Las grandes empresas que se marcharon de Catalunya a raíz del referéndum del 1 de octubre del 2017 y la posterior declaración de independencia no quieren ni oír hablar de volver. Literalmente. Preguntadas por ON ECONOMIA, todas respondieron lo mismo: no haremos comentarios. A pesar del acuerdo entre Junts y el PSOE para facilitar el retorno de las empresas, el asunto "no está sobre la mesa", admiten desde algunas de estas empresas, que llevan años diciendo que no tienen planes para moverse. La única que se ha pronunciado, pues no pudo esquivar la cuestión, es Colonial.

El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez dice que "se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el retorno a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron la ubicación a otros territorios los últimos años". Entre estas se encuentran CaixaBank, Banc Sabadell, Naturgy, Cellnex, Colonial, Abertis, Freixenet y Cementos Molins, además de la Fundación Bancaria La Caixa y su holding, Criteria.

La patronal Foment del Treball celebró el acuerdo; su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha convertido el retorno de las empresas a Catalunya en uno de sus grandes caballos de batalla. Pero a las compañías afectadas son mucho más prudentes. Fuentes de algunas de las empresas citadas aseguraron a este medio que el acuerdo, que todavía se tiene que concretar, no cambia su posición de los últimos años.

La única que se ha pronunciado públicamente es Colonial, puesto que presentaba los resultados este jueves por la tarde y su presidente. Juan José Brugera, no pudo esquivar la pregunta. Fue diplomático: "Esperaremos a que salga el plan, lo estudiaremos y tomaremos decisiones en consecuencia".

"El partido del Gobierno sigue pidiendo un referéndum. Mientras esto sea así, no volveremos, ni nosotros ni nadie," explica una fuente empresarial

Estas compañías argumentaron su salida de Catalunya por una cuestión de seguridad jurídica, ya que la eventual independencia y la hipotética salida de la Unión Europea las podría dejar en fuera de juego. Desde entonces, siempre han mantenido el mismo discurso, en algunos casos de forma pública y en otros, privada: el cambio no es irreversible, pero no es algo que se pueda discutir cada dos por tres y, de momento, están bien como están.

En privado, varios directivos admiten que la situación en Catalunya dista mucho de la del 2017 y creen que el procés independentista ha pasado a mejor vida, por lo que dudan de que se vuelva a producir una situación como la que las empujó a hacer las maletas. No obstante, la prudencia acostumbra a mandar en las decisiones empresariales y hasta que no vean que políticamente la independencia o la idea de referéndum quede definitivamente aparcada, no volverán a poner el tema sobre la mesa.

"El partido del Gobierno sigue pidiendo un referéndum. Mientras esto sea así, no volveremos, ni nosotros ni nadie", explicaba el directivo de una gran empresa catalana hace unos meses, cuando en plena campaña de las municipales, el ahora alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, puso el asunto de actualidad al defender el retorno de las empresas a la ciudad y a Catalunya.

Las dificultades para retornar la sede a Catalunya

Este sentimiento es compartido a nivel empresarial, a pesar de los esfuerzos de Foment y del PSC, ya que pese a los pactos para investir a Pedro Sánchez, tanto ERC como Junts mantienen el referéndum y la autodeterminación en el horizonte, como mínimo a nivel discursivo. En este contexto, no se la quieren jugar, puesto que el cambio de sede social, aunque se puede hacer sin ninguna modificación legislativa y no es complejo a nivel burocrático para estas grandes corporaciones, sí lo es a nivel social.

Para que una empresa cotizada, como CaixaBank, el Sabadell, Naturgy o Cellnex, decida cambiar de sede, se tiene que proponer en el consejo de administración –presumiblemente, lo tendría que hacer el consejero delegado o el presidente–, este lo tiene que aprobar y después lo tiene que ratificar la junta de accionistas.

Los consejos de estas empresas están llenos de consejeros independientes, muchos extranjeros, a los cuales es muy fácil explicarles que hay que moverse para apuntalar la seguridad jurídica, pero no tanto convencerles de que el peligro ha pasado y pueden volver a Catalunya, más teniendo en cuenta que la reivindicación independentista sigue viva a nivel político y social. Convencer a los accionistas, en algunas empresas muy atomizados, y mayoritariamente fondos internacionales, puede ser todavía más difícil.

Las empresas han cambiado y están bien donde están

El otro factor que dificulta el retorno e incluso que las empresas se lo puedan plantear es que, después de seis años, se sienten cómodas con su situación actual. El cambio de sede no tuvo un coste económico ni reputacional significativo para ellas y hacer las juntas de accionistas y algún consejo de administración en Madrid, Valencia, Alicante o Palma no les supone un gran quebradero de cabeza. Por si eso fuera poco, algunas han cambiado tanto en este tiempo que parece que lo que no tendría sentido sería que volvieran.

Abertis, por ejemplo, ahora ya no cotiza y el 50% de su capital, menos una acción, está en manos de Florentino Pérez a través de ACS y Hochtief. El otro 50% es de la familia italiana Benetton, por lo que el único vínculo que mantiene ya con Catalunya es la sede operativa en Barcelona. CaixaBank se fue a Valencia porque tenía la sede del Banco de Valencia, que compró en la crisis financiera, pero después de la fusión, en 2021, con Bankia, que también tenía sede en la ciudad valenciana, esta parece el lugar ideal para tener la sede.

Algunas fuentes apuntan que estas grandes empresas, especialmente los bancos, que se juegan más, es muy difícil que vuelvan, y si lo hacen, probablemente no sean las primeras, sino que empezarán otras más pequeñas y de forma la más discreta posible. Pero de momento, son especulaciones, ya que, como han dicho varias empresas, de momento, el retorno "no está sobre la mesa".