Hasta 60 bancos y cajas rurales se han adherido al plan del gobierno español para ayudar a los jóvenes y familias con menores a su cargo, a acceder a su primera vivienda. En concreto, a la línea de avales ICO que se puso en marcha a finales de mayo para cubrir entre el 20% y el 25% de la hipoteca. La primera gran entidad en sumarse a este programa fue el Santander, seguido de Unicaja, Bankinter e ING, como adelantó On Economía.

Ahora, solo un mes y medio después, prácticamente todo el pool bancario se ha sumado. Desde grandes entidades como CaixaBank, BBVA o Sabadell; pasando por entidades medianas como Abanca e Ibercaja; y hasta unas cincuenta cajas rurales. Entre ellas, Caja Rural de Salamanca, Asturias, Soria, Extremadura, Granada o de Jaén, Barcelona y Madrid.

Mediante este programa, impulsado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el Estado se convierte en avalista de aquellas personas que no tienen los ahorros suficientes para pagar la entrada de una casa, pero sí capacidad económica para ir pagando su hipoteca mes a mes. Entre otros motivos, porque tienen un buen salario, pero asumen un elevado alquiler y no pueden ahorrar.

Cuando se pide una hipoteca, el banco suele ofrecer, como mucho, un 80% de la financiación. Sin embargo, con este programa se pretende que el banco conceda el 100% y que el ICO avale un 20% del total. Aunque llegará al 25% en aquellos casos en los que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior.

Es decir, el hipotecado responde por su 80% y el gobierno central por el resto. El aval estará vigente, eso sí, durante los primeros 10 años del préstamo hipotecario, con independencia de que el plazo de vencimiento acordado con el hipotecado sea superior. Y el tipo de hipoteca (fija, variable o mixta) además del interés, lo acuerdan la entidad y el cliente.

La hipoteca se solicita en el banco, no en el ICO

La hipoteca debe solicitarse en el banco, en cualquiera de los 60 adheridos. Y es la entidad quien recaba la información para después trasladarla al ICO, donde se valida que se cumplen los requisitos y se confirma el aval. Esta línea de avales se dirige a mayores de edad, residentes en España y que no superen los 35 años en la fecha de formalización del préstamo hipotecario. En el caso de familias con menores a cargo, no aplica este límite de edad.

Los ingresos del hipotecado no pueden superar los 37.800 euros brutos al año, que es 4,5 veces el IPREM. Si la vivienda es adquirida por dos personas, los ingresos de los dos no podrán superar (en suma) el límite establecido para cada uno, es decir 75.600 euros. El importe máximo de la vivienda que podrá contar con este aval será de 100.000 euros y no podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, ni quien ya haya solicitado otro aval ICO.

El plazo para formalizar los préstamos hipotecarios con la entidad de crédito acaba en diciembre de 2025, aunque podría ampliarse hasta diciembre de 2027 en función de la demanda. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó esta línea de avales en el verano de 2023, pero no se puso en marcha por la convocatoria de elecciones anticipadas que se celebró en julio.

Al formarse un nuevo gobierno, el Consejo de Ministros debía dar luz verde de nuevo a estos avales y esto ocurrió en febrero. Aunque no fue hasta el pasado mes de mayo cuando el Ministerio de Vivienda y el ICO lanzaron el programa. El presupuesto asciende a 2.500 millones de euros y el gobierno español calcula que podrían llegar a avalar 50.000 hipotecas, aunque dependerá de la acogida que tenga el plan.