Está dicho, pero sin decir. Los secretarios sindicales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, se han manifestado este jueves ante la sede de la CEOE de Madrid con un mensaje para la patronal, pero también para el gobierno español: tras nueve meses negociando la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, “los empresarios se han limitado a boicotear el diálogo y no han avanzado en la piedra angular del diálogo”, en referencia a si aceptan que la jornada se reduzca por ley y se incorpore al Estatuto de los Trabajadores. Pero la CEOE ha reiterado tanto en la mesa como ante los micrófonos que no negociarán la reducción legal. Para ellos, la reducción de la jornada debe abordarse sector a sector y empresa a empresa a través de la negociación colectiva.
Los sindicatos entienden que las posiciones están claras: para ellos, lo esencial es la reducción legal del tiempo de trabajo, la CEOE se opone radicalmente y lo dejan a la negociación colectiva y el Ministerio de Trabajo quiere agotar cualquier resquicio de un acuerdo a tres bandas, pero a su vez, impone el resultado a los empresarios, pues la reducción a 37,5 horas por ley es irrenunciable. Con estos mimbres, para CC.OO. y UGT no tiene mucho sentido tener una mesa abierta que no va a ninguna parte. Por este motivo, la próxima reunión, el 11 de octubre, será determinante, pues si para ese día la patronal no aclara si acepta entrar en la reducción legal, el resto de las reformas (mejora del registro horario, de la desconexión digital fuera de las horas de trabajo y plan de ayudas para la contratación de las pymes) no tienen sentido. Sordo lo dijo sin decirlo: “A la negociación la queda un telediario, como mucho dos”, en referencia a la próxima reunión.
Un mensaje que, en realidad, no va dirigido a los empresarios, pues su postura está clara, sino para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “El Gobierno debe actuar”, dicen los líderes sindicales, si la CEOE sigue sin dar un paso al frente. O, lo que es lo mismo, les invitan a acordar un texto con los sindicatos dejando fuera a los empresarios. “Deseamos un acuerdo tripartito, pues la reducción de la jornada en la ley hay luego que trasladarla a cada convenio colectivo, y es mejor contar con la CEOE”, ha dicho el dirigente de CC.OO. Pero todo tiene un límite, en este caso temporal. Un mensaje que hacen extensible a todo el espectro político, con excepción de Vox. “Los partidos tienen que posicionarse sobre una cuestión que está demandando la sociedad española, sin importar a qué partido voten”, ha dicho Álvarez.
Ruptura
Pero, a pesar de que las posiciones están claras, falta el paso más difícil de dar: quien pone el cascabel al gato y rompe la negociación. Es un clásico en el diálogo social, pues ninguna organización quiere ser acusada de romper la negociación. La patronal, al más puro estilo Antonio Garamendi, no se levantará de la mesa, aunque no vea posibilidades de acuerdo. Desde la CEOE se pueden negociar otras cosas, más allá de la reducción legal de la jornada; como por ejemplo, el control horario, un empujón a la negociación colectiva o medidas para hacer más real la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo.
Los sindicatos tampoco quieren colgarse el sambenito de haber roto una negociación, pero tras nueve meses, consideran que los tanteos ya se han agotado. Por ese motivo, buscan echar la pelota en el tejado del equipo de Yolanda Díaz, encabezado por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Ellos tendrán que decidir si ponen fin al periodo de debates y trasladan a los negociadores un texto definitivo para que unos y otros se posicionen y digan si están dispuestos a firmar los grandes contenidos.
Una presión que formalmente se hace contra los empresarios, pero cuya diana, será el gobierno español. Álvarez y Sordo lo han dicho en varias ocasiones: las movilizaciones de este jueves ante las sedes de las patronales en muchas ciudades de España -incluida Barcelona ante Foment- son solo el inicio de otras muchas acciones, para que el gobierno de coalición cumpla con su compromiso y apruebe la reducción legal del tiempo de trabajo a 37,5 horas.