La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves en un coloquio con el Cercle d'Economia de Barcelona que el ejecutivo estudia cómo "condicionar" que "las universidades privadas que se abran vayan acompañadas de residencias universitarias" al instalarse en los municipios y, a la vez, facilitar que "las universidades públicas puedan tener más plazas en residencias a precios asequibles".
"Si podemos garantizar el alojamiento temporal en residencias universitarias estaremos dejando ese alquiler a trabajadores y personas que lo necesitan", ha dicho la ministra, que ha explicado que "en ciudades donde se abren varias universidades privadas a la vez, eso genera una tensión del alquiler". Por ello, ha comentado la posibilidad de "condicionar" la creación de nuevas universidades privadas a residencias.
La ministra lo ha explicado al comentar la regulación del alquiler temporal que también estudia el ejecutivo, que contará con una "plataforma" que permitirá el mapeo de alquileres temporales y combatir el fraude. "Basta con entrar en el mercado de alquiler para comprobar que el contrato temporal sirve para esquivar otras soluciones legales", ha dicho Rodríguez, quien ha avanzado que la regulación "equiparará alquiler temporal y turístico" con el fin de que no interfiera en las necesidades de vivienda de la población.
La ministra ha insistido en que entre los grandes objetivos del ministerio están alcanzar un 8% de vivienda pública en España, cinco veces más que el 1,5% actual, y que los ciudadanos no gasten más del 30% en vivienda.
Para ello, el Gobierno español ya ha financiado la construcción de 25.000 viviendas de alquiler social antes de 2026.
En el coloquio, la ministra ha tenido como interlocutores a socios del Cercle. Entre ellos, el abogado socio de Cuatrecasas, Miguel Trias, que le ha preguntado directamente si no hay manera de "rectificar" la ley que prohíbe los desahucios, ya que le quita "seguridad jurídica" a los propietarios. Trias ha llegado incluso a comparar la ley con la del "solo sí es sí", que fue modificada, aunque para él "esta es más importante socioeconómicamente".
La ministra ha sido contundente en su respuesta. "Nos hemos reunido con voces del sector y hemos visto que la morosidad no es un problema en el alquiler", ha dicho, con tal de quitar hierro a los riesgos amplificados por las voces de la patronal.
En cuanto a la caída de la oferta de alquiler que la patronal y diversos estudios vinculan a la nueva Ley de Vivienda y, en el caso de Barcelona, al nuevo índice de referencia para topar los precios, la ministra ha asegurado que responden a tendencias previas a la creación de la nueva ley.
La ministra ha insistido en defender el nuevo índice y ha resaltado que se trata de un "índice de mercado" y que sirve también para tener "información" sobre los precios en las diferentes zonas de España.
Ha defendido, además, que el índice de referencia es una medida "temporal" ante una "emergencia" y que su objetivo es justamente "que las zonas tensionadas dejen de serlo". Y ha criticado "la fatal de compromiso de las Comunidades Autónomas" para acogerse a este instrumento.