Los expertos contratados por el grupo Celsa han protagonizado este jueves la sesión del proceso mercantil abierto en los juzgados de Barcelona para acreditar la solvencia y valoración de la compañía. En todas las intervenciones, las defensas se han centrado en dos hechos determinantes: los informes de valoración presentados por los acreedores de la compañía para reclamar el pago de la deuda mediante el canje por capital de la empresa han basado sus cálculos en información sesgada. Llegando hasta los detalles más mínimos, los representantes de PwC y BDO han cuestionado no únicamente las cifras financieras y de balance que se han usado, sino también que las proyecciones de negocio se han basado en referencias externas, muchas de ellas basadas en las previsiones del sector del acero a nivel mundial, que no se ha pedido ni consultado el plan industrial que tiene la compañía y que "las estimaciones de crecimiento han tomado como referencia las de otras empresas españolas e internacionales nada comparables". Únicamente realizando un ejercicio para subsanar estos equívocos, las valoraciones de Celsa que los acreedores han presentado al juez y que sitúan su precio de mercado entre 2.400 y 2.700 millones, “pasarían a ser de entre 4.000 y 4.400 millones”, han asegurado los portavoces de BDO, según una prueba pericial que han presentado al juez.
A lo largo de la jornada de este jueves, han prestado declaración el catedrático de Economía Financiera a la Universidad de Zaragoza, José Antonio Laínez, y representantes de las consultoras PwC y BDO que han sido los encargados de defender, a pies juntillas, que la siderúrgica de la familia Rubiralta, tiene un valor de 6.000 millones de euros, como sostiene un informe elaborado por Lazard, o de como mínimo entre 4.000 y 4.400 millones. El catedrático Laínez ha reiterado, por activa y por pasiva, que Celsa no está en una situación de insolvencia. “He analizado la actividad económica de la compañía y la capacidad de generación de recursos a través del circulante, y la generación de ebitda y de tesorería. Lo que concluyo es que la compañía en estos momentos es planamente solvente y tienen capacidad para atender sus compromisos recurrentes como consecuencia de su actividad”, ha manifestado. Laínez ha admitido que era consciente de que el grupo “tiene una financiación estructural desde hace tiempo”, pero ha advertido que “la ha venido atendiendo regularmente hasta que la pandemia se llevó por delante el negocio, de manera dramática”. Planteando la hipótesis, ha añadido el catedrático, de que “se determinara la exigibilidad de esos préstamos, la compañía tiene unos activos generados, un know-how que le otorga validez en el mercado y que da a la empresa la posibilidad de buscar vía alternativas para hacer frente a esos pagos”.
Por su parte, los técnicos de PwC han reconocido que elaboraron su informe sobre el grupo Celsa en marzo de 2023 y que desde 2017 -cuando se realiza la refinanciación de la deuda del grupo por un importe cercano a los 2.700 millones de euros- vienen realizando una revisión trimestral del cumplimiento de los compromisos que adquirió la familia Rubiralta y de cómo evoluciona el negocio. En este sentido, respecto a los dos informes presentados por los acreedores y firmados por Grant Thornton -a petición de los expertos independientes Lexaudit- y por Deloitte, los técnicos de PwC han asegurado que “hay un alto grado de cumplimiento de los compromisos” hasta que llegó el bache de la pandemia, y con la excepción de este ejercicio, entre 2011 y 2022 Celsa ha crecido un 20% de media anual.
En defensa de Celsa, han insistido en que las proyecciones para el corto y medio plazo son sostenibles y que juega en un mercado global con un nivel más alto de competitividad porque ha realizado importantes inversiones en mejora de procesos e innovación de productos, especialmente en aquellos considerados “acero verde”. “Las estimaciones de precios y de volúmenes de ventas del grupo Celsa, para los próximos años, son razonables” han defendido ante el juez. La situación actual de la compañía, han dicho, es un punto de partida muy competitivo respecto del resto de actores que operan en el sector del acero.
El plan de negocio de Celsa es razonable porque se alinea con las previsiones de crecimiento del mercado y la tendencia hacia la demanda de productos que contribuyen a la reducción de emisiones, que requieren especialmente las industrias clientes de la siderurgia, como son el automóvil, la construcción y las energías renovables, según PwC.
En el caso de BDO, los declarantes argumentaron que en los informes de Grant Thornton y Deloitte todos los conceptos que se han analizado, la valoración que se ha hecho y las fuentes externas a qué se ha recurrido “van a minusvalorar el valor de los activos y de las acciones” del grupo Celsa. Tras aclarar que BDO no tenía el encargo de hacer una valoración de la compañía, sino de revisar los informes de los acreedores, los técnicos han detectado que la sistemática utilizada ha tenido como efecto una reducción de la proyección de los flujos de caja futuro, ya que no han tenido en cuenta en ningún momento las previsiones del plan industrial que ha elaborado Celsa.