Nuevo embargo al Estado español por incumplir las sentencias que lo obligan a indemnizar a 26 empresas extranjeras por el recorte de primas a las renovables en la etapa del gobierno de Mariano Rajoy. La justicia belga ha decidido intervenir los pagos de Eurocontrol a la empresa pública Enaire, que gestiona el tráfico aéreo hacia España y que es la accionista mayoritaria de Aena. Aunque Enaire no tenga nada que ver con el conflicto judicial por las renovables, los tribunales belgas han actuado contra Enaire por considerarla una empresa estatal española, de la misma manera que la justicia británica embargó hace unos años unas dependencias de la Generalitat en Londres por el mismo motivo.

La justicia belga ha autorizado el embargo preventivo de los ingresos que obtiene España de la gestión del control de su tráfico aéreo. Estos pagos, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, servirán para pagar la indemnización a una empresa belga que invirtió en renovables en España, según informaciones recogidas por la agencia Agenda Actual. Según la documentación a la que han tenido acceso, la empresa belga Blasket Renewable Investments, una de las 26 afectadas por los impagos, ha conseguido que los tribunales de su país le den la razón en una reclamación por un importe de 32 millones de euros. El año pasado, los pagos de Eurocontrol a la española Enaire ascendieron a 582 millones de euros.

Estas 26 empresas, de diferentes países, han conseguido laudos judiciales que condenan a España a una indemnización conjunta de 1.560 millones de euros porque se consideran afectadas por la retirada de las primas en las renovables.

La negativa del Gobierno a cumplir con los laudes dictados por tribunales como el CIADI, dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han conducido al embargo de varios bienes y activos propiedad de España.

Así, los tribunales británicos ya han autorizado en los últimos años el embargo cautelar de varios activos situados en Londres como la sede del Instituto Cervantes, la oficina de promoción económica de la Generalitat de Catalunya, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, así como cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

En la decisión de la justicia belga que acaba de hacerse pública, la Corte de Apelaciones se ampara en el Código Penal de este país para embargar activos de otro Estado. La empresa denunciante reclama 32 millones de euros a España: 28 millones reconocidos en el laudo y 4 millones más de intereses de demora. Además, también se ha condenado al Estado español a 4,6 millones de euros de costas judiciales. En total, 41 millones, solo en el caso de esta empresa belga, una de las 26 afectadas.

Además de los embargos aprobados por los tribunales británicos y belgas, sobre el Estado español pende la amenaza de la activación de un procedimiento de incumplimiento técnico de deuda (default técnico), según precisa Agenda Actual. Esta agencia apunta que España acumula más laudos pendientes de pago que Venezuela o Rusia.

Esta decisión de la justicia belga llega después de dos pronunciamientos recientes en los que los tribunales de Suiza y Alemania han fallado igualmente contra España en relación con varios aspectos relacionados con los impagos. Por otra parte, la Corte Suprema de Australia ha abierto la puerta a confiscar bienes de España por este mismo motivo. Y en los Estados Unidos también se han abierto una decena de procedimientos judiciales. El caso más relevante, del que en febrero pasado se celebró la primera vista oral, está instado por la empresa NextEra.