En representación de la empresa TREA Capital Partners, el empresario Carles Tusquets, ha reiterado este lunes que las irregularidades registradas en las últimas elecciones en la Cambra de Comerç de Barcelona, que se celebraron en mayo de 2019, y que han sido validadas por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ponen en cuestión la gobernanza de que se ha hecho de la institución por parte del actual pleno de la institución. "Estamos absolutamente convencidos de que, si se hubieran hecho las cosas bien, la actual composición del pleno no sería el actual y el comité ejecutivo de la Cámara tampoco", ha sentenciado Tusquets, que fue uno de los candidatos que optó a la presidencia en los últimos comicios. Tusquets ha asegurado que si las elecciones se hubieran desarrollado en plena normalidad, "con un sistema de voto electrónico más robusto y sin vulnerar los derechos fundamentales de los electores, la candidatura que se dio por vencedora, Eines de País, solo habría obtenido 19 sillas en el lleno, en lugar de las 31 que se le asignaron y que le dieron la mayoría más uno de los puestos del máximo órgano directivo". Con estos argumentos, Tusquets ha defendido que: "Todas las decisiones tomadas a la Cámara (desde el 2019) entiendo que tienen que ser cuestionadas", aunque como miembro que es del pleno, ha votado "a favor de algunas de las decisiones".

El empresario y excandidato a la presidencia de la Cámara, ante esta situación, pide al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat como órgano tutelar que regule más esmeradamente el proceso para las próximas elecciones en la Cámara, que se tienen que convocar para antes del mes de noviembre de este año. "No puede volver a suceder", ha expresado. Acompañado de las abogadas Mercedes Cuyás y Francesca Castellà, Tusquets ha evidenciado que hay un proceso judicial abierto todavía, porque la Cambra y la Generalitat han elevado las sentencias del TSJC hasta el Tribunal Supremo, donde se reconoce la nulidad de las actas definitivas de las elecciones de 2019, porque en el proceso del voto electrónico se produjeron diferentes irregularidades y hay vulneración de los derechos fundamentales de los electores. Ha advertido también que el contrato de implantación del sistema de voto -electrónico y presencial- que se ha licitado para las próximas elecciones ha recaído en la misma consultora Agtic Consulting y que el proyecto de decreto que lo tiene que regular está redactado en términos muy similares al de 2018, sobre el cual pesa una sentencia firme del TSJC decretando su nulidad. A pesar de todo, ahora mismo, Carles Tusquets no ha decidido si también presentará un recurso contra este nuevo decreto, pendiente de aprobación por parte del Govern catalán.

Tampoco ha dejado claro si optará de nuevo a la presidencia de la Cámara con una candidatura a las elecciones de 2023, lo está pensando y todo dependerá de las garantías legales del próximo proceso electoral. Sí confirma que, sin estas irregularidades, que afectaron a más de 600 votos emitidos por el sistema electrónico que fueron declarados nulos, su candidatura habría tomado en Eines de País "una docena" de epígrafes de los 40 que se sometían a elección directa del pleno. Los otros 20 componentes del pleno correspondían a los representantes a elección de las patronales catalanas (6) ya las sillas de plata (14).

Por su parte, la abogada Mercedes Cuyás ha lamentado que el proceso "se ha estado alargando de forma incomprensible", ya que, según ella, todas las sentencias y resoluciones apuntan a que se violaron estos derechos fundamentales de los electores que fueron a votar, el sistema aceptó el voto y después fueron anulados, además de que en algunos casos se dio a conocer el nombre del votante y el sentido de su voto. Además, criticó la forma de hacer de la cámara y de la Generalitat durante el proceso judicial, que según ella provocó -junto a la pandemia- que se haya retrasado la sentencia firme. Advirtió de que "llegará el momento en que se abrirá el melón de la ejecución de las sentencias": en este caso, si es posible comprobar los votos anulados en su momento, puede comportar cambios a los órganos de gobierno al variar el resultado de las elecciones.