El impuesto a la banca ha sido adelante este jueves. Se ha incluido en la reforma fiscal pactada por el PSOE y Sumar de acuerdo con Junts, y el Pleno del Congreso le ha dado luz verde. Así, el gravamen, que era temporal y se aprobó en 2022 con una duración de dos años por la subida de tipos y los beneficios caídos del cielo, se hará permanente en el tiempo pese a que ahora los tipos de interés han empezado a bajar. Algo que las asociaciones bancarias AEB y CECA (que representan a todas las entidades que tendrán que pagarlo) han criticado con dureza antes y después de su aprobación.

En un comunicado emitido este jueves, tras su aprobación, las patronales advierten de la inseguridad jurídica y los "graves" efectos económicos del impuesto. Un impuesto, que aseguran, se ha gestado "en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos".

AEB y CECA explican que la valoración que hacen los expertos sobre el impuesto deberían incluirse en la tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad. Sin embargo, esto no se ha hecho y está generando "incertidumbre general y en los mercados financieros en particular". Por este motivo, en la nota, las asociaciones bancarias reiteran su determinación de emprender acciones legales.

Las asociaciones, que representan a CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Unicaja, rechazan frontalmente la decisión de incorporar un nuevo impuesto al sector bancario por sus graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa.

"No tiene parangón en los países de la UE"

En concreto, señalan que el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas. Aseguran también que este impuesto "no tiene parangón en los países de la UE" por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés.

Además, la banca cree que supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas, y también el señalamiento de un sector cuyo objetivo es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social.

Así es el nuevo impuesto

El gravamen pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto propiamente dicho, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar. Tendrá un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

La recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquél en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), una filosofía que sigue el acuerdo de financiación autonómica que los socialistas pactaron con ERC en Catalunya.

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.