Los fondos acreedores del grupo Celsa han iniciado formalmente el proceso para la obtención de la autorización del Gobierno español para tomar el control de la compañía, mediante la asunción de diversos compromisos, entre los cuales destaca la incorporación de un socio industrial español, que ostentaría una participación cercana al 20% del capital. Esta es una de las principales condiciones que el ejecutivo español ha fijado a los fondos que obtuvieron el control de la siderúrgica catalana tras la sentencia judicial que despojó a la familia Rubiralta de la propiedad del grupo.
Los acreedores han manifestado también al Gobierno español su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, con el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España -ahora fijada en la sede de la matriz del grupo en Castellbisbal (Barcelona)- y la protección del empleo y las capacidades productivas en el marco del carácter estratégico de Celsa. Para ello, como determinó el juez del caso, los fondos deberán designar un nuevo consejo de administración independiente, para la presidencia del cual ya han elegido la figura del ejecutivo Rafael Villaseca, antiguo consejero delegado de Gas Natural Fenosa (actual Naturgy).
La búsqueda de un socio industrial, al que venderían un 20% del capital, según informó Bloomberg, sería un requisito indispensable para conseguir la autorización del Consejo de Ministros, dado que las entidades que pasarán a controlar de forma mayoritaria el capital de Celsa son extranjeros. Esta petición representaría un blindaje para la continuidad de la actividad productiva y, especialmente, para el mantenimiento de los puestos de trabajo, según reafirman también los sindicatos mayoritarios en el grupo, que tiene en España unos 2.400 empleados, y unos 10.000, en Europa. De hecho, los sindicatos ya han solicitado un puesto en el consejo de administración del grupo para velar por el cumplimiento de los compromisos que adquieran los fondos.
Los acreedores también se han mostrado dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados por el Gobierno, para lo que están fomentando canales de comunicación transparentes, tanto con los distintos niveles de la Administración como con los representantes de los trabajadores, según han expresado en una comunicación difundida este jueves.