Ni UGT, ni CC.OO. quieren entrar en una guerra política, especialmente entre partidos de izquierdas, en referencia a la decisión de Podemos de no convalidar este miércoles el Real Decreto ley del Gobierno que reforma el subsidio de desempleo. En este sentido, desde los sindicatos no entienden cómo se ha podido llegar a esta situación parlamentaria, cuando la solución para satisfacer la petición de Podemos es técnicamente sencilla. De hecho, a expensas de conocer que texto llevará el Gobierno a la mesa de negociación donde abordará con los agentes sociales la reforma del subsidio de paro, los sindicatos defenderán la posición de Podemos y apuestan por plantear la solución en positivo, evitando el recorte que el texto debatido en el Congreso conlleva para los mayores de 52 años, como ha comentado este jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
El conflicto parte de la decisión del Gobierno, avalada por Sumar, de recortar las expectativas de la pensión futura a los trabajadores de 52 años que cobran el subsidio de desempleo, un colectivo que supone el 60% de las 720.000 personas que cobran mensualmente este subsidio. Aunque este colectivo cobra, al igual que el resto, 480 euros al mes, el SEPE cotiza por ellos a la Seguridad social el 125% del SMI; es decir, por valor de 18.900 euros. De esta manera, se garantiza una mayor pensión a estos trabajadores que han tenido una carrera más desigual, con lagunas de cotización, y que acceden al mercado de trabajo con empleos de bajos salarios.
Sobrecotización
Sin embargo, desde el Gobierno se considera que la sobrecotización de este colectivo desincentiva la búsqueda de empleo, pues, como ha señalado Álvarez, la gran mayoría que encuentra un trabajo, muchos a tiempo parcial, están por debajo de esos 18.900 euros, incluso por debajo de los 15.120 euros del actual salario medio interprofesional (SMI). Por tanto, es una realidad, reconocida desde los sindicatos, que hay beneficiarios del subsidio que prefieren seguir cobrando al mes los 480 euros del subsidio, a cambio de una mayor cotización que les garantice una mayor jubilación, antes de aceptar un trabajo que, aunque suponga ingresos mayores de los 480 euros, merme su cotización. No obstante, el subsidio de desempleo está pensado como un sistema intermedio para ayudar a estos parados de larga duración y edad avanzada a reincorporarse al mercado de trabajo, por lo que la recolocación es un objetivo prioritario.
La solución que el Gobierno ha llevado al Congreso ha sido recortar la sobrecotización lo que empujaría a los mayores de 52 años a aceptar empleos, pues no se mermaría su cotización. Desde Podemos se han opuesto a este recorte y por eso han votado en contra del Real Decreto este miércoles. Tanto UGT como CC.OO. consideran que hay fórmulas intermedias que podrían satisfacer ambas posiciones, incentivando la búsqueda de empleo, y asegurando una mayor pensión al colectivo.
Así, tanto Álvarez, como el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, coinciden en que la fórmula más sensata es que se mantenga la sobrecotización al 125% del SMI (garantizando la pensión futura) cuando el beneficiario encuentre un empleo y que el Sepe aporte la diferencia de cotización que hará la empresa contratante, hasta completar el equivalente al 125% del SMI. Es lo que Álvarez denomina una solución en positivo, y no en negativo.
Una vez tumbado el Real Decreto en las Cortes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió ayer un wasap a los máximos dirigentes de los sindicatos y las patronales comunicándoles la intención de abrir un diálogo social con el fin de consensuar el futuro subsidio de desempleo. El líder de UGT matiza que no se sabe muy bien si se trata de una nueva mesa, o la continuidad de la que se abrió hace unas semanas, aunque sólo se mantuvo una reunión.
Periodo transitorio
En aquella ocasión, los sindicatos, preocupado por la rebaja de la sobrecotización, pidieron al Gobierno que no aplicase el descenso del 125% al 100% en un solo año, como preveía el borrador que les sometieron a consulta, sino que se hiciese escalonado en el tiempo: bajar a un 120% en 2024, el 115% en 2025; 110% en 2026; 105% en 27% y completar la reducción en 2028, con el 100% de la cotización del SMI. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno accedió a la petición de los sindicatos, no ha sido suficiente para que Podemos haya aportado sus cinco votos para sacar adelante la reforma.
Por este motivo, los sindicatos plantearán esta segunda fórmula que implica mantener las sobrecotización e incentivar el empleo, más si cabe. En opinión de Sordo, con esta solución todos ganan: el trabajador, que mantendrá su expectativa de pensión y además aumentará sus ingresos de los 480 euros al salario mínimo si le ofrecen un trabajo a tiempo completo; el Ministerio de Trabajo, que recibirá la cotización del trabajador, se ahorrará el pago de los 480 euros, y reducirá el coste de la sobrecotización, pues una parte significativa la abonará el empresario. Y, la Seguridad Social, que recibirá más dinero por este colectivo.
En 2019, con la llegada al poder del Partido Socialista, se recuperó la sobrecotización para los mayores de 52 años, a la vez que se rebajó de 55 a 52 años este derecho, que fue elevado en 2011 por el PP de Mariano Rajoy. Un coste que ha supuesto para el Sepe unos 1.000 millones de euros al año, pues en 2018, dedicaba 700 millones de euros a las cotizaciones sociales de los beneficiarios del subsidio de desempleo, y en la actualidad, rondan los 1.650 millones de euros. No obstante, la reforma presentada por el Gobierno en las Cortes tiene un coste de 7.500 euros.