El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha confirmado este jueves, después de lanzar la opa hostil al Sabadell, que en los últimos días, desde que planteó una fusión al banco catalán, ha mantenido contactos con accionistas de la entidad y estaban interesados en la oferta. Aunque no ha desvelado qué porcentaje de capital estarían dispuestos a venderle.

"Ha habido inversores del Sabadell, alguno relevante, que nos han hecho llegar sus intereses para que se materializara la oferta. Pero obviamente, el momento de que eso se produzca no es ahora, estamos a meses", indicaba el banquero salmantino en rueda de prensa. El BBVA explica que hoy se activa el calendario y se inicia el plazo para obtener las regulaciones de, por ejemplo, el Banco Central Europeo, el Banco de España, o las autoridades de competencia de España y Reino Unido.

Estiman que se alargará durante un periodo de seis meses durante los cuales, se tienen que celebrar también las juntas de accionistas necesarias. Y posteriormente, si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acepta la oferta, "se iniciaría el periodo de canje de acciones que puede durar dos meses más".

En total, el proceso se extenderá entre seis y ocho meses. En este sentido, el número uno del BBVA recordaba también que la opa está condicionada a tener un mínimo de aceptación del 50%. "En caso de ser exitosa la opa", continuaba Torres, vendría sucedida por una fusión posterior y ahí necesitaría el visto bueno del Ministerio de Economía que precisamente este jueves, tras lanzar el BBVA la opa hostil sobre Sabadell, se ha mostrado muy crítico y la ha rechazado.

Preguntado por este asunto, el presidente del BBVA ha querido restarle importancia y aseguraba que el Gobierno español acabará apreciando la operación. "Vaya por delante el respeto a quien lo haya dicho, pero creemos que el Gobierno acabará apreciando la operación, habrá más oportunidad de remunerar al accionista, la entidad pagará más impuestos y el Gobierno entenderá el valor que tiene cuando la expliquemos". 

El BBVA defiende también que la operación "es buena para España y las comunidades autónomas donde están presentes". Y confirmaba que ya han tenido "interacción" con distintas personalidades del Gobierno, además de reguladores y supervisores, "como es normal en este tipo de procesos".