El Ministerio de Trabajo prevé llegar la semana que viene, en el marco del diálogo social, a un acuerdo para la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. De hecho, el 31 de mayo está previsto que el Ministerio de Trabajo, la patronal y sindicatos se reúnan de nuevo para avanzar en la reducción de la jornada laboral. La idea de Trabajo es que ese acuerdo lo firmen tanto sindicatos como patronal para después comenzar su tramitación parlamentaria, que podría llevar "meses". Trabajo quiere que la patronal se sume al acuerdo, aunque no lo tiene por seguro y Yolanda Díaz dijo que la medida se acometería haya o no apoyo de la CEOE.

El presidente de la organización, Antonio Garamendi, no descartó llegar a un acuerdo para reducir la jornada hasta las 37,5 horas y media, pero en su opinión es una medida que tiene que hacerse "sector por sector" y en "cada mesa de negociación". Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostró confiado en poder alcanzar un acuerdo tripartito sobre este tema, pero no para las fechas que plantea Trabajo, sino ya pasadas las elecciones europeas del 9 de junio.

En este sentido, el Ejecutivo tratará de firmar un acuerdo para reformar el Estatuto de los Trabajadores y reducir la jornada de forma progresiva (38,5 horas en 2024 y pase a las 37,5 horas en 2025) que se firmó en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar y que el Congreso ya refrendó mediante una proposición no de ley presentada por Sumar.

Pero no es la reducción de la jornada laboral el asunto en el que la parte empresarial del diálogo social se muestra más reacia, sino la propuesta para que Inspección de Trabajo pueda realizar un seguimiento remoto en tiempo real de las horas trabajadas, en el marco de una mejora de los registros horarios. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, explicó que con esta medida se podría luchar contra el fraude horario de las personas trabajadoras y evitaría que la empresa pueda manipular el registro del número de horas trabajadas.

Estrategia contra el paro de larga duración

Paralelamente, el Gobierno se ha comprometido a elaborar, en el marco del diálogo social y en el plazo de seis meses, una estrategia "global" para combatir el paro de larga duración y el desempleo de los trabajadores de mayor edad. Así lo recoge el Real Decreto-ley de reforma del subsidio por desempleo aprobado este martes en el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ejecutivo señala que dicha estrategia incluirá medidas en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y Seguridad Social con el objetivo de favorecer la reincorporación de estos colectivos al mercado de trabajo o su mantenimiento.

Según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), la del primer trimestre del año, de los 2,97 millones de parados contabilizados en España al finalizar marzo, el 15,6% eran jóvenes menores de 25 años y el 35,4%, parados de larga duración (más de un año en el desempleo). De acuerdo con la EPA, el número de parados de larga duración bajó en 32.400 personas en el primer trimestre, casi un 3% respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1.053.900 personas. En el último año, los parados de larga duración se han reducido en 99.800 personas (-8,6%).

Según consta en la reforma del subsidio por desempleo publicada este miércoles en el BOE, se garantiza a los beneficiarios del subsidio por desempleo mayores de 45 años la elaboración de un perfil individualizado para poder acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación. Dicho perfil, especifica el texto, deberá estar diseñado a lo largo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, lo que con carácter general se producirá el 1 de noviembre de 2024.

La norma establece además que, dentro de los fondos presupuestarios que se distribuyan anualmente a las comunidades autónomas en la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales, se reservará una cantidad para ser invertida en políticas activas de empleo en favor de personas mayores de 52 años. Este año, esta cantidad ronda los 600 millones de euros.