La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como banco malo, ha puesto a la venta su sede central ubicada en el barrio madrileño de Mirasierra. Se trata de una operación que busca continuar reduciendo su deuda, que actualmente supera los 30.000 millones de euros. La inmobiliaria encargada de gestionar la operación, que podría ascender hasta los 30 millones de euros, es Anticipa-Aliseda (Blackstone).
La operación se realizará desde un modelo de sale & lease, donde Sareb podrá seguir siendo el inquilino del edificio a pesar de no ser de su propiedad. La venta que llevará a cabo a través de Anticipa-Aliseda se produce en un contexto donde el mercado de oficinas atraviesa un momento de desaceleración, entre otras cosas, por el auge del teletrabajo. Asimismo, la venta se enmarca en el proceso de liquidación en el que está inmersa Sareb.
La fecha límite es en 2027, aunque el gobierno de España puede extender el plazo. En cualquier caso, el banco malo tiene que devolver los 30.481 millones en deuda avalada por el Estado, principal fuente de financiación de la sociedad. Una deuda que se cuenta como déficit público.
Sareb seguirá siendo el inquilino del inmueble hasta su liquidación o hasta que se disuelva la sociedad. Actualmente, en el inmueble trabajan más de 300 empleados y una de las plantas del edificio está alquilada a Banca March. Si bien está situado fuera de la almendra central de la M-30 de Madrid, es un inmueble de buenas calidades que fue rehabilitado previamente a la pandemia de la covid-19.
El edificio cuenta con una superficie total de 6.000 metros cuadrados de oficinas distribuidas en cuatro plantas. También tiene 145 plazas de aparcamiento y dispone de la certificación Breeam de sostenibilidad, además de las zonas comunes de las que disfrutan los inquilinos (auditorio, salas de reuniones y cafetería) situadas en la planta baja.
Con este nuevo traspaso, Sareb continúa soltando lastre para cumplir con su mandato. El objetivo es liquidar todos los activos tóxicos que le fueron traspasados por las entidades financieras desde su creación en 2012. El plazo máximo es de quince años, por lo que vence en 2027.