La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado dispuesta a debatir la propuesta del PP para una jornada laboral flexible y ha felicitado a la oposición por entrar en la política útil "por primera vez en democracia". "Si el PP se sienta conmigo y hace planteamientos en la dirección correcta, yo priorizo un acuerdo por el bien del país (...) ¿Es insensato todo lo que dice el PP? No", ha dicho en declaraciones a Telecinco, donde ha insistido en que el diálogo es su forma de hacer política. En su opinión, el PP se ha dado cuenta de que la legislatura va a ser larga y por eso ha decidido entrar en un debate que preocupa a todos los ciudadanos "voten a quien voten".
El Ministerio de Trabajo sigue negociando con los agentes sociales una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, mientras que el PP ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que promueve la flexibilidad horaria para que progenitores y cuidadores puedan condensar la jornada semanal en menos días, aunque sin reducir de 40 las horas trabajadas cada semana.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha reactivado la tramitación del proyecto de ley del Estatuto del Becario, que pretende dotar de derechos al colectivo y que quedó paralizado en la anterior legislatura con el adelanto electoral. Díaz firmó en junio de 2023 con los sindicatos UGT y CCOO el acuerdo para el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, el conocido como estatuto del becario. El acuerdo, del que se descolgó la patronal CEOE al considerar que no era adecuado sacar adelante una normativa con las Cortes disueltas, quedó pendiente de aprobarse por la diputación permanente del Congreso tras el adelanto electoral, algo que nunca ocurrió.
La norma, cuya consulta pública previa se ha abierto ahora, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan. Los sectores implicados, como rectores, empresas o asociaciones de alumnos, han criticado la parálisis de esta normativa y la falta de diálogo desde el Gobierno. Ahora, podrán hacer aportaciones desde este miércoles y hasta el próximo 16 de octubre. Los sindicatos venían reclamando desde hace tiempo la aprobación de esta norma.
Texto a consulta
Según el texto sometido a consulta, esta norma busca proteger al becario, pero también evitar la eventual utilización de las prácticas formativas no laborales para encubrir fraudulentamente contratación laboral. Un comportamiento que, además, supone "un fraude no solo para los derechos de las personas trabajadoras, sino también para los propios recursos del sistema de Seguridad Social", apunta el texto. En la actualidad, existe "un amplio campo de las denominadas prácticas formativas no laborales, que no cuenta con un régimen jurídico cierto ni adecuado".