Los ciudadanos europeos todavía estaban pendientes de los estragos causados por la pandemia a su economía cuando, el pasado 24 de febrero, despertaban con la noticia de la invasión y bombardeos de la Rusia de Putin sobre Ucrania. Más allá de ver más de cerca que nunca en este siglo a los millares de muertos en la guerra, las tensiones con Rusia y la dependencia con su gas, así como las dificultades para importar trigo y cereales ucranianos, aceleraron una inflación que ya se había disparado previamente desde la pandemia.

Los efectos enseguida se notaron entre los ciudadanos de toda Europa y, en España, el Gobierno optó por proseguir con la senda marcada durante la pandemia y aprobar lo que denomina "escudos sociales" con los cuales trata de proteger a las clases medias y trabajadoras de los efectos de la inflación. Este martes, en la comparecencia posterior al último de consejo de ministros del año, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado el tercero y hasta ahora último paquete de medidas, que costará 10.000 millones de euros y con la suma de los anteriores llegará a los 45.000 millones en escudos sociales para los ciudadanos. Entre las medidas, destacan sobre todo la supresión del IVA en productos de primera necesidad, la reducción hasta el 5% en la pasta y el aceite y la limitación de subidas de alquileres de vivienda al 2%.

Desde que estalló la guerra, la inflación acumulada en la Unión Europea es del 11,1% y en España solo del 6,8%, y como los salarios no han subido al mismo ritmo, los ciudadanos han perdido poder adquisitivo. El Gobierno defiende que la menor inflación en España tiene que ver con la eficacia de sus medidas.

"Las ayudas que recibirán las han pagado los españoles durante el año 2022 con los 33.000 millones de euros de exceso de recaudación", ha asegurado Sánchez, refiriéndose a la cifra récord conseguida por las arcas del estado durante este 2022.

El primer Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania fue aprobado por el consejo de ministros el pasado 29 de marzo y movilizó 16.000 millones de euros públicos, 6.000 a través de ayudas directas y 10.000 a través de una nueva línea de avales.

Fue entonces cuando se aprobó por primera vez una rebaja de 20 céntimos por litro al precio del combustible, que estaba especialmente disparado, y que marcó la línea a seguir de las posteriores medidas. Las últimas rebajas presentadas este martes mantienen la misma cantidad, pero ya centradas solo en profesionales del transporte, navieras, agricultores y pescadores. Para el transporte se aprobaron también ayudas directas de 450 millones de euros.

También se acordó entonces revalorizar un 15% el Ingreso Mínimo Vital y se limitó la subida de los alquileres al 2%, a fin de que la inflación no repercutiera directamente en el precio de la vivienda.

Además, medidas que habían sido aprobadas durante la pandemia, como la disminución del IVA y otros impuestos a la energía, se prorrogaron a causa de los efectos de la guerra.

9.000 millones más en verano

Cuatro meses después de la invasión rusa en Ucrania, la guerra y sus efectos en la economía seguían y el Gobierno de Sánchez decidió prorrogar y ampliar las medidas aprobadas a finales de marzo. El ejecutivo rebajó del 10% al 5% el IVA de la luz, prorrogó la limitación de la subida del alquiler y aprobó los incentivos para el transporte público, así como una ayuda de 200 euros para las rentas más bajas.

Las medidas costaron al Gobierno 9.000 millones de euros más, repartidos entre los 5.500 en gasto y los 3.600 en reducción de la recaudación. Un mes después, el Congreso de los Diputados dio por buenas las medidas aprobadas por el consejo de ministros y la mayoría de las medidas que inicialmente tenían que estar vigentes hasta el verano se prorrogaron hasta el 31 de diciembre. Ahora, con el nuevo decreto, prorroga muchas de ellas durante seis meses y de otros de cara a todo en el 2023, una vez comprobada que los efectos económicos de la guerra son de medio y larga alcance.

El antecedente de la pandemia

Si ahora se habla de "el escudo social" para hablar de las medidas anticrisis contra la inflación precipitada por la guerra a Ucrania, el término empezó a ser utilizado por el Gobierno de Sánchez durante la pandemia. El 30 de marzo, poco después de que se decretara el estado de alarma, se aprobó una moratoria de alquileres que permitía pagar durante los meses y años posteriores los alquileres que quedaran pendientes, suspendía durante seis meses los desahucios y establecía que se renovaran automáticamente los contratos de alquiler que expiraran durante aquellos meses.

También durante la pandemia se prohibió cortar los suministros a familias vulnerables y se simplificó la acreditación de vulnerabilidad, a fin de que las familias tuvieran más facilidades para demostrar su bajo nivel de ingresos.

Para proteger las empresas, aprobó por decreto-ley una nueva modalidad de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la covid-19, mediante el cual el Gobierno asumía el pago de la inactividad parcial que asumiera el trabajador. Un año después de que estallara la pandemia, y recogiendo en parte el espíritu del escudo social, el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital. La renta mensual destinada a familias vulnerables llega ahora, según el ministerio, a 535.000 hogares, aunque muchos sus usuarios y también trabajadores de la Seguridad Social ponen en duda su eficacia y muchos sus usuarios y también trabajadores de la Seguridad Social alertan de centenares de errores.