El gobierno español colaba a última hora del miércoles una nueva prórroga del impuesto a la banca. Lo hizo a través de una enmienda al proyecto de ley para crear un impuesto global del 15% a grandes multinacionales. Las empresas energéticas, que también pagaban el tributo hasta ahora, se han quedado fuera esta vez. Mientras que el sector financiero tendrá que soportarlo hasta 2028.

Las entidades no han tardado en reaccionar. Pues precisamente, el jueves, presentaban resultados tres de las más grande del país, CaixaBank, BBVA y Sabadell. El malestar es común, toda la banca piensa que el impuesto es discriminatorio y afecta a la concesión de crédito. Aseguran que todavía no se están viendo los efectos, pero los habrá. Y algunos incluso creen que puede motivar a que se muevan negocios fuera de España.

Sin embargo, el sector cree también que no está todo perdido y aún se puede suavizar el impuesto. Al tratarse de una enmienda se puede mejorar o incluso eliminar. Pero piden diálogo con el Gobierno, un diálogo que aseguran no ha existido hasta ahora.

“Siempre estamos abiertos a hablar con el Gobierno. Explicaríamos por qué este impuesto inhibe al crédito. Muchas veces se toman decisiones y no se cae en que puede cambiar el ciclo económico, ahora es positivo. Pero puede cambiar”, comentaba el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi. Aunque lo hacía el miércoles, antes de que se incluyera en la enmienda.

CaixaBank emplea el tono más duro

CaixaBank fue el primero en reaccionar públicamente y además empleó el tono más duro. Entre otras cosas porque es el banco más grande del país y, por tanto, el que más paga (870 millones en dos años). El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, incluso dijo que el impuesto podría llamarse “la tasa CaixaBank” por este motivo.

Además, le recriminó al Estado (que es su segundo accionista con el 17% del capital) que era “tirarse piedras en su propio tejado”. Y advirtió, también, que los cinco primeros bancos españoles que cotizan en Bolsa tienen negocio en el extranjero y podrían deslocalizar el negocio. Incluso, que en el caso de que una entidad española participe en una operación transfronteriza, podría cambiar la sede social.

Pese a las críticas, el banquero pedía al Gobierno “que se reconsidere” el impuesto. Y recordaba que ahora se abre el debate de las enmiendas y podrían hacerlo. Si no lo hacen y sigue adelante lo acatarán, pero con las mismas estudiarán si está ajustado a derecho y si no es así, lo recurrirán como hicieron con en anterior. En cualquier caso, tratarán de explicar al Gobierno por qué no es bueno, porque asegura que cuando se vean los efectos, “será tarde”.

BBVA espera más diálogo

BBVA cerraba la puerta a trasladar la sede o deslocalizar negocios. “Somos un banco español y siempre lo vamos a ser, estamos comprometidos”, apuntaba el consejero delegado Onur Genc, que en cualquier caso cree que la enmienda “es mala para España y perjudicial”.

Explicaba que la banca es un catalizador del crédito y si impones un gravamen “se va a obstaculizar”. Además, “tiene un diseño anticompetitivo, discriminatorio, y produce una doble tributación sobre los mismos ingresos”.

Pero Genc hacía autocrítica y destacaba que “claramente, los bancos en España deberíamos hacerlo mejor, y tener más diálogo con el Gobierno. Espero que pueda haberlo”.

Sabadell, el más prudente

Sabadell es el banco que más prudente se ha mostrado dada su situación. Está inmerso en la opa lanzada por el BBVA y el Gobierno está de su lado para que no salga adelante. De manera que no hizo grandes críticas en público, como si se han visto en el pasado, cuando se aprobó la primera versión en 2022.

“Nosotros somos muy críticos con el impuesto, pero ya lo hemos dicho muchas veces”, justificaba el consejero delegado, César González-Bueno, que además cree que hay una "mejora marginal" con respecto al impuesto anterior, pero evitaba pronunciarse más porque cree que es "precipitado".

En la enmienda se ha propuesto cambiar la figura del impuesto, pasándolo de una prestación patrimonial de carácter no tributario a un impuesto propiamente dicho, pero manteniendo que se grave el margen de interés y las comisiones netas. La idea del Gobierno es que se alargue tres años más, hasta 2028, y que el tipo pase del 4,8% actual a uno progresivo que iría del 1% al 6% en función de la base liquidable.

Las patronales de banca AEB y CECA han emitido un comunicado conjunto expresando una vez más su rechazo al nuevo impuesto. Aseguran que perjudica la solvencia y competitividad de los bancos españoles y es contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el BCE, “siendo España el único país que ha creado un impuesto de estas características”.