La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Naturgy Generación por alterar los precios de la electricidad durante la pandemia. En un auto del 11 de junio, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, admite a trámite la querella por ver indicios de un presunto delito contra los consumidores, tal y como sostiene la Fiscalía.
Entre otras diligencias, insta a la empresa a aportar el organigrama del órgano de administración de la sociedad desde marzo de 2019 hasta el día de la fecha, indicando la identidad de las personas físicas que lo integran en el referido periodo. Según avanza EFE, la Fiscalía relata un delito contra el mercado y los consumidores de energía eléctrica por incrementar de forma abusiva los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. En su escrito, la Fiscalía destacaba que la subida de precios coincidió con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del covid-19, y con ello Naturgy habría obtenido un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros.
Sobrecostes a los consumidores
Según la Fiscalía, Naturgy abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos y, "de modo consciente y deliberado" adoptó una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia. En este sentido, todo generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en último término, para los consumidores de energía eléctrica, que es un servicio económico de interés general, apunta.
Las diligencias se iniciaron a instancias de la asociación de consumidores Facua, además de contar con documentos e informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En julio del año pasado, la CNMC declaró a Naturgy responsable de una infracción grave por la realización de ofertas a precios excesivos al mercado de restricciones técnicas para la manipulación del precio de los servicios de ajuste en la citada central. Fruto de ello se impuso a la compañía una multa de 6 millones de euros y se le requirió para que aportara al Operador del Sistema 35,5 millones de euros.
La actuación de Naturgy tuvo un impacto directo en el coste de los mercados de servicios de ajuste del sistema, añade la Fiscalía, que le otorgó un beneficio bruto de 43,2 millones de euros (35,5 tras el impacto del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica).
Al integrarse los costes de los mercados de servicios de ajuste en el cálculo del precio final medio de la energía, se proyectó de forma general sobre las liquidaciones de los servicios de ajuste de todo el sistema eléctrico peninsular, generando "un sobrecoste para las entidades comercializadoras durante el periodo concernido". Dichos sobrecostes fueron repercutidos a los consumidores, en función de las condiciones del contrato suscritos, todo ello "durante la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del Covid-19 y de las medidas adoptadas para decretar el estado de alarma", añade el escrito.