Un tribunal federal de Estados Unidos ha autorizado la ejecución de un laudo arbitral contra España a instancias de la empresa japonesa JGC Corporation, que reclama 23,51 millones de euros a consecuencia del recorte a las primas a las renovables. Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. En este caso, JGC solicita una compensación de 23,51 millones de euros, además de los intereses de demora derivados de cualquier retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso, por dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía.
En su sentencia, la Corte de Distrito de Estados Unidos rechaza los argumentos de España, que alegaba la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea, y defiende que el laudo debe ser reconocido y ejecutado del mismo modo que si procediera de un tribunal local.
La legislación vigente y los compromisos internacionales asumidos por los países firmantes del Convenio Ciadi, recuerda el magistrado Rudolph Conteras, implica reconocer y registrar los laudos para garantizar su pago y evitar incumplimientos.