El juicio para determinar el futuro de la siderúrgica catalana Celsa ha finalizado este viernes con las dos últimas intervenciones correspondientes a los expertos financieros de Kutxabank y Deloitte. Será el próximo martes cuando las partes comunicarán sus conclusiones para que el juez Álvaro Lobato, del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, dicte sentencia. En la vista de este viernes, los declarantes han expuesto sus dudas sobre la evolución financiera del grupo Celsa en los próximos cinco años, a tenor de la proyección que han realizado del negocio de la siderúrgica.
El experto contratado por la entidad financiera Kutxabank –el único acreedor que se ha opuesto a la reestructuración que el resto han presentado al juez para ejecutar la deuda a cambio de capital de la compañía- ha manifestado que la entidad financiera está segura de que "el quinto año no se podrá proceder al pago de la deuda", porque la siderúrgica no generará los flujos de caja necesarios. “Es seguro que a alguien no se le podrá pagar”, ha manifestado al considerar que la valoración de la compañía, descontada la deuda actual, no supera los 1.600 millones, por debajo de la deuda contraída por los Rubiralta, de 2.800 millones.
Por su parte, Jesús F. Valero, socio de Transaction Advisory Services y socio responsable de valoración de Deloitte en España, en un repaso al informe de valoración presentado por la consultora, ha advertido que el sector del acero pasará “por un ajuste serio” en los dos próximos años, por un contexto de crecimientos contenidos después de la fuerte demanda y precios de los años 2021 y 2022. “No hay ninguna evidencia que nos determine que Celsa va a gozar de una nueva ventaja competitiva que nos permita sostener el crecimiento por encima de sus competidores, porque se sustenta en el precio y el volumen de toneladas vendidas”, ha expuesto Valero.
El experto ha desarmado los argumentos de los técnicos aportados por la familia Rubiralta, con análisis de Lazard, PwC y BDO, en los que se atribuye a la compañía una cierta ventaja competitiva respecto de los players que operan en el sector del acero en Europa, por su mix de productos -algunos de alto valor añadido- y por sus sistemas de fabricación bajos en emisiones. Valero ha cuestionado que el llamado ‘acero verde’ sea una particularidad de Celsa lo suficientemente destacada como para desbancar a sus competidores. Valero ha insistido en que en Europa hay una sobre capacidad de producción de acero y que, si bien atendiendo al cumplimiento de la Agenda 2030 de la UE, la industria tendrá que adaptarse a nuevas normativas sobre el acero verde, también es verdad que “Europa tiene un cierto proteccionismo en este sector” y a la que China empiece a fabricar acero verde y Europa tenga que abrir fronteras, se producirá un importante desajuste entre oferta y demanda.
También ha opinado que el plan de inversiones que prevé acometer la siderúrgica catalana -una compañía intensiva en capital- no la hace singular. “La competencia también se está moviendo en niveles más o menos constantes de inversión, con niveles de capex -inversión en inmovilizado- superiores al 7% sobre las ventas, cuando Celsa tiene un capex del 4%”, ha asegurado.
Preocupación en la plantilla
Por su parte, los sindicatos UGT y CC. OO. han hecho pública su preocupación a la situación que puede generarse en los próximos meses. A su entender, pese a que los fondos acreedores han asegurado que mantendrán el plan industrial del grupo si alcanzan su control, los 10.000 trabajadores no tienen asegurados sus puestos de trabajo. Los fondos acreedores “explican que no prevén cierres de plantas ni deslocalizaciones, pero, en cambio, no explican ni han explicado en ningún momento cómo van a hacerlo ni cuál va a ser el plan industrial de la compañía si toman el control accionarial de la compañía”, aseguran los sindicatos en un comunicado. Dicen sentirse “ninguneados” por los fondos acreedores que han solicitado por vía judicial homologar un plan de reestructuración de forma unilateral. “No nos han explicado absolutamente nada sobre cómo piensan garantizar los cerca de 10.000 puestos de trabajo del grupo, ni han respondido a ninguna de nuestras preguntas escudándose en que no podían hacerlo”, añaden.
Los sindicatos, a la vez que el Govern catalán, insisten en el papel estratégico de Celsa y en que la ejecución de la ayuda pública de la Sepi, de 550 millones de euros, acompañada del plan industrial del grupo garantizarían la viabilidad de la compañía.