El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha desvelado este miércoles las reformas que considera prioritarias para esta legislatura, entre las que destacan una jornada legal de 35 horas semanales y un salario mínimo interprofesional (SMI) ligado a un salario medio más real, En opinión del sindicalista, el actual SMI no deberían ser los 1.080 euros por 14 pagas actuales, sino 1.213 euros, basándose en la estadística salarial que elabora la Agencia Tributaria obtiene con los datos de la declaración de la Renta, en su opinión, mucho más apegado a la realidad laboral de España.
Álvarez ha puesto entre las prioridades una modificación de la jornada laboral que, legalmente, debería reducirse 5 horas a la semana, de las actuales 40 a 35. “Lo que queremos es que donde pone 40 horas en el actual Estatuto de los Trabajadores, ponga 35, una reforma que debería aprobarse a lo largo de esta Legislatura”, ha explicado. No obstante, el líder sindical ha aclarado que la propuesta, conjunta con CCOO, es un punto de partida de negociación, por lo que finalmente se puede llegar a diversas soluciones. Aunque, lo que sí está claro para los dos sindicatos es que el objetivo para los próximos cuatro años es negociar con el futuro Gobierno una rebaja de la jornada laboral. “Llevamos 40 años con la misma jornada, a pesar de los cambios que se han producido en estas décadas, desde que Joaquín Almunia aprobase en 1984 una bajada de 44 a 40 horas”.
Jornada efectiva de 32 horas
Para la UGT, la reducción legal de las horas de trabajo podría suponer un acercamiento hacia una jornada real de 32 horas semanales, pues la negociación colectiva tiende a reducir las jornadas efectivas en los distintos sectores. Respecto a si los salarios deben mantenerse como están a pesar de una reducción legal de la jornada, Álvarez ha afirmado de forma tajante y ha recordado que en la reforma de 1984 se bajó la jornada y se mantuvieron los salarios. Además, considera que la productividad ha crecido con las innovaciones tecnológicas durante estos años. “Ahora, para fabricar un coche hacen falta 30 trabajadores menos que hace 40 años”, ha comentado.
SMI a 1.200 euros
Respecto al salario mínimo interprofesional, el secretario general ha dicho que los datos sobre el salario medio aportado por el Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo, “como han reconocido los expertos” que no han podido determinar un salario medio real en España-a partir del cual se calcula el salario mínimo-, pues en los dos informes que han elaborado han dado una horquilla muy amplia. Desde UGT abogan porque se use la estadística de la Agencia Tributaria que aporta el salario medio muy actualizado, lo que permitiría facilitar el cálculo del salario mínimo, equivalente al 60% del salario medio de España.
Y, una vez determinada la fuente estadística que permita fijar el SMI, los sindicatos pretenden que las subidas se automaticen, aplicando a ese salario medio el 60%, y no como hasta ahora que el SMI lo fija el Gobierno, según su criterio, con la única obligación de comunicar, que no negociar, con los agentes sociales.
Indemnización por despido
Junto a ello, el máximo dirigente de UGT considera necesario abordar en los próximos cuatro años el precio del despido improcedente, pues en su opinión despedir en España es "barato" y ha recordado, que si no modifica el futuro Gobierno, la manera en que se debe establecer la indemnización por este tipo de despido, “lo hará la Unión Europea”. Álvarez se refiere a una futura sentencia de la demanda presentada en marzo del año pasado por el sindicato ante el Tribunal de Derechos Sociales que espera se haga pública a finales de año. Para Álvarez, el precio actual del despido improcedente es "más simbólico que reparador" para la persona que es despedida.
El sindicato defiende que en el coste del despido improcedente deben introducirse otros elementos a tomar en cuenta a la hora de fijar la indemnización, como la situación personal del trabajador, su nivel de antigüedad o su formación y, no solo, los 33 días por año trabajado como hasta ahora. Álvarez también ha afirmado que, en contra de lo que defiende la patronal como un "disco rayado", subir el precio del despido no afectará negativamente al empleo.
Servicios de empleo
Álvarez también ha puesto entre los deberes del futuro Gobierno, mejoras en los servicios públicos de empleo (especialmente los autonómicos) para que los 2,7 millones de parados españoles tengan oportunidades para volver al mercado de trabajo. "Los servicios públicos de empleo, en algunos casos, no funcionan (...) Necesitamos que las personas desempleadas no sean un número, sino que sean hombres, mujeres, con cara y ojos, que se les atienda, que se les haga currículum, que se les pueda formar y que se haga un camino de inserción", ha subrayado.
Para el líder de UGT, las ratios que en estos momentos tienen adjudicados los orientadores de los servicios públicos de empleo (2.200 desempleados por orientador) son "absolutamente incompatibles" con esa atención personalizada. En su opinión, las empresas, que se quejan de que hay vacantes sin cubrir, "tienen que acostumbrarse a que el camino para contratar a los trabajadores son los servicios públicos de empleo". En este punto, Álvarez cree que la Ley de Empleo que aprobó el Gobierno "no aborda el problema estructural del desempleo", por lo esto es algo que hay que hablar, también con el compromiso de las comunidades autónomas, "que tienen unas competencias transferidas, que a menudo se convierten en incompetencias".