A principios de agosto, la junta de gobierno de la Paeria (ayuntamiento) de Lleida autorizó la inscripción en el Registro de la Propiedad de la reparcelación de los terrenos en los que se levantará el futuro parque comercial conocido por Promenade Lleida. Aunque se trató de un simple trámite administrativo, en realidad significó la reactivación de un proyecto bloqueado por el anterior gobierno municipal. Sus promotores –las compañías Eurofund y Frey– incluso se querellaron contra el entonces alcalde, el republicano Miquel Pueyo, y el concejal de urbanismo, Antoni Postius, de Junts, por presunta prevaricación.
El cambio político en la Paeria de Lleida a raíz del 28M abre un nuevo escenario. Este ayuntamiento aprobó el plan especial del mencionado parque comercial en 2018, incluso se firmó el convenio para ejecutar la urbanización de los accesos cuando era alcalde el socialista Fèlix Larrosa. Sin embargo, sus sucesores, el equipo del alcalde Pueyo y del concejal Postius, frenaron el proyecto en los últimos cuatro años. Ahora, con el socialista Larrosa de nuevo en la alcaldía, Eurofund y Frey han puesto la directa.
Fuentes próximas a Promenade Lleida confirman que en septiembre reactivarán la tramitación con la Generalitat y la Paeria con la intención de iniciar las obras antes de que finalice este año. Confían en poder inaugurar esta nueva área comercial antes de 2026.
Cuando Ion Saralegui y Salvador Arenere (en la fotografía superior), directivos de Eurofund, comparecieron en una rueda de prensa en Lleida en febrero del año pasado informaron de una inversión de entre 110 y 120 millones de euros que servirían para crear 400 puestos de trabajo directos y hasta 1.000 de indirectos. Proyectan un parque comercial de 55.000 metros cuadrados, de los que 20.000 serán zonas verdes.
Los promotores se comprometieron a financiar íntegramente los accesos al parque –la avenida Víctor Torres y calles adyacentes– que en su momento se presupuestaron en cuatro millones de euros. Incluso, han anunciado que cubrirán los posibles sobrecostes.
Otras fuentes empresariales conocedoras del conflicto señalan que Eurofund y Frey se querellaron contra el anterior equipo de gobierno molestos por lo que consideran una “diferencia de trato”. En el anterior mandato judicial, el gobierno de Pueyo y Postius autorizó un centro comercial promovido por Bon Preu, el grupo de Joan Font, que también ha financiado la urbanización de los accesos. En cambio, frenaron la tramitación de Promenade Lleida, pese a que ofrecieron similares compensaciones.
Aunque ahora han conseguido desbloquear la tramitación de Promenade Lleida, los promotores mantienen la querella contra Pueyo y Postius, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número dos de la ciudad. En el texto se lee que, “de modo plenamente consciente y deliberado, impidieron la ejecución del planeamiento urbanístico” que posibilita la construcción del parque comercial.
Promenade Lleida es el único proyecto en el que coinciden Eurofund y Frey. Estas dos compañías promueven por separado o junto a otros grupos otros proyectos en diversas ciudades. En el caso de Lleida, aunque Eurofund es la que lleva la voz cantante, la francesa Frey es la socia mayoritaria.
Frey adquirió el año pasado el centro comercial Finestrelles de Esplugues de Llobregat por 127,5 millones de euros y, posteriormente, también el Parque Mediterráneo de Cartagena (Murcia) por 83 millones. En estos momentos está rehabilitando Parc Vallès, de Terrassa, que adquirieron hace cinco años.
Puerto Mediterráneo
Las fuentes consultadas apuntan que las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo también han abierto una puerta para la reactivación del proyecto Puerto Mediterráneo, en Paterna (Valencia), bloqueado por el anterior gobierno de Ximo Puig (PSPV-PSOE, Compromís y Podem). Aquí, los promotores son Eurofund y la británica Intu.
En 2013, la Generalitat Valenciana, presidida entonces por el popular Alberto Fabra, tramitó este proyecto como Actuación Territorial Estratégica (ATE) por su impacto económico. Su presupuesto se situó en torno a los 800 millones de euros. Sin embargo, con la instauración del Govern del Botànic llegaron los problemas para los promotores. En 2016, la Conselleria de Agricultura, en manos de Compromís, emitió una memoria medioambiental desfavorable.
Los promotores acudieron al juez. El Tribunal Supremo consideró que la memoria medioambiental era insuficiente, por lo que forzó a la Generalitat Valenciana a reconsiderar el proyecto. Por el contrario, en otro proceso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó la compensación solicitada por los promotores, de 300 millones de euros, por considerar que no estaba justificada, según informaciones de Valencia Plaza.
En principio, se espera que el nuevo gobierno valenciano del popular Carlos Mazón será más receptivo por la posición que ha mantenido su partido sobre este proyecto. Además, el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, reelegido por mayoría absoluta, también lo defiende.
El problema es que el socio mayoritario, el británico Intu, entró en concurso de acreedores en 2021 con una deuda de más de 5.000 millones de euros. El administrador concursal ya se ha desprendido de diversos de sus activos en España.
Eurofund participa en diversos centros comerciales –Los Alcores, en Alcalá de Guadaira; Odeón, Ferrol; o Alzamora, Alicante– y es propietario de las superficies de Costco en Torija (Guadalajara) y de Amazon en Figueres (Girona). Esta última, en la que participa junto a Logistic Capital Partners, se puso a la venta en abril pasado por 150 millones de euros.