Más de treinta municipios catalanes, donde residen unas 26.000 personas, no tienen ningún tipo de acceso a los servicios bancarios. Ni a los cajeros, ni a las oficinas físicas, ni a las oficinas móviles que se mueven entre los pueblos, ni siquiera a las de Correos, donde ya se prestan servicios financieros como la retirada o el ingreso de efectivo, o el envío de dinero a los hogares. 

La peor parte se la lleva Girona, que cuenta con 17 municipios donde aún no tienen ninguno de estos servicios. En concreto, Sant Joan de Mollet, Ger, Riudaura, Llanars, Guils de Cerdanya, Pau, el Far d'Empordà, Sant Martí de Llémena, Camós, Canet d'Adri, Borrassà, Fortià, la Vall de Bianya, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Fontcoberta y Forallac. Aquí hay afectadas 13.995 personas. En los últimos meses han salido de la lista tres, Ventalló, Montagut i Oix y Torroella de Fluvià, porque Correos ha abierto una oficina o ha instalado un cajero en ellas, por lo que al menos sus ciudadanos pueden ya realizar algunas operaciones básicas.  

En Cataluña, la segunda provincia con más riesgo de exclusión financiera es Lleida, que cuenta con otras 11 localidades y 8.348 ciudadanos sin acceso a la banca ni cajeros. En concreto, Els Plans de Sió, Castelló de Farfanya, Torrefeta i Florejacs, Sant Martí de Riucorb, Sidamon, La Torre de Cabdella, Fondarella, Les Valls de Valira, Ribera d'Urgellet, Olius y Montferrer i Castellbò. También aquí, han salido de la lista dos, Castellnou de Seana y Torrelameu, por contar con una oficina de Correos.

En Barcelona hay otras cuatro plazas afectadas, Campins, Les Masies de Roda, Castellcir y Santa Maria de Martorelles, donde viven 3.632 personas. Mientras que Oristà, Rajadell, Monistrol de Calders Muntanyola y Puigdàlber dejan de estar en riesgo por el mismo motivo que los anteriores. En 2021 también aparecían siete municipios de Tarragona que no contaban con ningún servicio financiero, pero en 2022 desaparecen por el acuerdo con Correos. Se trata de Nulles, Bot, Querol, Vilanova d'Escornalbou, Marçà, Vilabella y Bonastre.

Los datos, extraídos de un informe elaborado por la Asociación Española de Banca (AEB), la Asociación de Cajas y Bancos (CECA) y La Unión de Cooperativas de Crédito (UNACC), ponen de relieve que en 2021 había un total de 243 municipios de más de 500 habitantes que no disponían de ningún punto de acceso presencial a los servicios bancarios en España y en ellos se concentraban 211.550 habitantes.

Pero la banca, tras la imposición del Gobierno español, se comprometió el pasado 2022 a combatir la exclusión financiera en el ámbito rural, es decir, a no dejar a ninguno de estos municipios sin servicios tan básicos como la retirada de efectivo, así que entre octubre del año pasado y febrero de este año, han conseguido reducir la cifra a 164 municipios.

Pese a la reducción, siguen viéndose afectados todavía 141.992 habitantes, según el informe. El 43% de ellos (61.063 personas) reside en Castilla y León, otro 18% (25.975 ciudadanos) en Cataluña y un 10% (14.549 habitantes) en Navarra. Se trata de las tres comunidades autónomas, por tanto, con más riesgo de exclusión financiera.

En Castilla y León hay en la actualidad 73 municipios sin ningún tipo de servicio bancario y en Cataluña otros 32, unas cifras que superan con creces las de Navarra donde también hay afectadas 12 localidades, y las del País Vasco, con 17 localidades más. Las tres patronales bancarias ponen en valor que en los últimos meses hayan conseguido sacar de la lista a 79 municipios tras diseñar una hoja de ruta para “rescatar” a esa población financieramente excluida, habilitando al menos un punto de acceso a los servicios bancarios en forma de oficinas, cajeros automáticos, agentes financieros o acuerdos con oficinas de Correos.

Pero su objetivo es reducir estas cifras a cero, por lo que se han comprometido a monitorizar cada tres meses el grado de cumplimiento de esa hoja de ruta y realizar informes de seguimiento de la inclusión financiera. Su meta, añaden, es que como tarde el 100% de los municipios esté fuera de riesgo en octubre de 2023. Si no lo consiguieran, la banca se ha comprometido a instalar un cajero de marca blanca, es decir, que sea multiuso y de ninguna entidad en concreto.

Tal y como adelantamos en ON ECONOMIA, el Banco de España está trabajando con las entidades financieras para evaluar la efectividad de medidas alternativas de acceso a servicios bancarios presenciales en el ámbito rural, como las que se han puesto en marcha en Reino Unido, uno de los países pioneros en Europa junto a Suecia y Países Bajos en la lucha contra la exclusión financiera. La banca, también ha decidido establecer un marco de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conseguir cuanto antes que todos los municipios de más de 500 habitantes que no tienen acceso a los servicios financieros, lo consigan este año.