La Agència Catalana del Consum (ACC) ha recaudado 10,5 millones de euros en sanciones a empresas en 2023, un 62% más que el año pasado. El crecimiento ha sido impulsado en buena parte por la duplicación de multas a grandes tenedores y propietarios por no ofrecer un alquiler social cuando están obligados por ley. Las sanciones por vulneración de los derechos lingüísticos son el segundo capítulo que más ha crecido. En un año, se han multiplicado por cuatro y ya alcanzan los 500.000 euros. La cifra se ha disparado desde 2021, cuando se recaudaron 17.350 euros por incumplir la normativa lingüística, 28 veces menos que el año pasado. Las denuncias que ha recibido el ACC en este ámbito se han multiplicado por nueve entre 2021 y 2023.

A lo largo del 2023, los inspectores han notado un incremento de obstáculos a su tarea que se han traducido en 1,4 millones de euros en multas por obstruir la inspección, un dato que la entidad ve como "muy alto" y "preocupante".

El ejercicio ha estado marcado por ser el primero con el programa de colaboración con la Agència Catalana de l'Habitatge "a pleno rendimiento". Las multas por no ofrecer un alquiler social cuando el propietario está obligado han sido de 3,3 millones de euros (+95%). Estas sanciones han impulsado el total, que ha pasado de los 6,4 millones del año pasado a los 10,5 millones de este año.

Durante el 2023, ha continuado la actividad inspectora habitual del organismo con 6,2 millones recaudados a raíz de multas en empresas que ofrecen servicios básicos como suministro de luz y gas, entidades financieras, compañías de transportes o de telecomunicaciones. Las infracciones más frecuentes han sido las de deficiencias en la información que recibe el consumidor o por cláusulas abusivas.

La empresa que ha concentrado más reclamaciones ha vuelto a ser Endesa (1.412), seguido de otra energética, Naturgy (1.059). En tercer lugar, se sitúa la compañía aérea Vueling (774) y, en cuarto lugar, la operadora Orange (771). A continuación, está la teleco Vodafone (771).

Las 10 empresas con más reclamaciones, entre las que también se encuentran CaixaBank, Telefónica, Ryanair, Energía XXI o Edistribución, han tenido un inspector designado para reducir el total de quejas. En total, se han llevado a cabo 152 acciones de control focalizadas en estas empresas.

El organismo catalán ha registrado 7.274 denuncias, un 61% más que el año anterior. Se ha duplicado la cantidad de denuncias interpuestas por parte de administraciones (119%) por el incumplimiento de la obligación de ofrecer alquiler social. Las denuncias registradas por la ciudadanía también han crecido, un 36%, principalmente por las vulneraciones de derechos lingüísticos.

Por otra parte, durante el 2023 el organismo retiró 338.233 artículos inseguros porque incumplían la normativa, un 2,32% más que el año anterior. La mayoría fueron ropa y calzado, con 298.002 unidades. También se retiraron 21.129 juguetes y 16.570 productos químicos.