El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha requerido a la firma de análisis Gotham City Research y a su matriz General Industrial Partners (GIP), acusadas de emitir información sesgada y engañosa sobre la farmacéutica Grifols, que designen abogado con el fin de tomarles declaración como personas jurídicas investigadas.
En un auto fechado este miércoles al que ha tenido acceso Efe, el magistrado explica que ha tomado esta decisión después de que la Policía le haya notificado el domicilio y dirección de correo electrónico de ambas.
Asimismo, Calama pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una copia de la resolución del supervisor bursátil de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) que archivó una investigación contra Gotham por los mismos hechos. El pasado 19 de noviembre, Calama admitió a trámite una denuncia contra Gotham y varios de sus directivos por presuntamente lanzar al mercado información financiera sesgada y engañosa para bajar el precio de las acciones de la farmacéutica española Grifols.
El magistrado admitió una denuncia por un posible delito contra el mercado y los consumidores que la Fiscalía Anticorrupción había presentado contra Gotham y el fondo General Industrial Partners, una denuncia que relata cómo ambas sociedades habrían publicado información falsa para perjudicar la cotización de Grifols y obtener así un beneficio económico. El pasado mes de septiembre, la CNMV abrió sendos expedientes sancionadores a Gotham y a GIP por una posible manipulación del mercado; y a Grifols por defectos en su información financiera.
Cero euros
El juez recoge los mensajes publicados por Gotham entre el 8 y el 9 de enero pasados en la red social Twitter, actualmente X, que aseguraban que las acciones de la farmacéutica valían cero euros. Tras esos mensajes, el 9 de enero las acciones de Grifols alcanzaron antes del cierre de la sesión unas pérdidas de 3.814 millones de euros. En ese mismo documento, añade el juez, Gotham informó de que es una filial de General Industrial Partners LP y que ésta mantenía una posición “corta” en Grifols, superior al 0,5% del capital social, posición que, tras la publicación del informe, se redujo al 0,06%. La operativa "en corto" implica vender acciones de las que no se es propietario y que se han tomado en préstamo, para venderlas ventajosamente, debiendo posteriormente comprar a fin de devolver las acciones prestadas, explica el auto.
La ganancia radica en la diferencia entre el precio de venta de las acciones y el de compra de las acciones (o recompra de lo vendido). Con este método, GIP habría conseguido una plusvalía de 9,4 millones de euros, por lo que el juez considera más que justificado investigar el delito relativo al mercado y los consumidores al tratarse “de una difusión de noticias o rumores sobre una sociedad mercantil, en este caso Grifols, que contendría datos económicos total o parcialmente falsos con una potencialidad para alterar o preservar su cotización".
En su auto, el juez ofrece a Grifols la posibilidad de personarse como perjudicada e insta a la compañía a presentar una copia de la demanda que interpuso por estos hechos ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, así como la ampliación de esta misma, que el magistrado ha conocido por los medios de comunicación. Asimismo, Calama pregunta a Grifols si ha interpuesto denuncia por estos hechos ante la SEC y la FSA, los supervisores bursátiles estadounidense y británico, respectivamente.