Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aplazado este martes la discusión sobre una tasa mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades a las multinacionales e, igualmente, la congelación de 7.500 millones de euros de fondos de Cohesión a Hungría, país al que acusa Bruselas de problemas de corrupción y Estado de derecho. Así pues, el único punto que se ha tratado en la reunión de los ministros de Economía ha sido la ayuda de 18.000 millones aunque sin ningún resultado, pues el Gobierno húngaro ha cumplido con su amenaza de bloquear la ayuda al no conseguir descongelar los 7.500 millones de euros en fondos regionales, según Europa Press.
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha querido dejar claro en la rueda de prensa tras la reunión de ministros que están determinados a "hacer todo lo necesario" para asegurar que la ayuda llegue a Ucrania "ya en enero", ya sea desde el presupuesto común o a través de la alternativa de garantías nacionales. En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha indicado que espera que en los próximos días se den "avances" que permitan cerrar el paquete aunque, si no se alcanza la unanimidad, habrá que seguir "un plan B".
No se ha llegado a debatir
El aplazamiento de las ayudas a Ucrania y la tasa del 15% de las multinacionales son decisiones que se han tomado este martes en un desayuno informal previo a la reunión, donde se ha discutido de forma privada la aprobación del plan de recuperación de Hungría de 5.800 millones. Se ha condicionado, eso sí, cualquier desembolso a que se cumplan los objetivos fijados en las reformas que se le exigen para luchar contra la corrupción y reforzar la independencia judicial.
La reunión ha sido pues inservible por el éxito del intento de los húngaros de vincular su acceso a fondos europeos a otros asuntos clave en la agenda económica de los 27, como la ayuda macroeconómica a Ucrania, que también necesita la unanimidad de los países, o la tasa del 15% a las multinacionales. Sin embargo, una decisión sobre el mecanismo de condicionalidad es necesaria antes del 19 de diciembre, fecha en la que decaerá el plazo legal, por lo que, según avanzó este lunes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, es posible que haya una nueva reunión de ministros en una semana.
Buscar una solución alternativa
Ante el fracaso de la reunión, los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) se han emplazado a buscar una solución alternativa para poder acordar a 26, sin Hungría, una ayuda macrofinanciera a Ucrania por valor de 18.000 millones de euros. Requiere una unanimidad que no se da por el veto de Hungría, que trata de presionar a la UE para que desbloquee el acceso a una parte de sus fondos regionales.
Después de que Hungría haya señalado, durante la sesión pública del Ecofin en la que se ha debatido el expediente, que no está de acuerdo con la enmienda de la regulación financiera, el ministro de Finanzas de República Checa, que ostenta la presidencia de turno del Consejo, Zbynek Stanjura, ha asegurado que el resto de los países no se "desanima" y que buscarán una solución.
"Por desgracia, no podemos adoptar el paquete en su totalidad, pero no nos desanimamos y nuestra ambición sigue siendo comenzar el desembolso de nuestra ayuda a Ucrania a principios de enero de 2023", ha aseverado. En este sentido, ha emplazado al comité económico y financiero a buscar soluciones "alternativas" que no requieran un cambio de la modificación de la regulación financiera, ya que es el elemento que bloquea la adopción del paquete, y que permitan una decisión respaldada por el resto de los 26 Estados miembro.
Entre 3.000 y 5.000 millones al mes
Una alternativa que permitiría sortear el veto sería utilizar garantías nacionales, aportadas directamente por cada Estado miembro, para llevar a cabo las emisiones y canalizar así la ayuda a Kiev, que necesita entre 3.000 y 5.000 millones al mes solo para necesidades urgentes. Hungría ya había advertido de que vetaría la propuesta, argumentando que ya contribuye con ayuda a Ucrania de forma bilateral, según la agencia Efe. Este país, aliado de Rusia, es el único que se ha mostrado contrario a dar ayudas a Ucrania conjuntamente por parte de la UE.
La Comisión Europea había recalcado a Hungría que, según su propuesta, solo tendría que aportar 6 millones de los aproximadamente 630 millones que tendrán que poner los países cada año para cubrir los intereses de los préstamos a Ucrania.
Propuesta de la OCDE
Francia, España, Alemania, Italia y Países Bajos anunciaron el pasado septiembre su compromiso de que la tasa mínima del 15% sobre el impuesto de sociedades a multinacionales entraría en vigor en 2023. En una declaración conjunta expresaban su voluntad de que se aplicase mediante la cooperación reforzada con otros socios de la UE o bien a nivel nacional, fórmulas que ya barajaron entonces para zafarse del veto que el Gobierno húngaro venía imponiendo desde hacía meses.
La OCDE lanzó a finales del pasado año unas normas detalladas para ayudar a su 36 Estados asociados -entre ellos España y la gran mayoría de los países de la Unión Europea incluido Hungría- en la implementación de una reforma considerada "histórica" del sistema fiscal internacional, que asegurará que las empresas multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a partir de 2023.
Las normas elaboradas por la OCDE del segundo pilar, como se conoce esta medida, proporcionan a los gobiernos una plantilla detallada para llevar adelante la transposición de las medidas que abordan los desafíos derivados de la digitalización y la globalización de la economía. En octubre de 2021, 137 países respaldaron este acuerdo. Sin embargo, la Unión Europea lleva todo el año 2022 atascada en la negociación de la aplicación del 15% de tasa fiscal para las multinacionales.
En la mayoría de los países, incluido España, a pesar de que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es muy superior, la tasa efectiva que pagan las multinacionales gracias distintas desgravaciones se coloca muy por debajo de ese 15% que los estados quieren recaudar como mínimo.