El borrador sobre la reforma de las prestaciones asistenciales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presentado por el Ministerio de Asuntos Económicos -dirigido por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño-, al Ministerio de Trabajo -en manos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz- propone reducir de los actuales 30 meses que dura la prestación, a 12 meses, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Estas mismas fuentes aclaran que, además, el equipo negociador de Calviño pretende reducir la cuantía media de la prestación, hoy en 480 euros al mes.
Así, según las fuentes de Trabajo, el Ministerio de Economía ha propuesto que de los 12 meses que duraría como máximo la prestación del subsidio de desempleo, en los tres primeros meses se cobraría el 100% del Iprem (Indicador público de Renta de efectos múltiples) que en 2023 son 600 euros. En el segundo trimestre se reduciría al 80%, equivalente a los 480 euros actuales; el tercero, al 65% que en 2023 suponen 390 euros y en el cuarto y último trimestre la reducción es al 50% del Iprem; es decir, 300 euros. Eso supone que, una persona que hubiese cobrado el subsidio durante el periodo máximo de 12 meses, habría recibido una prestación mensual media de 442,5 euros, casi 40 euros menos que en la actualidad. Trabajo acepta que la prestación sea decreciente, pero con una mejora sustancial sobre los 480 euros actuales.
Las fuentes aclaran que, en estos momentos de una dura negociación entre ambos ministerios, Economía mantiene la pretensión de la reducción de 30 a 12 meses con la reducción de la cuantía media. Sin embargo, desde Trabajo, Ministerio en manos de Sumar, alertan de que el recorte de Economía del subsidio ha ido, incluso, más lejos, pues han llegado a proponer elevar de los actuales 52 años a 60 años el derecho a cobrar el subsidio. Lo cual, reseñan, es una contradicción con las tesis mantenidas por el propio partido socialista, si se tiene en cuenta que en 2019, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, que gobernó en solitario, se aprobó reducir a 52 años de los 55 años en que estaba con Mariano Rajoy. El Partido Popular amplió en la reforma laboral de 2012 de los 52 años la edad mínima para tener derecho al subsidio a 55, y el PSOE ha pretendido devolver la medida a los 52 años, por lo que sorprende la propuesta de Calviño de elevarlo a 60 años. Una medida que, las fuentes de Trabajo, aclaran, ha sido retirada por Economía.
No es el único recorte que ha planteado Economía, siempre según las fuentes del Ministerio de Trabajo, que declaran que la propuesta de Calviño pretendía endurecer las causas para la retirada de la prestación a aquellos beneficiarios del subsidio que rechacen un empleo. Siempre según estas fuentes, el equipo de la vicepresidenta primera habría sugerido reformar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) que establece qué actuaciones laborales, tanto de empresas como de trabajadores, son punibles y en qué grado, al agruparse como leves, graves y muy graves.
Perder la prestación
Actualmente, ya se contempla la posibilidad de que un desempleado que cobre la prestación contributiva o asistencial que rechace una oferta de empleo, podría perder el “paro” si es reincidente. Incluso se recoge en la propia página del SEPE. Sin embargo, desde el Ministerio de Díaz insisten en que la Ley de Empleo aprobada en febrero de este año (la última gran reforma de Díaz antes de la convocatoria de elecciones) se estableció que la oferta ha de ser una “colocación adecuada”, que significa un contrato indefinido, cobrando al menos el salario mínimo interprofesional (SMI) y de una profesión relacionada con el desempleado. Pero Trabajo acusa, igualmente, a Economía, de pretender endurecer los controles de los beneficiarios de los subsidios, haciéndoles comparecer mensualmente en las oficinas de empleo, cuando actualmente es trimestral, para ver si está incurriendo en incompatibilidades con algún tipo de ingreso que pueda percibir.
Además, Economía quiere mantener un mes de espera para poder pasar de cobrar la prestación contributiva a la asistencial, teóricamente, según Trabajo, para incentivar la búsqueda de empleo, dado que se produce un mes sin ingresos. Los sindicatos llevan solicitando la eliminación de este mes de cadencia, algo que apoya Yolanda Díaz.
Calviño está sola
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo declaran estar tranquilos con la reforma del subsidio de desempleo, que cobran de medida mensual 725.000 personas, de las que el 60% tienen derecho por ser mayores de 52 años y haber agotado las prestaciones contributivas. Y lo están por dos motivos: primero, porque afirman que la posición de Economía no es, necesariamente, la posición del partido socialista, incluidos muchos de sus ministros, contrarios a que esta prestación sufra recortes, como está planteando la vicepresidenta primera. Y segundo, porque desde el Ministerio de Díaz se acogen al pacto de Gobierno firmado entre ambos partidos: “simplificaremos y mejoraremos el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo”. Es decir, en ningún caso se contemplan recortes, señalan en el Ministerio de la líder de Sumar.