En un anuncio a página completa, la edición de este fin de semana del diario Wall Street Journal publica un duro mensaje contra el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, a quien acusa de discriminar a los estadounidenses que trabajan en España, a quienes se les atrajo en su momento bajo la Ley Beckham y ahora se les está cobrando unos impuestos que no les corresponde.

La denuncia, donde se habla hasta de "inquisición fiscal", parte del bufete de abogados Amsterdam & Partners LLP, con oficinas en Londres y Washington DC, y ya había hecho otra publicación recientemente en el diario económico más conocido de Reino Unido. Y es que, el pasado mes de diciembre, el bufete también criticó duramente en Financial Times las políticas fiscales españolas, hasta en dos ocasiones.

Aunque su campaña de desprestigio va más allá, porque también han lanzado una página web llamada Spanish Tax Pickpockets —carteristas españoles—  donde se puede leer en gran tamaño: "Te mudaste a España por una promesa. Después de establecerte, te cambiaron las reglas".

El bufete asegura que los ejecutivos extranjeros se trasladaron a vivir a España con sus familias con la promesa de la Ley Beckham, que aplicaba una tarifa plana a los ingresos en el país. Sin embargo, una vez instalados, las reglas cambiaron y muchos se vieron afectados con auditorías no solicitadas ni explicadas, intentos de confiscación de bienes de propiedad extranjera y requisitos de cumplimiento onerosos, costosos y confusos.

“Atraídos a mudarse a España bajo falsos pretexto"

Así, en el texto de este fin de semana se denuncia que los extranjeros fueron “atraídos a mudarse a España bajo falsos pretextos”, en concreto, bajo el régimen fiscal de la Ley Beckham (introducida en 2005) que permitía a los trabajadores extranjeros tributar solo por los ingresos generados en España. Sin embargo, la Agencia Tributaria española está aplicando “tácticas discriminatorias para extraer indebidamente impuestos adicionales de estas personas, aunque ya han cumplido plenamente con la ley”, aseguran.

Bajo un titular ya de por sí muy crítico: “El tiempo no será lo único que pierdas mudándote a España”, el texto, que es de gran dureza, anima a más afectados a unirse a la denuncia “si están siendo explotados bajo la Ley Beckham”. En el texto publicado en el WSJ, se indica también que España se ha convertido “en un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses que intentan hacer su trabajo, acumular riqueza y fomentar la inversión en la economía española”.

“Todos los ciudadanos estadounidenses, así como las autoridades tributarias internacionales y los reguladores financieros, deberían tomar nota: España está ostensiblemente llevando a cabo una cruzada de auditorías basada en criterios arbitrarios y motivada exclusivamente por la maximización de ingresos”, advierten.

Es aquí donde explican que los extranjeros que se han asentado en España y esperan que les sean aplicadas garantías procesales y un Estado de derecho robusto, en cambio, “se han encontrado con una inquisición fiscal que les ha dejado angustiados y profundamente decepcionados”. El bufete agrega que “las víctimas están sometidas a un proceso draconiano que es una anomalía internacional: a menudo se les niega cualquier explicación del motivo por el que están siendo auditadas y cualquier derecho por impugnar las investigaciones hasta justo antes de concluir”.

"Una inquisición fiscal que les ha dejado angustiados y profundamente decepcionados"

Dada la situación, los abogados denuncian que sus víctimas no pueden defenderse, lo que puede provocar que las personas y familias queden devastadas económicamente, además de sufrir graves daños reputacionales. "Esta es una trampa fiscal del peor tipo", señalan los abogados, que acusan a Hacienda también de maximizar los ingresos gubernamentales a toda costa. Y "sorprendentemente, esto ha resultado en un aumento del éxodo de extranjeros en España. Ni que decir tiene que esto ha erosionado la acogida cálida y solidaria de la reputación de España".

Finalmente, el bufete habla de "la picardía" de la Agencia Tributaria española y asegura que necesita "una reforma urgente" de su mecanismo de aplicación de la ley.