en tratamiento por cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones pero no en la otra.
La propuesta de Saiz no ha sido bien recibida por los sindicatos, aunque sí por las patronales. Y ha destapado los recelos entre las filas de Sumar y EH Bildu. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que los trabajadores deben saber que cuando estén enfermos van a seguir protegidos. "España va a seguir manteniendo sus niveles de protección, sobre todo porque son derechos fundamentales en los que se cotiza para tener protección social adecuada", dejaba claro.
De entrada, los sindicatos CCOO y UGT ya han advertido al Ministerio de que en la reunión de este lunes no tienen intención de negociar las bajas flexibles y que acudirán al encuentro para abordar las materias comprometidas en la última reforma que pactaron. Rechazan que la antesala del encuentro: "medidas espontáneas, no elaboradas ni discutidas y menos acordadas", no han sido "el mejor comienzo", han asegurado.
Más prevención en salud laboral
Los sindicatos consideran que el debate debe trasladarse principalmente al ámbito de la salud, no del trabajo. Insisten en centrarse en el origen de las bajas con el objetivo de prevenir "mucho más y mejor" y han demandado hacer hincapié en el diagnóstico, tratamiento y curación para que las personas reciban toda la atención a la que tienen derecho. Y, por lo tanto, el debate debe comenzar por la asistencia sanitaria y los plazos que en la Sanidad Pública se dan para el diagnóstico, tratamiento y la recuperación total del paciente", aseveran desde UGT.
Por su parte, la patronal CEOE es receptiva a esta medida. El planteamiento de la ministra de Seguridad Social es "bueno" y va en línea con lo planteado en el Acuerdo Nacional de Convenios y en el acuerdo de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "lo que son las bajas y todo el efecto del absentismo", según declaraciones el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, recogidas por Europa Press.
Para el máximo representante de los patronos en España, "es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, y dos, de los casos donde se pueda hacer", dijo hace unos días el dirigente empresarial.
Garamendi cree que la medida se debe abordar tanto desde el efecto de la sanidad y los cuidados de la gente, como desde el punto de vista de la eficiencia. "Por eso, entiendo al Ministerio también, de ver cómo se pueden gestionar mejor las cosas, de alguna manera flexible", expuso.
Un coste de 25.326 millones para las empresas
En 2023, se concedieron en España más 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3% más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65 % respecto a 2022, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
En los cinco últimos años, según datos recogidos por la agencia Efe, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9%, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo.
Según los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, el gasto en subsidios de incapacidad temporal se disparó un 17,6% en los ocho primeros meses del año, hasta los 10.422 millones de euros.