Sitcpla ha denunciado a España ante la Comisión Europea "por la discriminación" que sufren las azafatas y azafatos de vuelo para acceder a la jubilación con los mismos derechos que el resto de trabajadores de la aviación. El sindicato pone de relieve que los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), que en España son unas 8.000 mujeres (el 75% del total), no se rigen por el Real Decreto de 1986, como los pilotos, y, por tanto, no se benefician de reducciones de 2 años para acceder a la jubilación como ellos.
Asimismo, Sitcpla denuncia en un comunicado recogido por Europa Press y la Agencia EFE que todos los demás profesionales aeronáuticos, como los pilotos, los fotógrafos aéreos o los mecánicos de vuelo, sí que pueden acceder a esta reducción de coeficientes. "Desde la ley de navegación aérea, de 1960, los TCP forman parte de la tripulación y les afectan todos los elementos que configuran la penosidad laboral. Lamentablemente, el poder judicial no ha hecho los deberes adecuadamente", indica el sindicato.
En este sentido, carga duramente contra España por "mirar para otro lado", señalando a los cinco presidentes de Gobierno en la historia del país, junto a los más de siete ministros de Trabajo socialistas y cinco populares. Y en concreto, denuncia el ministerio de Igualdad de Irene Montero. "Las diferencias de presión, los continuos cambios de horario y temperaturas, las lesiones músculo-esqueléticas y las estadísticas sobre vulnerabilidad a determinadas enfermedades de los TCP no pueden ser ignoradas ni un minuto más por la Administración del Estado español", denuncian en el comunicado.
En otros países, como por ejemplo en Francia, tras 25 años de ejercicio de la profesión de TCP, se accede a la pensión del 100 % del importe que le corresponda, recuerda la organización sindical. Por ello, Sitcpla ha decidido denunciar en el seno de la Unión Europea (UE) y en forma de petición, ante el parlamento, "la marginación a los TCP para que se los incluya de manera inmediata en el RD de 1986, tal y como preveía la propia norma".
En definitiva, para el sindicato, la legislación de la Unión Europea es "clara y categórica" y cualquier atisbo de discriminación directa o indirecta por razones de sexo debe ser expulsada de los ordenamientos jurídicos de sus estados miembros.