La tercera sesión del juicio que determinará la viabilidad del grupo siderúrgico Celsa ha recogido este miércoles las impresiones de los expertos financieros que, en nombre de los acreedores, consideran que la compañía de la familia Rubiralta no está bien gestionada, tiene una situación financiera complicada y se afronta a una atenuada progresión del mercado del acero en Europa, en los próximos dos años. A preguntas de los abogados de todas las partes, Manuel Martínez-Fidalgo y Carlos Asensio, de las consultoras Houlihan Lokey y Grant Thorntorn, respectivamente, han explicado que los informes muestran que Celsa no se puede valorar en los 6.200 millones que determinan los actuales accionistas por dos motivos básicos: la deuda latente y las proyecciones económicas que se pueden hacer para los próximos años, si se tienen en cuenta las previsiones del negocio del acero, en Europa. Ambos han insistido en el hecho de que la compañía no vale más de 2.400 o 2.800 millones y han contrapuesto sus cifras con las cuales el martes presentó la consultora Lazard, por parte de los Rubiralta.
Hay que recordar las divergencias entre el banco de inversiones Lazard que, en un informe encargado por Celsa, valora el grupo en 6.200 millones de euros, y que la firma Lexaudit, el experto independiente nombrado a su día por el juez mercantil, a instancias de los fondos, para analizar el plan de reestructuración, lo deja entre 2.400 millones y 2.775 millones de euros, realizada en colaboración con Grant Thornton.
Manuel Martínez-Fidalgo, socio de Houlihan Lokey, insistió mucho en cómo el proceso de negociación abierto durante los últimos doce meses entre los acreedores y los accionistas ha estropeado la confianza de los primeros respecto de la familia Rubiralta. De aquí también que los acreedores defiendan que hay que nombrar un consejo independiente para gestionar el grupo. Ha versado ideas como la presión que Celsa ejercía en las negociaciones advirtiendo permanentemente que si no se llegaba a un acuerdo que "beneficias a los accionistas" con un finiquito de la deuda considerable, se presentaría suspensión de pagos y "tendrían menos a cobrar". Ha apuntado que, con estas propuestas, Celsa llegó a traspasar las líneas rojas del proceso de negociación. Según él, la gestión empresarial ha estado equivocada, con un plan de expansión apoyado en el deber y con muchos problemas para devolverlo, "se ha refinanciado muchísimas veces" porque "no sabe podido cumplir con los pagos".
"En el 2017 los bancos ya estaban hartos", pero la compañía habló con las entidades financieras y finalmente decidieron darle "una oportunidad más" y accedieron a una nueva reestructuración, de manera que el préstamo sindicado que existía se partió en dos instrumentos: deuda jumbo -un préstamo hipotecario- y deuda convertible (en acciones), ha explicado. Martínez-Fidalgo ha opinado que ya se pactó esta fórmula porque los bancos "venían escarmentados, tenían claro que habría una nueva reestructuración en tres o cuatro años" y querían garantizarse algún tipo de mecanismo para poder convertir la deuda en acciones.
En representación de Grant Thorntorn, Carlos Asensio, se ha centrado más en exponer los escenarios que prevén para la siderúrgica en un contexto de cierto paro en el sector del acero, después de dos años en que se han registrado récord del negocio en prácticamente todas las compañías. Por lo tanto, "las previsiones que hizo Celsa en diciembre de 2021, ya no se las creía a nadie", ha mencionado.
Grant Thorntorn ha analizado la compañía en un escenario conservador y en uno optimista, teniendo en cuenta los flujos de caja. Asensio ha advertido que la mejora del negocio no viene tan dada por el precio del producto, sino por el volumen de demanda que, según los informes en que ha tenido acceso la consultora, ya se ha visto desde el inicio de año que son inferiores a 2022 y que para el 2024 todavía se atenuarán más. También ha manifestado que no ven una salida que Celsa incremente su capacidad de producción.
Este miércoles también ha sido el turno de la defensa con los informes periciales que el banco de inversiones Lazard encargó a PwC y en los cuales se defiende que el plan de reestructuración para los próximos cinco años que han elaborado a los acreedores vertería a Celsa a una situación prácticamente de insolvencia. Sergio Aranda y Manuela Serrano, de PwC, con las proyecciones del Informe de HL, Celsa no generaría liquidez para afrontar los costes de la nueva deuda planteada en la reestructuración de los fondos. Atienden al hecho de que los intereses impagados se capitalizarían al doble de interés y al final del periodo de 5 años la deuda inicial de 1.082 millones de euros sería de 1.400 millones de euros. “El informe de viabilidad de HL solamente se refiere a tres años, algo que no se entiende cuando el plan de reestructuración contempla cinco. Por tanto, no cumple lo que dice la ley y que es que se debe demostrar la viabilidad a corto y medio plazo. Por lógica, si el plan es a cinco años se debe analizar toda la foto”, determinaron en sus intervenciones.
En el informe también, a su entender, se detecta la ausencia de análisis de riesgos y se ha realizado basándose en "fuentes externas, no atiende a aspectos de la realidad de la compañía, no la analiza, solamente grosso modo y lo más relevante, obvia cualquier análisis a las filiales del grupo que actualmente representan el 45% del ebitda del grupo”.