El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ha anunciado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024 sigue vigente, en contra de lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) después de que el Congreso tumbara un paquete de medidas que incluía la prórroga a la subida acordada el pasado año. Hará inspecciones para garantizar que se cumpla, ha informado mediante un comunicado. 

Según el ministerio, "la desaparición abrupta de la prórroga no afecta ya a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario ya contractualizado". Lo ha especificado en un Criterio interpretativo publicado por la Dirección General de Trabajo. Además, el ministerio determina también que "las nuevas contrataciones no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior fijado en el SMI de 2024". 

"La Inspección de Trabajo vigilará que las personas trabajadoras reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial", reza el comunicado. 

El criterio publicado por el Ministerio cita al Tribunal Constitucional, que pide promover la justicia y la igualdad y asegura que un Estado social "ha de complementar aquel sistema de determinación del mínimo salarial estableciendo desde los poderes a los que compete la gobernación de unos techos salariales mínimos que, respondiendo a aquellos valores de justicia e igualdad, den efectividad al también mandato constitucional contenido en el artículo 35.1", que además del derecho al trabajo recoge  el derecho "a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", amparado también por la Carta Social Europea.

Por ello, el ministerio defiende que la desaparición del suelo legal actual sería "contrario a los principios básicos que ordenan la normativa laboral" y que, por tanto, el SMI tiene vigencia. Entre los argumentos para defenderlo, asegura que si cambia el suelo se daría "una desvirtuación del carácter protector del SMI" y una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica de difícil explicación", así como "un incumplimiento de las exigencias que se derivan de las normas" y "la imposibilidad de aplicar con certeza otras magnitudes vinculadas al SMI". 

Por todo ello, el Ministerio considera que el SMI sigue vigente para los contratos realizados, ha de ser guía para los que se firmen y anuncia que movilizará a Inspección para garantizar su cumplimiento. 

El criterio se publica un día después de que el Congreso votara en contra del paquete ómnibus de medidas del ejecutivo de Pedro Sánchez que, además de la subida del SMI, incluía una subida de pensiones y una prórroga a la rebaja de precios del transporte público.