El Ayuntamiento de Tarragona pide 25 años de prisión para la cúpula directiva de la empresa química IQOXE y una sanción de 9 millones de euros a la empresa por la explosión del 14 de enero de 2020, donde perdieron la vida tres personas. El consistorio, personado como acusación particular, ha presentado su escrito este viernes al juzgado de instrucción número 1 de Tarragona. Según ha adelantado el Diario de Tarragona, para el máximo responsable de la compañía, José Luis Morlanes, solicitan una pena de 10 años, mientras que para el que fue director de la planta, Juan Manuel Rodríguez Prats, 8 años y 9 meses de prisión y para el exresponsable de seguridad de la compañía, Gerard Adrio, 6 años y 9 meses. Todo ellos están acusados de un delito contra la seguridad industrial, de homicidio imprudente grave y estragos.
Infracciones catalogadas como "muy graves"
A finales de junio, la Generalitat dejó en suspenso la propuesta de sanción de 2,1 millones de euros que había impuesto a la empresa química IQOXE hasta que se dicte sentencia firme en este proceso judicial. En un comunicado, la compañía de la Canonja (Tarragona) señaló que había recibido una comunicación por parte del departamento de Empresa de la Generalitat en que le comunicaba la suspensión el proceso sancionador por 2,1 millones de euros.
Desde el Govern explicaron hace un par de meses que se trataba de una "cuestión legal" que pasa con todos los procedimientos investigados por el Departamento, una vez interviene la justicia. En este sentido, Treball apuntó que no retirará la sanción abierta por las infracciones catalogadas como "muy graves" de la normativa de seguridad industrial, sino que las suspendía porque lo marcaba la ley hasta que haya una sentencia firme. Asimismo, subrayaron que una vez se acabe el proceso judicial continuará el proceso administrativo para el cumplimiento de la sanción.
Suspensión del proceso sancionador
La de junio fue la segunda ocasión en la cual la Generalitat suspendía el proceso sancionador en la empresa química. En ambos casos, con el mismo argumento: "el caso se encuentra en pleno proceso judicial por vía penal y esta tiene prioridad sobre cualquier propuesta de sanción administrativa, dado que la legislación vigente no permite aplicar ningún otro tipo de sanción hasta la finalización del proceso judicial".
Cabe recordar que la jueza que investiga el caso consideró que la causa de la explosión podrían ser las "deficientes condiciones en que se desarrollaba la actividad industrial, que es competencia de los máximos responsables de la empresa", explicó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La magistrada también hizo referencia a las "condiciones de sobreproducción de la compañía, la falta de personal, el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, las deficiencias en las instalaciones y equipos, la falta de medidas de seguridad tanto laboral como industrial, así como las deficiencias en el funcionamiento y la activación" de los planes de Protección Civil.